El traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena), a pesar de violar el artículo 21 constitucional, junto con el aplazamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el artículo 5 transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, ahoga aún más a nuestro malherido sistema político democrático. En este espacio habíamos insistido en la complicidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dejar en el congelador la acción de inconstitucionalidad de la Ley de la GN, lo que de hecho le daba el aval para llevar a cabo tareas de seguridad pública a pesar de tener en su cabeza y la mayor parte de sus integrantes a miembros de la Sedena, que cobran en Sedena y que responden a las órdenes del secretario de la Sedena. Esta inacción de la SCJN es imperdonable.

El traslado de la GN a la Sedena ha merecido manifestaciones de rechazo por parte de la oposición (menos Alito, Moreira y una parte del PRI) y de la sociedad civil, así como de numerosos especialistas que han comentado muy diversos ángulos de esta decisión presidencial: el problema jurídico de violar la Constitución a sabiendas y sin importar el Estado de derecho, su relevancia histórica que traiciona los principios de Juárez y Madero, su inefectividad demostrada en estos años en la lucha contra el crimen y la inseguridad a pesar de contar con 118 mil elementos activos (85 mil más de los que tenía la Policía Federal), así como repercusiones políticas con miras a la elección de 2023 y 2024.

Todos estos enfoques y ángulos del análisis son relevantes para entender mejor lo que estamos viviendo y su trascendencia histórica. Seguramente hay muchos enfoques más. Yo quisiera referirme a uno que me parece central y que parece herir de muerte nuestro sistema político democrático vis a vis un sistema político autoritario y perpetuado por la fuerza con disfraces de democracia. La militarización de las Fuerzas Armadas no va sola. Está acompañada de al menos dos factores.

Primero, en este sexenio López Obrador ha entregado a las fuerzas castrenses responsabilidades estratégicas que ponen en entredicho la supremacía del gobierno civil sobre el militar, con frecuencia por encima de leyes y reglamentos. El control de las aduanas, el control de los puertos, del aeropuerto de la Ciudad de México, la militarización del Instituto Nacional de Migración, al menos 24 militares y marinos en puestos directivos de policías estatales y municipales, y ahora el control total de la seguridad interna en manos de la GN que puede investigar, detener y, con un agente complaciente del ministerio público, llevar ante un juez a cualquier ciudadano acusado de prácticamente lo que sea (https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/estancamiento-y-regresion-mexico-en-el-mundo/).

Y además, si no se limita la prisión preventiva de oficio (de ahí la importancia de lo que discute la SCJN) pueden encarcelar por el tiempo que sea, sin juicio ni sentencia, a cualquier persona. Basta acusarla de un delito contemplado en el largo catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa. No hace falta probarle nada a ningún juez. El control de las Fuerzas Armadas es total y parece estar por encima del poder civil.

Segundo, López Obrador les ha entregado dinero, mucho dinero del presupuesto (204 mil millones de pesos en 2022). Dada la ya tradicional opacidad y la NO rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, el camino a la corrupción y la impunidad quedó abierto y sin límites. Ya hay muchos indicios de irregularidades en la construcción de obras que les ha encargado el presidente, el uso de empresas fantasmas, adjudicaciones directas, etc. que así lo sugieren. Encima, les dio la operación patrimonial de activos del Estado, como la operación del AIFA y del Tren Maya. Para todo ello no hay escrutinio público de los mexicanos.

Es tal la entrega de poder a las Fuerzas Armadas que uno se pregunta por qué y para qué. ¿Se los dio el presidente o se lo exigieron los militares? El presidente en turno se va, pero se queda la estructura militar. Ya han dado cuenta que son intocables. Basta recordar la “solicitud” de López Obrador a Trump para liberar al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Sedena que ya se encontraba en un juzgado de Nueva York para iniciar su proceso, y su posterior (e inmediata) exoneración al regresar a México. O bien el caso más reciente del general Alejandro Saavedra, jefe de la 35 zona militar de Chilpancingo cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es señalado en el reciente reporte de la Comisión de la Verdad de haber estado al tanto y no haber intervenido para evitar la tragedia. No obstante, el general Saavedra ascendió en el escalafón militar después de esos hechos y hoy no se sabe nada sobre las acciones de los responsables de la procuración de justicia civil, y menos de la militar, sobre el caso del general Saavedra o de los otros mandos militares mencionados en el reporte. Han resultado ser, también, intocables. No están sujetos a las leyes que nos gobiernan.

Entonces, ¿quién mandará o manda ya en México? ¿Está el poder civil realmente por encima del militar? ¿Quién ejerce el poder y de dónde emana? Ya no parece emanar del pueblo, de elecciones democráticas sino del escalafón militar, sea quien sea el secretario de la Defensa en turno. ¿Nos estamos acercando a un régimen político en el que un personaje cualquiera resulta “electo” para convertirse en el supuesto jefe del Ejecutivo, pero en realidad quien ejerce el poder real son las Fuerzas Armadas? Pareciera que nos acercamos cada vez más, si acaso no estamos ya ahí, a un régimen político militar de facto.