Jolalpan: Defensa Social 101

  • Mauricio Saldaña
Los grupos de defensa comunitaria surgen por la incompetencia del Estado y el olvido institucional

Me refiero al encontronazo entre una célula de la delincuencia organizada y el grupo Fuerzas Territoriales Poblanas, ampliamente conocido en esa zona del estado de Puebla.

Con su notoria capacidad para confundir la gimnasia con la eutanasia, las autoridades “investigan” lo que todo mundo conoce: que hay organizaciones criminales oriundas de Guerrero y Morelos que quieren imponer su ley en municipios enteros de Puebla.

Ante la ausencia absoluta del Estado, algunos ciudadanos se han organizado y crearon un grupo de policías comunitarios que les ha plantado cara a los criminales, a efecto de proteger a sus poblaciones y en general, a su patrimonio.

El tema es tan amplio que le propongo dividirlo en dos porciones: las diferencias entre grupos de ciudadanos que defienden un territorio específico y, una asignatura pendiente, la de su mínima regulación por el Estado.

Los tres tipos de acción comunitaria

I. Las autodefensas

En el caso de las autodefensas no solamente se trata de vigilar un perímetro y avisar a las autoridades, sino que por la vía armada se enfrentan directamente a los criminales. Y para hacer algo así, se requiere transportes, armas, municiones, radiocomunicación y el apoyo de una base social.

El ícono de las autodefensas en México está en Michoacán, pero el modelo existe en por lo menos quince entidades federativas.

El que esto escribe conoció una práctica de “La Familia Michoacana” que llevó a no pocas familias a operar un grupo de autodefensas. Además de pagarle al cártel un peso por cada kilo de tortilla consumida, tenían que avisar cuando cumplirían quince años sus hijas, para que el líder criminal de la plaza les quitara su virginidad, so pena de muerte.

El gran problema de estos grupos es la diversificación. Hay grupos de autodefensas financiados y operados por ciudadanos; otros, pagados por cárteles para que combatan a sus enemigos; otros, subsidiados por los gobiernos estatales para que hagan el trabajo rudo y, unos más, pagados y entrenados por ciertas dependencias federales.

No hay que olvidar que varios grupos de la delincuencia organizada iniciaron como autodefensas y fueron incubados por algunas instituciones públicas. Cuando el engendro se salió de control, pasó de autodefensa a “generador de violencia”.

ll. Los policías comunitarios

A años luz de distancia de las autodefensas, los policías comunitarios también se mueven por la vía armada para proteger un territorio, pero a escala liliputiense: escopetas sencillas, armas cortas de bajo calibre, rifles.

El signo es la austeridad y cada quien cuida sus cartuchos porque no hay quien financie el resurtido. Las camionetas en las que se hacen los recorridos de vigilancia son modestas, claramente de particulares y en lugar de una rotulación profesional, llevan sus identificaciones en el parabrisas, escrito con grasa para zapatos o una cartulina pegada.

Comen de lo que el pueblo les convida: los lonches y el refresco llegan de manos anónimas y cuando unos terminan su turno, otros tantos se acercan y así se la llevan sin parar. La mayoría trabaja en los accesos al territorio que se protege, que no solo supone una carretera sino la red intrincada de veredas que solo dominan los lugareños.

Carecen de radios encriptados. Sus comunicaciones las practican con radios comprados en centros comerciales y hasta por WhatsApp. Uno podría pensar cómo pueden defender a un pueblo con tanta precariedad. La respuesta es sencilla: logran sus propósitos porque la comunidad los acepta y porque son muchísimos.

Valga una analogía: la policía de la Ciudad de México no es ni remotamente la mejor armada y entrenada del país, pero por su número, pueden enfrentar problemas serios. Su poder está en la cantidad de efectivos que pueden concentrarse en un punto de conflicto. Algo similar ocurre con los comunitarios: no llevarán calibre .50, pero si arribarán cientos de integrantes.

Con códigos sociales bien meditados, si se acerca un convoy criminal, del primer puesto de vigilancia hasta el pueblo entero, los comunitarios se comunican en segundos, incluyendo el repique de campanas de la parroquia más cercana. Es el secreto del éxito para que en pueblos enteros, esta clase de grupos sea el garante de la seguridad del lugar.

En situaciones de alto peligro, de un retén comunitario a que doscientas personas se preparen para la defensa, solo hay un paso. Esta práctica también la han adoptado los cárteles. Son legión los grupos huachicoleros que en menos de dos minutos son capaces de congregar a mil personas listas para repeler a la Guardia Nacional que va a un operativo.

