El pasado lunes se cumplieron ocho años desde la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, y a días de la conmemoración de la Matanza del 2 de Octubre, se recuerda que a la fecha no se ha hecho justicia a dos de los sucesos más dolorosos causados por el Estado como resultado del abuso de poder e impunidad.

En México, desafortunadamente, los abusos de poder siguen siendo comunes, desde la brutalidad policial, la violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional e incluso el Presidente al compartir información personal de un periodista.

El caso Ayotzinapa, el cual sigue en investigación, es un ejemplo de lo profundo y fracturado que se encuentra el sistema judicial en la práctica, a ocho años del acontecimiento, es aún complicado encontrar testigos y testimonios clave para la resolución del caso, esto debido al riesgo que representa hablar sobre lo ocurrido el 23 de septiembre de 2014.

Años de lucha por justicia para los normalistas han traído avances como la desmantelación de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto; sin embargo, la búsqueda de los responsables de aquel acontecimiento sigue siendo complicada ya que se sigue cubriendo a los verdaderos responsables y actores intelectuales.

La relevancia del caso se da también en un contexto donde las estadísticas de desapariciones en el país son extremadamente preocupantes. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se encuentran registrados alrededor de cien mil casos en los últimos 58 años.

Aunado a ello, la ONU expresó que de los casos totales registrados, el 97% corresponde a casos posteriores a 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, destacando también, que del total de los casos sólo a 35 se le ha dado una sentencia a los perpetradores.

De esta forma, se ilustra el problema estructural de impunidad que ocurre en México, el cual impide la impartición de justicia de manera eficaz y oportuna, lo que propicia que este y otros delitos de la misma índole se sigan perpetuando; y de manera más específica, que las personas en el poder sigan abusando de su posición e influencia para actuar en contra de quien signifique un riesgo para su comodidad.

Además de ello, a este escenario adverso se le añade otro factor con la reciente decisión del Senado para permitir que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de Defensa, donde ambas dependencias tienen antecedentes en la violación de derechos humanos.

Por lo que la impartición de injusticia, impunidad, larga red de corrupción y abuso de poder, seguirán perpetuándose en México hasta que se demuestre que dichos actos realmente puedan tener consecuencias para quien los comete. Y sin un sistema judicial fuerte e incorruptible será imposible erradicar el problema.

Sin embargo, la respuesta para lograr cambios está en la lucha ciudadana, una ciudadanía que recuerda los sucesos que dejaron una herida en el país, seguirá presionando a las autoridades a esclarecer los casos y no dejará que se olviden sin exigir justicia; porque en tanto no haya justicia, nos siguen faltando 43.