Cartas a Gracia  

La mañanera sería el vehículo mediante el que Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa de la administración federal, anunciaría el “arranque formal de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para el personal educativo”, mensaje transmitido en cadena nacional desde el Centro Expositor de la ciudad de Puebla (Boletín SEP no. 7, 12-1-22); acto en el que anunciaría la aplicación de “2 millones 686 mil 320 dosis” y, de ellas, corresponderían a la entidad, 129 mil 360 dosis. Delfina enfatizaría -refiriéndose al titular del Ejecutivo- que la aplicación del refuerzo permitiría “un regreso seguro a clases presenciales”.  

Un par de día antes y mediante el Boletín SEP no. 5 titulado “El regreso a las escuelas no ha sido fácil, pero la educación no se detiene”, declaración atribuida a quien comanda la dependencia educativa federal, serviría de marco para que Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México refrendara un principio de políticas públicas esencial para la actual administración federal, plasmado en una simple frase llena de contenido: “No creemos que una calificación defina el talento de los niños y de las niñas. Nosotros creemos en la educación como un derecho, quien tiene dinero para pagar la educación privada, pues tiene el derecho de enviar a sus hijos a una educación privada, pero nosotros creemos que el Estado tiene la obligación de proveer educación pública, gratuita, de mejor calidad, pero también con valores”; planteamiento que permitiría entrever que la administración de la CDMX realizaría acciones de mejora que permitirían calificar a su gestión como una de avanzada en la mejora de la infraestructura educativa, la capacitación y actualización del personal docente y directivo, la dotación de equipos de cómputo y señal de internet, en una entidad que no firmara el acuerdo mediante el que se transfiriera, la administración de los haberes de la federación a las entidades y quedara bajo la tutela de la administración federal.  

Los guiños de Claudia a la existencia de las instituciones de educación de financiamiento privado irían precedidas por la presentación de un “Catálogo de Beneficios Microsoft para las escuelas públicas de la Ciudad de México”; producto, señala el boletín de referencia, que sería resultado de algún acuerdo suscrito en la Ciudad de México entre la autoridad educativa federal de la Ciudad de México y Microsoft que “otorgaría” acceso a algunas “herramientas digitales y educativas”, beneficios que de manera amplia difunde el boletín oficial y, que continuaría con una declaratoria mediante la que reconocería que “la pandemia dejó claro que la educación es un trabajo de todos”; frase con la que pretendería sumar “a la iniciativa privada y a las organizaciones sociales”.

Claudia insistiría en el tema: “es importante que las empresas se sumen de manera generosa a este gran compromiso de mejorar la educación de nuestros estudiantes”, recordando que en las instituciones educativas -públicas y privadas- se forma a las nuevas generaciones; estudiantes, que tarde o temprano, se incorporaran a los sectores público, social y privado, en diversas áreas del conocimiento -incluido y en referencia a Microsoft- la formación “de los futuros profesionales de la tecnología y otros temas; futuros desarrolladores, emprendedores, humanistas; nuestro futuro está puesto en ellas y ellos”; no obstante que, hasta el momento en el que están involucradas las autoridades educativas federales, excluyan a las alumnas y las alumnos de 31 entidades federales.  

La educación como un derecho al que alude la Jefa de Gobierno, no sería privativo del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; formaría parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por México en 1948. El Artículo 26 establece que “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.  

Sin embargo, Gracia, para que “la creencia en la educación como un derecho”, anunciada por Claudia, dejara ese estatus -de creencia- y de ser un derecho humano aspiracional, las autoridades de cualquier color y filiación política deberían hacer su chamba permanentemente y en principio destinar los recursos presupuestales al gasto educativo federal y cumplir con el mandato constitucional que obligaría a la asignación monetaria del equivalente al 8% del PIB al gasto del sector educativo federal; cuestión  que obligaría a la duplicación del exiguo 4.1% que actualmente se aplica y lo mismo, a cumplir con el equivalente al 1% destinado a ciencia y tecnología como mandata la ley respectiva; así como no recurrir a trampas -como sumarlos al gasto destinado a las universidades autónomas-, lo que daría la impresión de cumplimiento en este rubro. La inversión requerida permitiría liberar los recursos denominados “aportaciones voluntarias”, que de manera cuasi obligatoria, deben aportar anualmente madres y padres de familia, y que a precios alzados equivaldrían a los 20 mil millones de pesos. Asimismo, aportar los recursos suficientes destinados a la actualización y capacitación para que abandonen prácticas recurrentes de las diferentes administraciones, en la que se destinan al rubro, tristes 70 pesos por maestra y por maestro al año; y qué decir de la falta de recursos destinados en las escuelas para atender el gasto corriente y la deficiente infraestructura educativa con la que cuentan las escuelas a pesar de programas como La Escuela es Nuestra, donde se destinan recursos exiguos a 1 de cada 5 instituciones oficiales de educación obligatoria y se cumpla con el propósito de contar con escuelas que se signifiquen por brindar una educación con mejor calidad; reiterando, Gracia que, mientras tanto, los buenos deseos serían tan solo eso y no “buenas razones”.