Los Papeles del Pentágono y Puebla

  • Rodrigo Rosales Escalona
Cuando el ejercicio del periodismo se apega a expresiones sociales, resulta incómodo al poder

De acuerdo al periodista Vicente Leñero (Guadalajara, Jalisco, 9 de junio de 1933- Ciudad de México, 3 de diciembre de 2014) en su libro “Manual de Periodismo”, expone que:

“El periodismo es ejercicio, es lucha social. Entienden que la “objetividad” posible es extraña al compromiso o la intención políticos. La objetividad es de añadirse, es definición, explicación o implicación de los credos o descreencias del presente y del destino de las sociedades.”

El periodismo, en sí, es estimulante de los hechos y cambios sociales, donde la clave de las contradicciones o positivos es la posición política de gobiernos, políticos, empresarios, etcétera. De nada servirá que se le intente ser un sedante de la realidad, por muy que los poderes fácticos y políticos de un sistema, logren que algunos periodistas y sus medios sean un sedante “informativo”, reduciéndolos a simples orgánicos, que emiten infodemias a modo. No emiten hechos ni expresiones sociales, solamente intentan informar sin apego a la objetividad.

Leñero, (dramaturgo y narrador. Estudió Ingeniería en la UNAM y Periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Director de Revista de Revistas; subdirector de Proceso), en su texto, también es certero en cuanto a:

“El gobierno determina el juego económico y político de los medios electrónicos. La amplitud y formas que la libertad de expresión alcanza a la prensa, radio y televisión depende significativamente de esa primera condición esencial”.

Justo es considerar que el poder cuando carece de democracia ni ética se basa en el control de la comunicación y de la información o el micropoder de todo tipo de organizaciones, impide la lucha por la libertad de comunicación, que arremete e intenta detener y encerrar para bloquear cualquier derecho a expresar impidiendo la conectar la mente individual con la colectiva, siendo que el poder es algo más que comunicación y comunicación es algo más que poder; porque el poder depende del control de la información, al igual que contrapoder depende  de romper dicho control. Y la comunicación de masas, la información que puede llegar a la sociedad, se conforma y gestiona mediante relaciones de poder enraizadas en el negocio de los medios de comunicación y en la política del Estado. El poder de la comunicación está en el centro de la estructura y dinámica de la sociedad.

Cuando el ejercicio del periodismo se apega a las expresiones sociales, resulta incómodo al poder, estorba, no sirve para vestir la mentira ni ocultar la perversidad. Se requiere eliminar o limitar, si no es suficiente, la amenaza con echar encima el poder del Estado. La consecuencia salvaje es la desaparición del medio y periodista.

De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 145 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 134 son hombres y 11 son mujeres.

La paz porfiriana

En el siglo XIX, ya con Porfirio Díaz, el número de periódicos aumentó de 227 en 1888 a 531 en 1989, régimen que persiguió y encarceló a periodistas disidentes, como también clausurar publicaciones, porque su relación con la prensa -cuando le servía-, era parte de su estrategia para la consolidación de su autoritarismo; es decir, la manipulación y la concesión, donde aparentaba respeto del derecho a la libertad de expresión. Ejerció la clausura de publicaciones, la persecución y encarcelamiento de periodistas que estuviesen en contra del gobierno. Los hubo también periódicos favorables al régimen que recibieron apoyos con subsidios como lo fue El Imparcial, que fue uno de los principales órganos de propaganda de los logros del porfiriato.

Los Pentagon Papers en el tiempo

El 'Panamá Gate' es el último caso de una gran filtración que ha afectado a políticos, empresarios y rostros famosos de prácticamente todo el mundo. Pero antes hubo otras revelaciones de secretos en la historia que hicieron tambalear los cimientos de las democracias modernas.

El primero de ellos fue el caso de los llamados ‘Pentagon Papers’, un informe del Pentágono clasificado de alto secreto sobre la toma de decisiones Estados Unidos en relación con la Guerra de Vietnam, filtrado a la prensa por el exanalista de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, Daniel Ellsberg.

Tras servir en Vietnam, Ellsberg volvió a trabajar en la Corporación RAND, en la que ya había trabajado anteriormente y, en 1967, colaboró en un estudio de alto secreto de los documentos clasificados sobre la gestión de la guerra de Vietnam que había sido encargado a McNamara. En estos documentos, cuya elaboración concluyó en 1968, serían conocidos más tarde como los ‘Pentagon Papers’. Ellsberg fue una de las pocas personas que tenía acceso al conjunto completo de documentos porque ostentaba una habilitación de seguridad de alto nivel.

