La respuesta del presidente López Obrador al anuncio de que Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas sobre presuntas violaciones de México al T-MEC, indicando que se trata de un asunto de soberanía, es equivocada y tramposa. No hay duda de que la política energética del actual gobierno mexicano ha violado sistemáticamente la Constitución y las leyes mexicanas sobre energía. De ahí los centenares de amparos que han ganado empresas y particulares en las cortes mexicanas por violaciones a diversas disposiciones de la Secretaría de Energía, de la Cenace, de la Comisión Reguladora de Energía y un largo etcétera.

Y así como las medidas del gobierno han violado las leyes mexicanas, a pesar de los desfiguros de la Suprema Corte cuando analizó y votó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, es evidente que también han violado el contenido del T-MEC. No hay duda y eso está fuera de discusión. Y es tan conocido por el propio presidente López Obrador que ahora intenta desviar la atención y plantearlo como un tema de soberanía nacional y defensa de nuestros recursos.

No señor, ese no es el tema, ni remotamente. Se trata de cumplir o no cumplir las leyes y los tratados internacionales. Se trata de respaldar la voluntad expresada en los acuerdos internacionales con la implementación de la política pública. Se trata de resguardar el buen nombre de México, como país confiable, como país en el que se puede esperar que cumpla ‘su palabra’. Se trata de hacer valer el Estado de derecho y el respeto a lo que México se ha comprometido. Se trata de saber si México, como país, es tramposo o no.

Y precisamente para evitar que el gobierno en turno en cualquiera de los tres países firmantes del tratado comercial de pronto, por cualquier razón, decidiera cambiar su política e incumplir alguna de sus cláusulas, el Tratado estableció mecanismos para dirimir las diferencias y establecer castigos o penas suficientemente grandes para disuadir a cualquier país de violarlo.

Justamente esto es lo que México buscaba al proponer la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace ya treinta años. México quería tener certidumbre respecto de la apertura de los mercados y saber que Estados Unidos, una economía mucho más fuerte, se abstendría de tomar decisiones unilaterales que lo afectaran. Sólo así sería posible convencer a inversionistas para que establecieran en México empresas cuyo principal mercado fuera el norteamericano.

Con este arreglo del TLCAN primero, y ahora con el T-MEC, México ganó y sigue ganando mucho. Se ha convertido en uno de los países que más exportaciones realiza en el mundo, y ha logrado desarrollar industrias que, con los años, han pasado de ser meras maquiladoras a productoras de bienes de alta tecnología.

La renegociación del T-MEC iniciada en la presidencia de Trump y de Peña Nieto estableció nuevos requisitos y acuerdos para todos, a los que México se comprometió. La política energética de López Obrador, reflejada en muchos temas como privilegiar a las empresas públicas CFE y Pemex a costa de empresas privadas (mexicanas y extranjeras), viola las leyes de competencia en México (por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica introdujo una acción de inconstitucionalidad) y desde luego el T-MEC. Esto ha sido conocido y reiterado, por lo que la llamada a consultas por parte de Estados Unidos y Canadá no ha sido ninguna sorpresa. Sus gobiernos ya se habían tardado, como muchos analistas ya lo habíamos señalado, pues las pérdidas infringidas sobre las empresas particulares ya han sido enormes. Por ejemplo, el no dar los permisos de operación a compañías proveedoras de energías limpias ya listas para operar ha significado grandes pérdidas para esas empresas y para México.

Por tanto, no hay duda de que si México decide seguir la política energética como hasta ahora, el Estado mexicano se hará acreedor de sanciones multimillonarias que las empresas mexicanas tendrán que pagar. Algunas no soportarán los costos adicionales y tendrán que desaparecer. Por tanto, este gobierno será responsable de la quiebra de empresas, de la pérdida de empleos y del daño al bienestar de millones de mexicanos.

México no es un país tramposo. Le ha tomado muchos decenios ganarse la confianza de acreedores y socios comerciales, confianza que es indispensable para poder establecer relaciones. Las consultas sobre presuntas violaciones del T-MEC tratan sobre esa confianza, sobre si México es de fiar o no, si México merece o no el respeto de otros países y de sus ciudadanos. No se refieren a la defensa de la soberanía. Es un asunto mucho más sencillo y a la vez mucho más trascendente.