Los policías comunitarios siguen el imperativo ético con sanción, a su leal saber y entender. Por supuesto, esta clase de grupos no podrían funcionar si la comunidad no los acepta, ya que de ella se nutre, sin esperar remuneración alguna a cambio.

lll. Las guardias ciudadanas

Constituyen el eslabón más débil de la defensa social: no tienen entrenamiento, camionetas, radios ni armamento. Son personas que podrían ser arrasadas por cualquier grupo criminal: lo mismo hay algunos jóvenes que amas de casa y jubilados.

Se comunican por teléfono y WhatsApp, con chats comunitarios. En algunas ciudades se mandan hacer chamarras y camisetas rotuladas, pero es más por candor que porque señalen su capacidad de fuego ante el enemigo.

Su arsenal es para el olvido: gas pimienta, algún teaser, tonfas, bastones y uno que otro guarda discreto un revólver. Con bates, bastones para volante y linternas, salen a hacer sus recorridos por los puntos que consideran relevantes.

Son grupos esencialmente urbanos y su protección perimetral se concentra en colonias y unidades habitacionales. Al moverse en espacios tan restringidos, todos se conocen y pueden identificar a cualquier forastero.

El gran inconveniente es que si encuentran a varios agresores, éstos podrían repelerlos sin dificultad. Cuando se ofrece, la catarsis encuentra su salida en el linchamiento. Las guardias ciudadanas son improvisadas y son la respuesta a un grupo de vecinos desesperados por los robos, que se reclama por qué no se hace algo para combatir la inseguridad.

Casi siempre, estos grupos actúan en otras formas complementarias: colocan malla ciclónica en las calles laterales y les agregan cerraduras; algunas veces, construyen una caseta y le agregan una pluma; instalan videocámaras modestas. Coreográficamente, el gobierno municipal les tumba sus casetas y sus mallas, porque violan las leyes, cosa que agradecen los delincuentes, con el corazón.

A donde sus esfuerzos son vanos es en el momento de la respuesta de la autoridad: si las policías acuden oportunamente a su llamado de auxilio, la “puerta giratoria” de la Fiscalía o Procuraduría dejará en libertad al sospechoso, por el motivo que sea.

Si el delincuente que ha sido claramente detectado in fraganti, es puesto en libertad y vuelve a cometer crímenes, se prepara el caldo de cultivo para un linchamiento, que más allá de las buenas conciencias que abogan por el criminal, responden a un claro fastidio social.

Regular, eliminar o, no mirar

Los grupos de defensa comunitaria no nacieron por gusto, sino por la incompetencia del Estado para proteger a la sociedad. Bajo esa lógica, cuando un gobierno persigue a estos grupos, no sólo está siendo injusto sino cómplice de los delincuentes, al debilitar a ciudadanos que protegen a ciudadanos.

En tales condiciones, los gobiernos estatales pueden optar por regular a los grupos de defensa comunitaria bajo ciertas reglas; perseguirlos (y apoyar a los delincuentes con dicha persecución) o, mirar para otro lado cuando se los encuentren en la carretera o en la calle.

La experiencia de Michoacán señala lo obvio: cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal intentó regular a los movimientos de defensa social, era demasiado tarde. La idea era buena pero el timing fue pésimo y de ahí los resultados.

En 2019 propuse a distintos personajes la creación de un marco que regulara a los grupos de defensa social, con tres fines complementarios:

- Ofrecer un criterio jurídico mínimo para que los grupos de defensa social puedan operar, defendiendo a sus familias y a su patrimonio, entendiendo que hay tres categorías: autodefensas, policías comunitarios y guardias ciudadanas.
- Reducir la posibilidad de que la delincuencia organizada infiltre a estos grupos, al mismo tiempo que se privilegie su independencia y origen social.
- Eliminar el deleznable proceso de partidización y politización de estos movimientos, que pueden terminar como lo que ahora combaten.

El resultado de conversar con aquellos individuos fue predecible: algunos, por miedo, se olvidaron del tema. Otros, por complicidad se hicieron a un lado. Los más ni siquiera entendieron que la defensa social nace del olvido institucional.

Parte de lo que he propuesto en algunos momentos, lo dejo a su amable disposición en este documento que puede consultar aquí.

El Estado debe proteger a los ciudadanos, pero cuando no puede o no sabe hacerlo, lo único que le queda es gerenciar la contingencia. A menos, claro, que la intención sea proteger a los delincuentes.

El problema ya está. Solo queda atenderlo.

Opinion para Interiores: 

Anteriores

Mauricio Saldaña

Doctor en Administración Pública con estudios de doctorado en Ciencias Penales. Especialista en inteligencia y cotrainteligencia con más de 30 libros publicados. Ha diseñado un mapeo sobre la feudalización de la delincuencia organizada en México.