El próximo 5 de agosto e-consulta cumple 20 años y una servidora cumplió el 6 de julio un año de colaborar con este medio. Me parece el momento perfecto para hacer dos cosas: agradecer a e-consulta la invitación y reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de una comunidad libre.

Conocí a Rodolfo Ruiz con motivo de la entrevista que me hizo como precandidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ese mismo día, al término de nuestra charla, tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar con el medio que él dirige. Por supuesto que acepté.

Se han publicado 48 artículos, todos ellos relacionados con la vida en la BUAP. ¿Qué papel han cumplido estos escritos? Hay que decir que han sido fundamentalmente críticos de la forma vertical de conducir la vida universitaria y de las políticas públicas impuestas por los sucesivos gobiernos desde hace más de treinta años. Es obvio que la administración universitaria a partir de 1990 no hizo sino someterse dócilmente a estas políticas públicas que también estaban encaminadas a descabezar y a debilitar cualquier movimiento estudiantil o magisterial dirigido a ampliar la participación democrática en la definición del rumbo de la universidad pública.

No es casual, pues, que la autonomía universitaria se viera cada vez más disminuida con el pretexto de que el subsidio universitario provenía de recursos públicos y, por lo tanto, estos recursos sólo podían ejercerse mediante “bolsas etiquetadas”. En otras palabras, la universidad sólo podía gastar en los rubros que el estado había decidido previamente como “justificados”.

Junto a las “bolsas etiquetadas” surgieron los candados para tener acceso a ellas, puesto que sólo “aprobando” reglamentos, previamente palomeados por el estado (SEP), podían las universidades tener las becas para los profesores. Esta fue la otra política que dio a los grupos en el poder la enorme capacidad de control de los trabajadores universitarios: la disminución constante del salario real y la reducción brutal de las plazas de nueva creación.

De una planta profesionalizada de profesores constituida en su mayoría por docentes de carrera y definitivos se pasó inexorablemente a una planta de profesores contratados por tiempo determinado, sin ninguna estabilidad laboral a pesar de su alta calificación académica.

A la par de esta ausencia de estabilidad laboral, la política de superación académica que había distinguido a nuestra universidad casi desapareció y en muchos casos se trata de un asunto de desarrollo individual. La universidad se desentendió de preparar a sus nuevos cuadros, por esta razón surgió un bono a la permanencia de los profesores.

Se instaló la cultura de la evaluación y de la meritocracia, muy conveniente para los grupos en el poder que, de esta manera, “justificaban” los premios a los buenos y los castigos a los malos. Claro, los salarios se volvieron lo suficientemente raquíticos como para tener en el puño de la burocracia el poder de elevar o de hundir el ingreso del trabajador universitario.

Pero la cultura de la evaluación… ¿quién osaría ahora rehusarse a ser evaluado? ¡Sería confesar que no se es “apto”! Digo, esta evaluación incluyó no sólo a las personas sino también a los programas educativos. Éstos presentan sus informes para ser evaluados por empresas privadas. ¡Cómo! ¿Cómo se puede justificar que una institución dedicada específicamente a la docencia y a la investigación use sus recursos públicos para pagar a una empresa privada la evaluación de eso en lo que la institución es experta?

Este sistema perfectamente armado entre falta de autonomía universitaria, salarios raquíticos, becas al desempeño académico, bonos para cuerpos académicos (el instrumento perfecto para atomizar a las academias), becas del Sistema Nacional de Investigadores, etc. es un engranaje perfectamente aceitado por las burocracias llamadas “doradas”. ¿Por qué? Porque lo único que necesita un Estado para que la comunidad universitaria no se organice en favor de las causas sociales es que ésta esté “bajo control”.

Ustedes dirán ¿y por qué está mal este sistema que tiene ya más de treinta años? Porque el Estado está obligado a garantizar la educación para todos y no ha cumplido: la universidad pública ni es universal, pues no entran todos los aspirantes, ni es gratuita, pues se cobran cuotas generales y especiales, ni es libre pues no es autónoma.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia felicitar a e-consulta y a su director por hacer posible que personas como su servidora y muchas más tengan la posibilidad de comunicar a sus lectores esta serie de reflexiones, consideradas útiles para mejorar nuestra vida en sociedad y, especialmente, la forma de vida universitaria?