Ellsberg, conforme fue descubriendo la corrupción gubernamental sobre la Guerra de Vietnam, decidió dar a conocerla. Así, a fines de 1969, y con la ayuda de su excolega en la Corporación RAND, Anthony Russo, y el personal del senador Edward Kennedy, Ellsberg hizo en secreto varios juegos de fotocopias de los documentos clasificados a los que tuvo acceso, los cuales más tarde fueron conocidos como Papeles del Pentágono.

Dichos documentos revelaron que el gobierno tenía conocimiento, desde el principio, de que la guerra muy probablemente no podría ser ganada, y que la continuación de la contienda llevaría a muchas más víctimas de lo que nunca fue admitido públicamente. Además, y tal y como un editor de The New York Times escribió más tarde, estos documentos demostraron, entre otras cosas, que la administración Johnson había mentido sistemáticamente, no solo a la ciudadanía, sino también al Congreso, sobre un tema de interés nacional trascendente e importante.

El domingo, trece de junio de 1971, el Times publicó el primero de los nueve extractos y comentarios sobre la colección de 7.000 páginas. Durante 15 días, al rotativo británico se le impidió la publicación de sus artículos por orden judicial solicitada por administración de Nixon. Mientras tanto, Ellsberg filtró la documentación a The Washington Post y otros diecisiete periódicos.

El 30 de junio, la Corte Suprema ordenó que el Times reanudara libremente la publicación. Aunque el periódico no reveló que Ellsberg era su fuente, éste pasó a la clandestinidad durante los trece días siguientes, sospechando que las pruebas apuntarían a él como la fuente de la publicación no autorizada del informe.

Watergate

El segundo gran escándalo, que además acabó con la carrera política de Richard Nixon, fue el famoso Watergate, que tuvo lugar en los Estados Unidos en la década de 1970, a raíz del robo de documentos que tuvo lugar en el complejo de oficinas Watergate de Washigton D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables.

Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar con esta, condujo a una crisis institucional.

El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos.

Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o al Servicio Interno de Impuestos (ISR). El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como Presidente delos Estados Unidos en agosto de 1974.

Wikileaks

Ya más cercano en el tiempo está Wikileaks, un sitio web creado cuya primera actividad fue filtrar, en diciembre del año 2010, más de 250.000 cables diplomáticos del gobierno de los EE.UU, el mayor volumen de documentos confidenciales  puestos a disposición del dominio público.

La publicación sin precedentes permitió por primera vez a las personas conocer en profundidad las dinámicas y actividades del Gobierno de Estados Unidos en el exterior. Los cables, fechados desde 1966, contienen comunicaciones confidenciales entre 274 Embajadas ubicadas en casi todos los países alrededor del mundo y el Departamento de Estado de Washington D.C.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en diciembre de 2010 en Londres en virtud de una orden de detención de las autoridades suecas, que le acusan de un cargo de coerción, dos cargos de abuso sexual y uno de violación, todos supuestamente cometidos en agosto de 2010 en el país nórdico.

Tras quedar en libertad bajo fianza en febrero de 2011, los tribunales aprobaron su extradición a Suecia, y Assange pidió asilo político a Ecuador en su embajada londinense en junio de 2011. A principios de febrero de ese año, el grupo de expertos de la ONU encargado de analizar la denuncia por “detención ilegal” presentada por el fundador de Wikileaks, falló a su favor. El coordinador de su defensa es el exmagistrado español Baltasar Garzón. Está en espera que magistrados londinenses cumplan la petición norteamericana para extraditarlo y ser sometido a juicio, al estilo gringo.

Snowden

El último gran escándalo de revelación masiva de secretos se produjo en 2013, cuando el exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), Edward Snowden alertó sobre los programas masivos de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos.

“Se trata de manipulación diplomática, espionaje económico y control social”, dijo Snowden, quien señaló que los EE.UU controla incluso los móviles de manifestantes” y apostilla que “no son los únicos”.

Snowden, que cuenta con un permiso de residencia temporal en Rusia, ha reiterado que sólo volvería a Estados Unidos si se le garantizaba un “juicio justo”. En el caso de que regrese sin un acuerdo previo sería juzgado bajo la Ley de Espionaje, lo que significaría una condena de entre treinta años de cárcel y cadena perpetua.

