La gobernadora de Tlaxcala ha puesto la vida por encima de todo lo demás. Se trata de un hecho inédito en dos años que llevamos de pandemia. El saldo es una cantidad de muertes que bien a bien nadie sabe el número exacto. El Gobierno Federal reconoce oficialmente que la cifra ya rebasó los trescientos mil. Los centros de investigación académica y especialistas independientes hablan de un subrregistro. El gobierno es empujado y registra la existencia de “muertes acumuladas”. Reconoce pues que las muertes no son las que anuncian en un primer momento. La cuestión ya no es la métrica, sino cómo se reduce la expansión. Allí radica la importancia trascedente de la medida asumida en la vecina entidad.

¿Qué hizo Tlaxcala que ya se le equipara con las mejores prácticas anti Covid-19 de los países más avanzados del orbe? Sencillo. Poner en ley el uso obligatorio de cubrebocas y el requisito de mostrar el certificado de vacunación (con dosis completa) para ingresar a sitios públicos concurridos (plazas, restaurantes, supermercados), e incluso para permanecer en parques. Recordemos a los puristas que toda acción de gobierno es por naturaleza coercitiva. La pandemia es un problema de salud pública. Su tratamiento atañe a todos.

Hay que decir en este punto que la de Tlaxcala es una medida contraria a las políticas del presidente López Obrador y del gobierno en general. El Presidente es muy enfático al respecto. Cada que se le inquiere responde con la muletilla de “prohibido prohibir”. En el fondo es un poco partidario de las narrativas populares, de que “cuando te toca, toca” y no hay poder que te salve. La pandemia no acaba de ser vista como una cuestión de salud pública, sino como asunto individual. De las personas. El presidente no es partidario de las medidas coercitivas, incluso el uso del cubrebocas es dejado a la voluntad de cada cual.

Las cosas no son como se dieñan. El retorno presencial de niños a las aulas se ha complicado, no obstante la voluntad presidencial de normalizarlo, aduciendo responsabilidades etéreas de los padres. La pandemia y sus variantes no ceden. En el caso de Puebla, el 70 por ciento de casos registrados corresponden a la nueva variante Ómicron (comunicado de Salud, 10-01-21), la cual manifiesta mayor capacidad de expansión que las precedentes, pero al parecer es menos letal. Eso lo dice la experiencia no la evidencia científica. Todos los días nuestros hijos están obligados a cruzar ese maremoto con ribetes imprevistos. Lo digo porque las predicciones gubernamentales no son nada afortunadas. Recuerden cuando el adalid mexicano de la pandemia advirtió que a lo mucho habría sesenta mil defunciones. Ya sabemos que el repunte tiene que ver con las celebraciones de fin de año y el periodo vacacional. Y si en los individuos la razón es ahogada por la pasión, entra en acción la coerción gubernamental.

El gobierno invoca los derechos humanos para eludir la acción a la que está obligado. Me parece que la muletilla es un recurso populista para ocultar la incompetencia e incluso la omisión. Esto lo digo porque el gobierno no se ha caracterizado por proteger los derechos fundamentales. Los indicadores señalan que en esta administración es cuando más se han violado. ¿Cuántos periodistas muertos, cuántos defensores de derechos humanos muertos, cuántos ambientalistas y defensores de recursos naturales muertos? ¿Cuántos miles de personas son desplazadas de sus rancherías, comunidades y pueblos por la violencia? En todos los casos las cifras son escandalosas. No hace falta abundar. Así que el argumento del respeto a los derechos humanos lo desmiente la evidencia.

No hay razón para eludir la responsabilidad de hacer obligatorio el uso de cubrebocas y presentar el comprobante de vacunación para ingresar a lugares públicos. La medida tiene una doble ventaja: obliga a los morosos a vacunarse (una cifra que nadie conoce), y a su vez obliga al gobierno a establecer módulos de vacunación permanente y garantizar el abasto. Hasta la semana pasada, el porcentaje nacional de personas con dosis completa de vacunación era de alrededor del 57%.  

Chayo News

Los ayuntamientos que rindieron protesta el pasado 15 de octubre están por cumplir los primeros cien días en el encargo. Habrá que ver qué resultados entregan a los votantes que les confiaron su voto; o si de plano llegan con las manos en blanco, con el argumento baladí de que les dejaron las arcas vacías.

En el caso de los 217 ayuntamientos de la entidad, se entiende que todos han recibido sus ministraciones conforme marca la ley. Toca a los votantes realizar los primeros balances sobre el desempeño de sus nuevas autoridades (hacia donde apunta el Plan Municipal de Desarrollo, cómo se integró el COPLADEMUN), el grado de transparencia de las primeras acciones, los equipos de trabajo si obedecen a los problemas o se trata de la familia, los amigos y las amigas.

Ya se cuenta con suficiente evidencia para entrever hacia dónde se dirigen los recursos del Ramo 3, -la joya de la corona-; y si no es el camino que prometieron transitar, obligarlos a rectificar y dar cumplimiento a las promesas de campaña. No se olvide que la fuente más grande de corrupción se incuba en aquellos municipios en los que la población es omisa o débil frente a las autoridades.