Ayer denuncié ante los medios de comunicación la retahíla de violaciones e irregularidades cometidas por la comisión electoral nombrada para “vigilar” el proceso de sucesión rectoral en la BUAP y, conforme avanzaba en el recuento de ellas, cobraba mayor y mayor conciencia de lo atinado de nuestra decisión de participar activamente en el proceso, registrando una candidatura alternativa a la oficial.

La pregunta ha sido recurrente: ¿por qué si considera que el proceso es ilegal, puesto que ha derivado de un consejo universitario diezmado y caduco, se registra como candidata? ¿No equivale su registro a legitimar el proceso mismo y sus resultados?

La respuesta a la primera pregunta no es meramente jurídica, si así lo fuera, obviamente hubiera dicho, “recojo mis canicas y me voy, yo así no juego”. Hemos declarado una y otra vez que no dejaríamos de incursionar por las dos vías: la jurídica y la política. Ambas confluyen en el mismo objetivo: lograr que las autoridades de la universidad cumplan con la Ley. Para nosotros es el marco jurídico el criterio que norma nuestras acciones, incluidas las políticas, por supuesto.

La vía jurídica está siguiendo su curso, y la vía política es la que hemos seguido desde que hicimos pública nuestra decisión de contender para la rectoría de la BUAP, con un proyecto alternativo que parte de una concepción distinta de la universidad pública y de su función central como garante del derecho a la educación superior.

Como corriente política lo que deseas es poner al alcance de la comunidad universitaria ese proyecto alternativo, discutirlo con ella, incorporar todas las preocupaciones y las necesidades que tiene esa comunidad e integrar un genuino plan de desarrollo concebido colectivamente y posible de llevar a efecto colegiadamente. Y la campaña electoral era la mejor oportunidad, de hecho, la única de hacerlo.

Pero como les decía al inicio, la realidad ha superado todas nuestras expectativas, sabíamos que podíamos esperar toda clase de irregularidades y violaciones por parte del aparato aplastante que lleva a cabo una elección de estado, pero no hubiéramos sabido hasta dónde podrían llegar en el uso y abuso del poder si no nos hubiéramos registrado para contender.

Por eso la respuesta a la segunda pregunta es tan obvia: por supuesto que no legítimas nada, ni el proceso ni sus resultados si justamente tu participación te permite denunciar no sólo las violaciones a la normatividad universitaria, sino sobre todo la actitud abyecta de las directoras y directores de unidad académica que descaradamente dan entrada a la candidata oficial para presentar su “proyecto” a sus comunidades, pero cuando se les solicita el mismo trato para una servidora se atreven a contestar que “no pueden hacer uso de las instalaciones universitarias, como lo marca la convocatoria”.

¿No les parece el colmo del cinismo y de la indecencia? ¿No les parece que el trato indigno que dan a su servidora se extiende a toda su comunidad en tanto la engañan y amenazan para que ni siquiera sepa que existen distintas candidaturas? Y aquí no hay castigos que aplicar, pero sí una enorme condena moral. ¿Cómo se atreven a llamarse representantes de su comunidad si son los primeros y las primeras en negarles el derecho a la información, el derecho a la libre expresión y a la libre decisión? Esas autoridades mentirosas, represoras y abusivas no deben prevalecer en la universidad. Llegará el momento en que la comunidad les pida rendir cuentas, y entonces lo menos que tendrán que hacer será renunciar a su cargo. Pero no creo que actúe dignamente quien carece del más elemental respeto por sí mismo.

Ante este panorama la decisión de participar registrando mi candidatura se torna cada vez más como la única vía para mantener vivo el movimiento que hemos iniciado un conjunto, cada vez más grande, de universitarios por rescatar nuestra universidad del grupo que la tiene secuestrada.

Participar no es legitimar nada en absoluto, al contrario, participar es enarbolar la bandera de un gran movimiento universitario que tiene como meta cambiar no sólo a las autoridades universitarias sino transformar profundamente la forma de vida universitaria para inscribirla en las nuevas y positivas formas de conducción de la vida democrática en el país.

Por todas estas razones es tan importante votar el 20 de septiembre y no abstenerse. Abstenerse equivale a dejar caer los brazos, a no alzar la voz, a no advertir al aparato represor que le llegó su fin, a hacer pensar que no se tiene nada que decir, que no se tiene nada que poner a consideración del voto universitario.

El registro de una candidatura alternativa es poner en la boleta una esperanza de cambio, una esperanza de que vendrán tiempos mejores para todos los universitarios, una esperanza de que hay caminos que podemos transitar juntos para realizar nuestros proyectos de vida.

¿No les parece a ustedes de la mayor importancia participar en este proceso electoral, de enorme trascendencia para el futuro de la universidad pública, y que sólo así podemos abonar para el ejercicio de una genuina autonomía universitaria?