De acuerdo a la ‘Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla’ corresponde a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, encarnar el principio constitucional de la rectoría del Estado en materia educativa. En la fracción segunda del artículo 44 de mencionada Ley, se establece que a esta Secretaría le corresponde

“II. Dirigir, vigilar y coordinar que el Sistema Educativo Estatal dé cumplimiento al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.”

Por esta simple razón, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla puede y debe ser evaluada; entendida ésta, como integrante del sistema educativo estatal. La evaluación se puede realizar con énfasis en tres dimensiones: estructura, atribuciones y cumplimiento de éstas.

Una evaluación de esta naturaleza implicaría tomar en cuenta los aportes novedosos, surgidos desde las condiciones contextuales propias de la entidad, más allá de lo que por simple “armonización” con la Federación se hace. Es decir, hay tareas que, de sí tienen que hacerse, sea la administración que sea. Esto no debe ser motivo de consideración distintiva; lo verdaderamente importante deben ser aquellas iniciativas derivadas de una administración que, desde su arranque, declaró la intención de hacer la diferencia, partiendo desde las realidades de Puebla y con la participación ciudadana.

Lo que debe evaluarse no son las ideas adornadas por un discurso florido, sino el impacto real de éstas, provocadas por la capacidad que la administración, en este caso Secretaría de Educación, tiene para impactar la realidad y transformarla; sólo que para que esto suceda, existe un problema no menor: la inexistencia de información suficiente y pertinente para fundar la valoración.

La generación de información sobre la situación del sistema educativo estatal requiere de un esfuerzo serio y sistemático, de la existencia de un organismo autónomo capaz de evaluar y generar directrices para la acción argumentada y reflexiva. Mientras esto no suceda, estaremos incapacitados para establecer un juicio razonable.

¿Cómo pretender cambiar una situación educativa, si se carece de referentes, tanto de partida como de llegada? Sin información confiable y verificable, todo lo que se diga será sin fundamento, aun cuando lo diga la “autoridad”.

Si no es ahora con un gobierno autoproclamado como progresista, ¿cuándo?