Se presagia fracaso de los militares en seguridad pública

  • Enrique Cárdenas Sánchez
Los militares han sido incapaces de controlar la inseguridad desde que Calderón los sacó a la calle

Ha sido un respiro saber que, al menos, el Presidente no ha tenido en el Senado los votos para afianzar aún más la militarización del país. Bien, muy bien por aquellos senadores que rechazaron el dictamen y obligaron a Morena a regresarlo a comisiones y suspender la votación.

Pero independientemente de lo ocurrido en el Senado, el hecho es que hoy ya tenemos una nueva institución, la Guardia Nacional (GN), adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y conformada principalmente por soldados, que sólo presagia que la inseguridad seguirá elevada si no cambia la estrategia actual, y que continuarán las violaciones a los derechos humanos sin que puedan ser investigados ni prevenidos de manera transparente. El nombre del responsable directo de lo que se haga y se deje de hacer en materia de seguridad es Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Sedena y directamente responsable de la GN.

En realidad, las FFAA ya eran responsables de la GN, de acuerdo con la ley que le dio vida y su artículo 5 transitorio que le daba a la Sedena la responsabilidad de su estructuración, entrenamiento y desarrollo institucional desde 2019 hasta 2024. Desde un inicio estuvo al mando un militar, contrario al acuerdo político que le permitió nacer, el general Luis Rodríguez Bucio, y entre 70 y 80 por ciento de su personal pertenecientes a la Sedena o la Marina. Sólo están “prestados” a la GN. Siguen siendo soldados o marinos, formados como tales, y su comportamiento ha sido de militares (Observatorio de la Guardia Nacional, Causa en Común).

Es cierto que construir una corporación de seguridad pública toma tiempo. Pero en los tres años que lleva la GN bajo control militar de facto no ha habido entrenamiento de sus elementos para ser policías, con capacidades de investigación ni prevención de delitos. Por ello es que se han dedicado esencialmente a tareas de patrullaje, como lo mostró recientemente Alejandro Hope cuando detalló que en el último año la GN apenas ha puesto a disposición del Ministerio Público a poco más de ocho mil personas, y sólo 16 de ellas como resultado de inteligencia. Sólo 50 personas fueron detenidas por delitos contra la salud, y solamente seis fueron puestas a disposición del MP por el delito de homicidio. Es decir, la GN como policía ha sido cero a la izquierda, y los militares han sido incapaces de controlar la inseguridad desde que Calderón los sacó a las calles.

Por su formación y por la falta de transparencia en sus operaciones, las FFAA también son proclives a tener una alta letalidad en sus enfrentamientos con delincuentes (cuando los ha habido), como ha sido documentado por Catalina Pérez Correa y sus colegas del CIDE. Muchos muertos y muy pocos heridos. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acumulaba, de 2018 a abril de 2022, 2 mil 510 quejas de la SEDENA, la SEMAR y la GN por emplear arbitrariamente el uso de la fuerza, presunta tortura, intimidación, y tratos crueles o degradantes, entre otras presuntas violaciones a los DDHH. Los militares tienen muchas preguntas que contestar.

Con su traslado a la Sedena, la GN se desnuda de sus apariencias “civiles”. No hay indicios de que, ahora sí, la Sedena se vaya a hacer cargo de “entrenar” a todo el personal de la GN para tareas de seguridad pública. Ya se han perdido años y lo único que hay es la palabra del secretario Sandoval de que existen 700 cadetes que están cursando la licenciatura en “seguridad pública” para luego incorporarse a la GN. Sólo 700 cadetes de más de 115 mil miembros que requieren esa preparación. ¿De verdad piensa el General Sandoval que vamos a tener una fuerza de seguridad pública capacitada y funcionando si se sigue sin entrenar a los nuevos “policías”? ¿Cree de verdad que esta fuerza, que sólo ha servido para patrullar, será capaz de detener la delincuencia?

Los datos son demoledores: el personal castrense en las calles ha aumentado 141 por ciento entre 2006 y 2021, y sigue creciendo. En ese mismo periodo, los homicidios han aumentado 241 por ciento, de 10 mil 425 a más de 35 mil anuales (Animal Político). En los últimos años, ya con autorización legal para que las FFAA intervengan en seguridad pública, el número de homicidios se mantiene en esas cifras.

El general Sandoval cabildeó al presidente y a legisladores para que le dieran más tiempo, hasta nueve años, para formar una corporación efectiva de seguridad pública. Es razonable que una tarea de esa magnitud requiera de ese tiempo, pero dado lo que hemos visto hasta ahora no hay indicios de que la estrategia de mantener a las FFAA en las calles, junto con el desmantelamiento de las policías estatales y municipales, vaya a ser exitosa. El secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, junto con Andrés Manuel López Obrador, son los responsables directos de la seguridad en el país. Si no puede con el paquete, ojalá el general tenga la dignidad de dimitir. ¿O es otro su interés por alargar la presencia de los militares en las calles?

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Enrique Cárdenas Sánchez

Economista, exrector de la UDLAP. ExDirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. En 2019 fue candidato a Gobernador de Puebla en las elecciones extraordinarias. Director de Puebla contra Corrupción e Impunidad