Con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, y declarada como tal en marzo de 2020, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, empezó a emplear una expresión que en ese entonces no pude evitar criticar ‘la nueva normalidad’.

Y la razón de mi crítica era de tipo conceptual: si es nueva, no puede ser normal. Esta es una frase autocontradictoria, pues lo normal es aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero hoy, casi dos años después, entiendo por qué los expertos y especialistas en el tema de las pandemias acuñaron el término.

Las razones son de distinta índole. Una de ellas es la confesión de la falta de conocimiento respecto a la evolución de la pandemia debida a las mutaciones del propio virus y a la efectividad de las vacunas generadas para controlar su propagación. Todos hemos compartido esta incertidumbre y hemos confiado en el manejo médico que hasta ahora se ha hecho de la enfermedad.

Pero las otras razones que llevaron a las autoridades a usar, de manera un tanto intrigante, la expresión de ‘nueva normalidad’ tienen que ver con la actitud que deseaban cultivar entre los ciudadanos para ganarse su confianza y lograr así su aceptación de las políticas públicas de tipo sanitario y social que hasta ahora se han instrumentado.

Lo que esta frase significa, entre otras cosas, es que nuestra vida ha cambiado; que nuestra vida era una antes de la pandemia y otra después de la pandemia, pero que no ha cambiado a tal grado que ésta sea totalmente diferente.

En términos de la vida universitaria, los docentes seguimos impartiendo nuestras clases, investigando; los estudiantes continúan con sus estudios del nivel que sea y los administrativos siguen apoyando las actividades sustantivas de la universidad.

Esta frase de ‘nueva normalidad’ excluye la posibilidad de que estemos viviendo un estado de excepción, un estado de emergencia, una situación extraordinaria que trastoca y altera cada actividad. Si así fuese, el Gobierno Federal lo hubiera declarado y no lo ha hecho. Todo lo contrario, ha tratado de preservar un estado en el que siguen vigentes nuestros derechos humanos y uno de éstos es el derecho a la educación.

Creo efectivamente que ya es hora de que asumamos la ‘nueva normalidad’ en la universidad. La pandemia sigue pero nuestra vida académica también. Siguen vigentes nuestros planes de estudio, los objetivos de cada curso que dictamos; el propósito de los estudiantes de culminar con sus estudios tratando por todos los medios a su alcance de no desistir, de no abandonar, de no desertar.

De aquí el enorme peso de la obligación que tiene la universidad como institución de garantizar a trabajadores y estudiantes las mejores condiciones de trabajo y de estudio. No es un capricho y no tiene nada de absurdo exigir que regresemos a las clases presenciales. La modalidad virtual fue un recurso, pero de ninguna manera ha logrado alcanzar los resultados esperados. De todos es sabido el impacto negativo que esta modalidad ha tenido en el aprovechamiento de los estudiantes. No se trata de “echarle ganas”. Simplemente la enseñanza “cara a cara”, la interacción al interior de las aulas es determinante para alcanzar las metas de cada programa educativo.

Queremos tener clases “normales”. ¿Qué sería lo “nuevo”? Pues las medidas sanitarias de prevención del contagio y, en aras del respeto a otro derecho humano como lo es la autonomía de la persona, la posibilidad de optar por la modalidad virtual.

Lo más sensato es implantar un sistema híbrido y para hacerlo requerimos de equipo. Así, si el maestro asiste presencialmente dictará el curso en el salón y los estudiantes que no asistan podrán tomar el curso por videoconferencia. Y si el docente dicta el curso de manera virtual, pues los estudiantes podrán tomarlo desde el salón de clases o desde donde estén. Además, esta posibilidad de optar por una u otra modalidad puede darse con cada sesión y no necesariamente por todo el curso.

Los docentes ya tenemos la experiencia de las dos modalidades y sabremos aprovechar las ventajas que ofrece cada una de ellas.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia exigir a las autoridades universitarias que cumplan con su obligación de garantizar a los estudiantes el derecho a su educación, y no a la educación que caiga, sino a la genuina educación que ellas y ellos merecen?