Ad portas de las presidenciales en Colombia se han presentado diversos fenómenos que auguran la pugna por persistir de la eterna clase política que ha gobernado el país: por un lado, la ley mordaza que atenta contra la libertad de expresión de la opinión pública y por el otro, el ascenso a generales de miembros de la fuerza pública investigados por abuso a derechos humanos, corrupción, falsos positivos, etc. A lo sumo, para perpetuarse en el poder es necesario hacerse de los poderes de facto militares y mediáticos, entonces, ¿qué le queda a la disidencia del statu quo? ¿Es acaso la legitimación de un gobierno autoritario que acusa a la dictadura de Honduras y Venezuela al tiempo que, le sigue sus pasos afanosamente? 

Recientemente el congreso colombiano incluyó un artículo regresivo en la Ley Anticorrupción respecto al ejercicio periodístico en el país que, en la denuncia de hechos de corrupción, narcotráfico y demás por parte de servidores públicos (algunos no todos, ya que existen los alineados al poder), mismos que resultan cuantiosos: Odebrecht, Reficar, Hidroituango, ley de garantías abolida, etc., etc.  Y que, a lo sumo, tal tarea representaba una vía clarividente en medio de tanta nubosidad - algo así como El Túnel de Ernesto Sábato- para que el ciudadano promedio sepa “alguito” respecto a lo que sucede en la caja negra; misma que en Colombia resulta bastante obscura, pues se da una bofetada al ejercicio de una oposición informada de forma contundente.

A su vez, el mismo honorable congreso aprueba el ascenso en bloque de 46 mandos militares entre los que se encuentran 18 con investigaciones pendientes con la justica, acusados de diversos hechos: corrupción, falsificación de documento público, violación de derechos humanos, participación en ejecuciones extrajudiciales, por nombrar algunos; premiándoles con un ascenso en las instituciones militares y policiales de las que harto desconfía ya la ciudadanía. Las listas en bloque propuestas por Duque en la que revuelven “de todito” son un haz bajo la manga para hacerse con las bienquerencias de las instituciones castristas.

Entonces, a propósito de estos hechos, ¿cómo se legitima el poder desde actuaciones no decorosas con los votantes y de espaldas a sus sentires y realidades?, ¿cómo es que un “poder democrático” que hizo uso de medios ilegales para hacerse con el mismo –escándalo de la Ñeñe política por ejemplo- se procura perpetuarse en el mismo controlando, -además del poder político que es el primero-,  al segundo y tercer poder como es la fuerza militar y los mass media? Incluso de un cuarto, el narcotráfico que en Colombia y México tiene interlocución directa con el poder político constituido.

Así las cosas, resulta paradigmático que la clase gobernante continúe haciendo uso del discurso de la amenaza del castrochavismo si ascendiera al poder un gobierno de izquierda, que hay que decir repunta hoy en las encuestas, y, sin embargo, podría resultar Petro como el nuevo Álvaro Gómez que no dejaron ascender al atril las castas políticas harto-belicosas del país, en alianza con actores legales e ilegales; al tiempo que, el gobierno actual reproduce similares arbitrariedades características de gobiernos autoritarios en pleno siglo XXI, como lo es el de países vecinos como Honduras y Venezuela, conocidos en la comunidad internacional como violadores de derechos humanos, persecutores de la prensa y la oposición política y buenos aliados de las fuerzas militares vigilantes que garantizan su pervivencia en el poder.

En últimas, ¿a cuál democracia es la que alude el presidente de turno en sus frecuentes alocuciones como el Álo Presidente del difunto Hugo Chávez? No será que el poder de facto constituido teme por la amenaza de que un no-alineado llegue al Palacio Presidencial  y  en su batalla procura allanar el camino para que su(s) candidato (s) se permeen en el mismo a costa de sacrificar años de avance en el ejercicio de la libertad de opinión, así como la legitimación de las instituciones democráticas que hoy se muestran despreciadas y deslegitimadas por  actos de corrupción, violación de derechos humanos, obstrucción a la justicia, etc., etc.  

En todo caso, y, en cualquier caso, la tarea para el sucesor del trono- si hubiere uno, ¡ojalá!, y no los eternos- es titánica en la medida en que el sistema democrático colombiano muestra claros signos de desgaste y cooptación por parte del poder central a los organismos públicos y civiles que ejercían cierto “control político”. Como quien dice, ahora sí y en vísperas electorales, el camino esté allanado a la francachela y la comilona evocando al cuentista colombiano Rafael Pombo, de la cual los resultados electorales serán definitorios en esta especie de contexto postdemocrático y retroceso dictatorial.

Hay que preguntarse también, a propósito de los rescoldos del Paro Nacional que movilizó a miles de ciudadanos y ciudadanas, ¿dónde se hace un lugar la plebe que no llega a pertenecer al citoyen en el gran cuerpo político de la polis y que al uso de los griegos se muestra excluyente y privilegiada? ¿No será que la estructura política está corroída de punta a punta, y, que el desafió que hoy se nos presenta es de grandes dimensiones? Bueno, por ahora esperemos que los eternos y sus poderes de facto no sigan gobernando -al menos desde la Casa de Nariño- ¡ojalá y no se nos olvide los hechos catastróficos del Paro Nacional!, repito.

Notas

Easton, David (2001), “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en Varios autores, Diez textos básicos de ciencia política, España: Ariel.