Las notas periodísticas difundidas desde hace varios días en Puebla, hacen pensar que la campaña por la sucesión rectoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha adelantado. En primer lugar observamos la destitución de la Mtra. Guadalupe Grajales y Porras de su cargo de secretaria General de la institución y su sustitución por el Mtro. José Carlos Bernal. El acontecimiento sugiere que para las autoridades universitarias es mejor tener desde ahora a una persona de entera confianza sobre todo porque la ley interna de la BUAP prevé que el secretario/a General debe fungir como Responsable Técnico de  los procesos electorales universitarios.

Así las cosas, lleva razón el rector Alfonso Esparza cuando expresó en comunicado oficial que no podía continuar en su cargo la Mtra. Grajales y Porras, una vez que desde hace semanas había estado planteando su interés en participar como candidata a la rectoría. Lo que llama la atención es que no se guardaron las debidas formas de cortesía que pueden observarse en estas situaciones. A la Mtra. Grajales Porras no se le pidió la renuncia sino se le destituyó.

Las noticias también especulan  que esta semana se observará una suerte de destape y cargada con respecto a la candidatura oficial, es decir la de la Dra. Lilia Cedillo. Si esto sucediera así, sería una práctica ortodoxa del viejo régimen en tiempos de la Cuarta Transformación. Desde hace meses algunos funcionarios de la universidad han estado  haciendo ver a los universitarios que no se deben hacer bolas, que ya está decidido  quién es la que va y que lo más conveniente es sumarse a la candidatura que ya ha sido designada desde las alturas. Algunos columnistas de medios locales de manera abierta o vergonzante han  intentado reforzar esta percepción. En política percepción es ser, como diría el filósofo y obispo irlandés George Berkeley (1685-1753). La percepción se vuelve un dato objetivo de la realidad, más aún en las comunidades políticas en las cuales la democracia es precaria.

En este contexto nuestra universidad daría pasos en un sentido democrático si garantizara las condiciones para una elección rectoral libre e informada. En primer lugar debe resolverse la renovación del Consejo Universitario que por ley debería haberse hecho en marzo de este año. Las autoridades universitarias pospusieron este proceso electoral aduciendo la contingencia sanitaria provocada por la pandemia. Hoy el rumor es que se viene una propuesta en el sentido de que el Consejo Universitario actual continúe sus funciones hasta después de la sucesión rectoral. Dos hechos harían cuestionable a esta decisión: una parte de los consejeros estudiantiles actuales ya no lo son por haber egresado de la BUAP y más del 65% de los estudiantes de la actual matrícula no eligieron al Consejo Universitario que hoy funciona. La decisión de la no renovación del Consejo Universitario sería una ruptura institucional.

Un segundo paso está determinado por las condiciones de aislamiento en las que han estado los estudiantes, académicas y trabajadores administrativos de la BUAP desde marzo de 2020. Es necesario que todos los contendientes tengan similar acceso para difundir sus CV y propuestas de campaña por los canales informativos de la BUAP. Sería muy bueno que igualmente los contendientes tuvieran un debate respetuoso con respecto a sus propuestas y que este debate fuera difundido por los canales oficiales de  la institución.

Un tercer paso sería establecer en las condiciones actuales  un método híbrido en la votación para elegir al nuevo/a rector/a. Esto quiere decir una combinación virtuosa de elecciones presenciales y virtuales. La elección virtual debería hacerse solamente en caso de integrantes de la comunidad universitaria que se encuentren distantes de las sedes en donde deberían acudir a votar. Aducir la pandemia como razón para hacer elecciones virtuales para elegir rector/a ignora que hoy el 40 por ciento de la población ya ha sido vacunada y que un porcentaje mayor lo estará en septiembre. Además, las elecciones nacionales del 6 de junio y la consulta nacional del 1 de agosto fueron presenciales.

Finalmente, la comisión electoral debe regular de manera extraordinaria las conductas de los funcionarios/as universitario/as para impedir una inducción o coacción que sesgue el voto hacia un determinado/a candidato/a.

La mayor parte de las reflexiones contenidas en las líneas precedentes no son propias. Las estoy tomando de un pronunciamiento propiciado por universitario/as de distintas unidades académicas que ha estado circulando en redes. Sea este artículo una manera de suscribir lo que dice dicho pronunciamiento.