El arribo de la nueva administración al Gobierno del Estado de Puebla, especialmente por pertenecer a un partido político que enarbola una propuesta político-ideológica, definida en el concepto “Transformación”, generó, entre otras cosas, expectativas sobre la forma de gobierno y por supuesto, los rumbos que habrían de tomar los asuntos públicos. La educación, asunto público de especial trascendencia para el bienestar de la población, debería reflejar esta forma de enfrentar el compromiso adquirido al convertirse en administrador del proyecto de nación.

A pocos días de cumplir la mitad del camino que ha de recorrer esta gestión de gobierno, y ante la inexistencia de un organismo diseñado para hacerla, surge la ineludible exigencia de la acción ciudadana, orientada a evaluar lo realizado por este gobierno en materia educativa. Desde luego que un ejercicio de este tipo genera incertidumbres para hacerlo de la manera más adecuada posible; los ciudadanos que así lo decidieran, podrían recuperar las propias declaraciones oficiales, para construir un referente de tal ejercicio valorativo.

Primer acto de la nueva administración de los destinos educativos en la entidad poblana, fue quitarle “lo público” a su denominación, convirtiéndose en Secretaría de Educación, así a secas; acto seguido fue el establecimiento de un decálogo que guiaría su trabajo y que publicó en el No. 1 de la “Cartilla Ética”. La educación, es un derecho de todos los mexicanos y no privilegio de unos cuantos.

1. La educación se concibe como una vía fundamental para el desarrollo humano y social equilibrado, que posibilita la reducción de las desigualdades y el combate a la pobreza.
2. La educación es entendida como derecho de las personas, a desarrollarse integralmente, junto con los otros, en armonía con el entorno natural y cultural.
3. La educación es un asunto público, por lo que su promoción es responsabilidad de todos; el derecho a la educación es impensable sin un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos.
4. La educación que ofrece el Estado debe ser humanizante como proceso y como consecuencia.
5. Como responsable, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, promoverá un sistema educativo basado en el respeto a la dignidad de las personas, y en la creación de condiciones de justicia y equidad-
6. Para hacer real el ejercicio de la educación como un derecho ciudadano, el servicio educativo debe ser de calidad, basado en la excelencia académica de los procesos educativos, entendido como la búsqueda permanente de hacer mejor las cosas.
7. Reconociendo al profesor como actor central, se ha de poner especial atención a su formación, tanto inicial como continua, así como a las condiciones en las que desarrolla su labor profesional.
8. Dada su posición estratégica como gestores de los procesos educativos, tanto directivos como administrativos, deben ser formados, en correspondencia con la propuesta educativa.
9. La escuela como constructora de ciudadanía debe constituirse como un ambiente promotor de la democracia, a través de la convivencia escolar incluyente, participativa y dialógica.
10. La ética debe ser el marco en el cual se desarrolle toda actividad realizada en el ámbito educativo. Este decálogo en sí, ofrece un primer referente, desde el cuál realizar un ejercicio de valoración de logros de la presente administración, en materia educativa.

Un segundo elemento que aporta las bases para realizar una evaluación es lo establecido en la Ley de Educación del Estado, en el sentido de explicitar como base de acción, el modelo generado por Katarina Tomasevski, a finales de los años noventa, mismo que pretende el asegurar el derecho a la educación, así como su cumplimiento, haciendo referencia a cuatro características que debe tener la educación de calidad: Asequibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, y Adaptabilidad. De estas cuatro “As”, las dos primeras se refieren a la dimensión de aseguramiento del Derecho a la Educación, y las dos últimas, a su cumplimiento.

Estas cuatro dimensiones trasladadas a forma interrogativa, aportan la posibilidad de aterrizar la evaluación:

Asequibilidad: ¿El sistema educativo mexicano garantiza la gratuidad y obligatoriedad de la educación para niños y jóvenes? Es decir, ¿existen las escuelas en número y condiciones de infraestructura y equipamiento, con profesores formados, necesarios para ofrecer la educación que el bienestar humano requiere?
Accesibilidad: ¿La escuela mexicana garantiza el acceso a todo aquel en edad de requerirlo? Es decir, ¿es realmente gratuita, obligatoria e incluyente?
Aceptabilidad: ¿Se garantizan los criterios necesarios para una educación de calidad? Es decir, ¿se cuenta con los fundamentos pedagógicos y planes y programas de estudio, materiales y horarios, requeridos para lograr la educación pretendida?
Adaptabilidad: ¿La educación ofrecida se adapta a sus beneficiarios y su contexto cambiante? Es decir, ¿responde a contextos específicos, reconociendo a un México con multiplicidad de rostros?

Como se aprecia, el propio discurso oficial aporta elementos referentes, desde el cual guiar el ejercicio de evaluación de lo realizado hasta ahora y vislumbrar lo que viene. Cabe advertir, que un ejercicio de esta naturaleza requiere del diálogo inteligente y documentado, puesta la mirada, en la dimensión educativo-pedagógica más que en lo ideológico.