Las rispideces entre el INE, la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo e incluso ya el Poder Judicial deja una serie de planteamientos sobre la necesidad de reformar nuestro sistema electoral.

Uno de los grandes aciertos de la democracia mexicana fue el contar en los años noventa con un organismo autónomo que permitiera organizar elecciones libres y competitivas, una realidad que México no pudo establecer en décadas.

Contar con el IFE ahora INE, ha sido uno de los grandes triunfos del sistema político mexicano. Sus atribuciones constitucionales lo obligan al manejo del padrón electoral, la organización de los comicios, la ejecución de los programas en materia de cultura cívica entre otras; la reforma electoral del año 2014 aumentó sus facultades, dotándolo de la responsabilidad de intervenir en los ámbitos locales, específicamente en cuanto a la capacitación electoral y la fiscalización.

La democracia mexicana se ha caracterizado por décadas por la relación que existe con el ejercicio del voto, la reforma del 2014 incorporó al modelo democrático la figura de la consulta popular, mecanismo de democracia directa que permite al pueblo opinar sobre temas de trascendencia nacional.

Ahora bien, durante el transcurso del 2021 se aprobó la Ley de Revocación de Mandato en la que se establece este mecanismo con el objetivo de consultar al pueblo sobre la permanencia o no del Presidente de la República.

Como podemos ver de manera breve, el INE ha crecido en sus funciones. Las nuevas encomiendas también implican una serie de ajustes presupuestales, que muchas veces no son considerados.

Sin embargo, existe una demanda por crear programas de austeridad que permitan ejecutar los ejercicios democráticos de manera profesional sin la necesidad de aumentar de manera exponencial los presupuestos. Los nuevos acatamientos instruidos por el Poder Judicial dejan en entredicho la voluntad de algunos Consejeros de querer disminuir ciertos gastos que bien se puede lograr.

El Instituto requiere de una racionalidad en el ejercicio de los recursos, de una reforma al interior que permita tener agilidad y flexibilidad en su operación, para así cumplir con las diversas atribuciones que son mandatadas por la Constitución.

Coincido y defiendo el argumento de que “es más costoso no tener democracia”, pero también me pregunto, ¿debe ser tan caro sostener una?