México y Puebla

Posterior a la Revolución Mexicana, la relación prensa con los distintos gobiernos, parecía hacerse valer la Constitución; solamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, dicha libertad permitió que la oposición se sirviera para expresar su descontento contra Cárdenas. Con Ávila Camacho, bajo el pretexto de que no se tuviera agitación terrorista de cualquier índole de extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, -máxime que grupos nazis y fascistas tenían presencia en México, que lograron contactar con agrupaciones de extrema derecha mexicanos-, se determinó reformar el artículo 145 y 145 Bis del Código Federal Penal, para someter a terroristas para que no logren sus objetivos, en cuanto a el criterio de “disolución social”, artículo que sirvió para reprimir movimiento sociales, como también a la prensa.

Si la Revolución fue para eliminar la dictadura porfirista, en los hechos, se hizo institucional la acción represora, justificando que, por el bien nacional, la aplicación del “derecho” lo valía todo. Represión, ejecuciones, presos políticos, el 68, Jueves de Corpus, la lista es larga, como también lo padecieron los periódicos y periodistas incómodos al régimen en turno. Excélsior fue un ejemplo claro, que dio origen a la revista Proceso. Los Agachados, revista de Rius, que mediante cartones nos enseñó y tradujo la cruda realidad.

El neoliberalismo y sus sexenios, arrojó un renovado Porfirio Díaz con los mismos síntomas y dolencias. Así como mismos ejemplos de voceros mediáticos que gozaron de privilegios que hoy añoran. Ser veraz y objetivo en prensa es un estorbo para el sistema injusto.

Con la elección de Andrés Manuel López Obrador, se supone que todos sus seguidores y gobernantes en los estados que también fueron electos, se apegarían a la libertad de expresión. Sin embargo, tenemos que AMLO, si usa las “mañaneras” para emitir su postura frente a los ataques de la oposición o de deformación de los hechos de medios afines a ese pasado cómodo, no es el Presidente quien dicta ninguna forma de represión a los medios.

Lo ilógico resulta que, en varios estados de la República cuenta con gobernadores que siguen usando la “Paz Porfiriana” en pleno siglo XXI. Jalisco, Chihuahua, Veracruz, tres ejemplos donde periodistas han sido reprimidos o asesinados por su trabajo.

Puebla, cuna de la Revolución Mexicana, es letra muerta la Constitución, como también no coincide o no está en el tenor del gobierno de la República, porque las palabras de Vicente Leñero encajan perfectamente en el hecho de que ser prensa con libertad es un estorbo como un elemento que no cumple con el papel de orgánico; al contrario, el dar cuenta de niveles de corrupción, de ir en dirección opuesta a la 4T, resulta ser incómodo al gobierno de poblano de Miguel Barbosa.

ARTICLE 19 ha documento el acoso judicial contra el medio digital e-consulta y El Popular y otros, a través de demandas por daño moral presentadas por diversas autoridades del Gobierno de Puebla, que mediante investigación, documentan las arbitrariedades y violaciones a lo dispuesto por leyes, códigos, normas y más, perjudicando a la ciudadanía en general. El dar cuenta de tales problemas, es con el fin de que se corrijan y rindan cuentas ante la ciudadanía; que se cumpla la Constitución, no que se viole.

No se comete delito en publicar con argumentos sólidos, con investigación y recabar documentos que prueban con contundencia. Si esto es incómodo, entonces nos reducimos a vivir fines del siglo XIX hasta 1910. La línea editorial corresponde al derecho de expresión, cobijada en la Constitución, sin más.

Se supone que la “ley del garrote”, desaparece con la 4T. Tal vez, Puebla no está en el mapa político ni en el discurso de AMLO, como que la soberbia y egolatría permanece con petulancia y arrogancia que aquejó Puebla con Rafael Moreno Valle, nada más que superada. Se recurre a la memoria para citar que existen casos de gobernantes que confiaron en su poder, mismos que al publicar los niveles de corrupción en los que incurrieron, al final, quedó demostrado su ilegalidad y proceder.

 

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

 

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Rodrigo Rosales Escalona

Periodista y analista político en medios locales y nacional, filósofo, docente en nivel superior, activista social, comprometido con la justicia.