Con alrededor de 70 mil migrantes varados en la frontera norte y cerca de 140 mil en la frontera sur, además de varias caravanas de migrantes tratando de cruzar por el territorio, México atraviesa por una verdadera crisis humanitaria, derivada de nuestra incapacidad para poder regular esos flujos de personas que se han visto obligados a dejar sus países y cruzar por México para buscar una vida mejor.

Como ya lo hemos visto en las últimas semanas, los operativos con la Guardia Nacional no han impedido que centenares de migrantes sigan cruzando por el país en su intento de llegar a la frontera norte. En la semana que pasó, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio cuenta de al menos cuatro operativos de aseguramiento de migrantes provenientes, sobre todo de Haití y de alguno de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica.

Los operativos del INM, con la colaboración de la Guardia Nacional (GN), han sido una mala estrategia para tratar de detener una verdadera ola de personas desesperadas que están migrando por lo que ya es considerada una emergencia alimentaria.

Ni el gobierno mexicano ni las organizaciones de la sociedad civil ni la red de casas de migrantes católicas ni nadie, hay que decirlo, tiene capacidad para frenar a los migrantes y para dotarlos de alimentos o servicios. Muchos de los migrantes han declarado que pasan días sin comer, sin servicios y desde luego, sin atención médica. Todo ello enmarcado en la peor pandemia humana de la historia reciente.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reveló que entre enero y julio de este año fueron detenidos un millón 113 mil extranjeros al intentar ingresar sin documentos a ese país, la cifra más alta para ese periodo desde el año 2000.

Y es que la migración centroamericana y haitiana se disparó durante la pandemia por Covid- 19 debido a factores como las afectaciones climáticas en la región centroamericana, el paso de los huracanes Eta e Iota, la crisis económica que mantiene deprimida la generación de empleo y la satisfacción de las necesidades más apremiantes y la violencia endémica en toda la región.

Un factor que contribuyó a agravar la situación, fueron las expectativas generadas por el gobierno del demócrata Joe Biden, quien, a su arribo al gobierno de Estados Unidos, manifestó su intención de ampliar las cuotas de asilados y detener las deportaciones de indocumentados. Todo ello generó algo así como un efecto llamada. Pero la reforma migratoria ofrecida por el demócrata ha enfrentado fuertes obstáculos. Una resolución judicial obligó a reinstaurar el programa Quédate en México y las presiones políticas han forzado una intensificación de las deportaciones expeditas al amparo del Título 42, que las justifica con el argumento de prevenir contagios de Covid-19.

El resultado ha sido un cada vez mayor flujo reincidente de migrantes que, luego de ser deportados a México o a Centroamérica, vuelven a intentar llegar a EU.

En México, además, un número cada vez mayor de migrantes, principalmente haitianos, opta por solicitar refugio para permanecer en el país de forma legal. El número de solicitantes suma 77 mil este año, una cifra récord que somete a una gran presión a Tapachula, principal punto de trámite, y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

A la ciudad de Tapachula, Chiapas, ya la comenzaron a llamar “Ciudad Cárcel”, donde cerca de 80 mil solicitantes de asilo se encuentran sin empleos, sin alimentos, sin atención y sin que avancen sus trámites para poder internarse en otras entidades o viajar hacia EU.

Tapachula hoy en día es el embudo más grande de migrantes de América. Un verdadero muro estadounidense concentrado en un pequeño municipio de 300 mil habitantes.

Parece que las cosas marchan muy mal. Y no se ve para cuándo se inyecten recursos a Comar para poder agilizar las solicitudes de refugio. Nos encontramos, pues, en una de las peores crisis humanitarias porque las cosas se pondrán peor.

Nunca en la historia México había recibido a tanta gente que huye de sus países. En 2019 fueron al menos 70 mil solicitantes de refugio y este año se esperan más de 120 mil.

Justo hoy, la prensa mexicana publica que la Comar vive una situación agobiante por la falta de personal y recursos y un sistema completamente colapsado incapaz de atender un flujo creciente de solicitantes de protección internacional. La cosa, pues, está que arde.

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