Autoridades federales de ámbitos diversos (electoral, financiero, de justicia) disponen de evidencias abrumadoras sobre un lodazal que se derrama desde todos los costados del expediente Samuel García, ganador de la gubernatura de Nuevo León bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC). La explosividad del caso lo coloca con las mayores posibilidades de que esta elección sea anulada, por haber violentado casi todas las restricciones legales en la materia.

Información recabada por este espacio refleja dos vertientes de un mismo escándalo en torno al sórdido triunfo de García Sepúlveda: la corporativa, ligada a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por el MC; y la oscura estructura de negocios de la familia del virtual gobernador electo neoleonés, sus padres y hermanos.

La primera ruta revela un enorme flujo de dinero hacia un bloque de compañías bajo cuyas manos pasó al menos 54% de los gastos, según estimaciones iniciales, antes y durante la campaña del señor García Sepúlveda. Se trata de tres empresas dedicadas a la guerra sucia en redes sociales (además de otras tareas sospechosas), financiadas desde 2015 por Enrique Alfaro, primero como alcalde de Guadalajara y luego en su actual puesto de gobernador de Jalisco. Al menos 300 millones de pesos les han sido aportados desde cuentas municipales, estatales o paraestatales ligadas a las gestiones de Alfaro.

Indatcom, S.A. de C.V., EU Zen Consultores, A.C. y La Covacha Gabinete de Comunicación, S.A de C.V., claramente ligadas entre sí, son creadoras masivas de cuentas falsas en redes sociales. De acuerdo con transferencias detectadas, entre 2017 y 2021 pagaron al menos 200 millones de pesos a Google, Facebook, Instagram y otras redes, para manipular cuentas, difundir noticias falsas y crear tendencias artificialmente.

Desde la campaña de Samuel García se enviaron 10 millones de pesos a este grupo, presumiblemente reportados al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en periodo de precampaña, en 2020, el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de aquél, pagó otros 13.3 millones, lo que supondría un acto ilegal que por sí mismo podría atraer la anulación de su elección y aun poner en aprietos el registro de MC como partido político.

Cuando esta historia se conozca por completo, se desnudará uno de sus aspectos más perturbadores: entre los clientes relevantes de ese consorcio figuró la Secretaría de Hacienda bajo la gestión de Arturo Herrera. Entre 2019 y 2021, la dependencia realizó pagos por 43 millones de pesos a Indatcom, 37 millones más a EU Zen, y 39.5 millones a La Covacha. Esta última firma está llamando la atención de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, luego de que en marzo pasado movilizó a un grupo armado para irrumpir en sus propias instalaciones, donde realizó disparos, a fin de sofocar lo que pareció ser un problema interno.

Los informes consultados exhiben también que el gobierno de la ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, realizó pagos en el mismo periodo a la empresa Heurística Comunicación, S.A. de C.V., que comparte con aquéllas los mismos accionistas. Entre ellos se cuentan personajes ligados al gobernador Alfaro, por lo que extraoficialmente se sospecha que sean prestanombres. Se trata de Verónica Delgadillo, senadora por MC; Alejandra Valenzuela Cardona, Rafael Valenzuela Cardona, Ismael Sánchez Anguiano y Héctor Guevara Ramírez, entre otros.

El propio partido Movimiento Ciudadano ha hecho aportaciones sustantivas a este consorcio presumiblemente confeccionado desde el poder en Jalisco. Entre 2016 -ya con Alfaro en la alcaldía tapatía- y 2021 les pagó 45 millones de pesos.

La profusión de datos y la trascendencia de esta historia hará necesario retomarla pronto.

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