Una de las situaciones que caracterizan a las sociedades actuales es que cuentan con una estructura de medios de comunicación dominados por estructuras corporativas empresariales y que se encuentran dominadas por grupos oligárquicos que conforman sistemas poderosos de carácter monopólico. A nivel mundial es veraz mi afirmación. Los grandes grupos conocidos como oligopolios de la comunicación, que de forma ostensible dominan o han dominado el panorama mediático. Ahora, como resultado de la economía de mercado y de la alta concentración que el sistema neoliberal propicia, podemos subrayar que, en el mundo, hasta hace muy poco tiempo, eran tan solo cuatro los principales grupos de comunicación que controlaban prácticamente la totalidad de la información, entretenimiento y comunicación que se transmite. El resto de medios de una u otra forma estarán repitiendo aquello que los primeros originan.

Dichos grupos, auténticos holdings de la comunicación, son: Time Warner Inc., Walt Disney, Viacom/CBS y News Corporation (recientemente, 21st Century Fox y News Corp.). Controlan más del 70 por ciento del negocio que hoy el mundo amplio de la comunicación supone en el planeta. Es evidente, que en gran medida serán estos grupos los que definen qué tenemos que ver, cuál es la agenda y rango de lo noticioso que ocurre en el mundo y cómo debemos entretenernos. Desde luego, esto encierra también una intención incuestionable de decirnos qué debemos pensar, opinar e incluso sentir.

En una escala territorial un tanto menor, que correspondería para este estudio con América Latina, igualmente destacarían sobremanera cuatro grandes grupos, aquéllos que hoy dictan las agendas del entretenimiento, de noticias y de pensamiento en América Latina. Televisa en México, Globo en Brasil, Clarín en Argentina y el Grupo Cisneros en Venezuela son los dominadores del panorama mediático y retienen cuotas por encima del 60 por ciento de la rentabilidad total de los mercados y audiencias. Hay que hacer una alusión igualmente a otros grupos mediáticos también de considerables dimensiones como TV Azteca (México), Mercurio (Chile) o Folha (Brasil), además de empresas españolas como Prisa, con una importante presencia y alianzas en diferentes países de ese continente.

En nuestro país se presenta el mismo fenómeno. Incursionar en el espacio de los medios de comunicación requiere de un andamiaje de relaciones y de haber operado desde hace muchos años, lo que se traduce en que la mayoría de los pocos empresarios que dominan en los medios de comunicación tengan asegurado la exclusividad de sus concesiones, pero a ello se agrega que para incursionar en el negocio de los medios de comunicación se requiere de una compleja y cara estructura que hace prohibitivo para los empresarios nuevos en el sector, ya sea grandes, medianos o pequeños poder competir con los grandes de las comunicaciones, para eso se requieren miles de millones de pesos para poder acceder a una concesión de radio de televisión, piénsese en lo que se requiere además de las relaciones empresariales e institucionales, sobre todo políticas, para poder irrumpir en el espacio mediático. En México hay tres grandes cadenas de televisión: Televisa, TV azteca e Imagen. Pero se debe hacer notar que hay más corporaciones mediáticas, pero el número sigue siendo muy restringido, las que dominan son las mencionadas anteriormente. Se debe informar que los medios son controlados por unos cuantos magnates que se encuentran como socios dominantes en las empresas que abordan el panorama de la información por medio de sus empresarios, directores y conductores de los medios. Se puede resaltar en el panorama de los medios de comunicación a los siguientes:

1. Periódicos

El Economista, Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, El Norte, El Sol de México,  Milenio, El Universal, La Jornada, La Crónica, Reforma, entre los más conocidos. En las revistas el grupo ligado a los intereses del régimen anterior es aplastante y solo se salva la revista Proceso y La Jornada además de las que ahora están ligadas al nuevo gobierno por cuestiones institucionales.

2. Televisoras

En las televisoras el nivel de concentración corporativo es más notorio. Allí tenemos como las más importantes a: Televisa, Canal Once, Exa TV, Canal 22, Canal del Congreso, Multivisión, Televisión Azteca, proyecto 40.

3. Radiodifusoras

En cuanto a las radiodifusoras, las grandes compañías de medios dominantes en las televisoras controlan también en los grupos más importantes de la radiodifusión. Se puede afirmar que los medios de comunicación en nuestro país se encuentran en manos de unos cuantos corporativos y que los principales accionistas de hecho controlan las empresas monopólicas y con eso se puede sustentar que la acción de los integrantes de la comisión federal de competencia poco o nada han hecho para controlar las conductas monopólicas de los corporativos mencionados.

La Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE) no ha combatido las prácticas monopólicas de los magnates de los medios y sin embargo ha permitido que jueces de lo administrativo emitan suspensiones en contra de leyes que tienden a preservar la soberanía nacional sobre los sectores estratégicos, tal es el caso de las leyes referidas a la industria eléctrica y la de hidrocarburos, a pesar de que la ley federal de competencia establece que el Estado mexicano de garantizar el control de las áreas estratégicas de la actividad productiva del país, especial el ramo de los energéticos, la energía eléctrica y los hidrocarburos en su producción, su distribución y en asegurar su abastecimiento a precios accesible a los mexicanos; y para ello el Estado puede crear empresas de carácter público y en algunos asociarse con el capital privado, siempre preservando para el Estado la rectoría de estos sectores y obviamente cuida dando que los recursos públicos se apliquen en favor de la nación, ahora que el Poder Legislativo emitió la Ley de la Industria Eléctrica y la de hidrocarburos.

En el Poder Judicial algunos jueces se atreven a decretar suspensiones en la aplicación de las citadas normatividad porque según ellos se está vulnerando la situación de competencia en esos sectores, favoreciendo a empresas privadas nacionales y extranjeras que dicho sea de paso con el pretexto de alentar energías limpias se les viene otorgando un escandaloso subsidio, tal es el caso de Iberdrola.

La legislación mencionada establece:

Artículo 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos en dichos supuestos.

Artículo 7. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.

Los Agentes Económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo; la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

En los medios de comunicación tradicionales, los que han dominado de manera arbitraria durante todo el periodo de gobiernos neoliberales no asumen lo que dice la constitución y que fue adulterado por el grupo de adoradores del mercado sacrificando el interés nacional a los intereses de los negocios. Desde allí empezaron a saquear al erario público y a los recursos de la nación, y lejos de informar acerca del tema, se dedican a dar publicidad a las acciones indefendibles de los saqueadores y sistemáticamente minimizan los avances en el combate a la corrupción y a la impunidad. Esa es su orientación editorial y bajo esa línea pretenden crear una realidad virtual en la que los corruptos y criminales pasan según sus informaciones sesgadas a ser casi perseguidos por las ideas que defienden.

Aquí podemos localizar una clara interferencia en la vida del País, por el incumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación en su función esencial consistente en  atender y garantizar el derecho a la información y posibilitar que se materialice el derecho a libre expresión. En este hecho se puede encontrar que por el incumplimiento de sus obligaciones escudándose en ejercicio del derecho a la propiedad que es un derecho constitucional generar la obstrucción de los derechos constitucionales a la libre expresión y al derecho a la información.

Si partimos de que la mayoría de los medios de comunicación hasta ahora se encuentran muy cercanos a los intereses de los que gobernaron durante el periodo neoliberal. Tenemos que al no cumplir con su cometido los dueños de los medios de comunicación y los que en ello trabajan: reporteros, conductores de noticiarios y de programas de infoentretenimiento, que tienen que seguir los lineamientos editoriales estructurados por los directivos de las empresas, que organizan para conformar un marco para el proceso informativo que selecciona, resalta y promueve opiniones de conductores que son opiniones de los empleados de los medios pero que se presentan como si fuera lo que está sucediendo en la realidad. Los excesos se notan por el hecho de que además de ser corporativos monopólicos en lo económico, pretenden generar a partir de los medios de comunicación una realidad virtual que sirva como marco en el que se procesen las acontecimientos de nuestro país. Se comportan como monopolios de la información, no hay competencia en lo económico pero tampoco es posible por su comportamiento faccioso que exista pluralidad en lo informativo. Lo correcto es que la Comisión Nacional de Competencia Económica tome en cuenta lo que se establece en la constitución respecto a la competencia económica para ordenar a las conductas de los medios y lo establecido en el artículo 6º. Constitucional que establece:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Lo que significa que no permita a las estructuras monopólicas la anulación de lo que es obligación de los medios de garantizar la libre expresión y de posibilitar el derecho a la información, así como, que el Consejo Federal de Competencia cumpla con su objetivo esencial de acuerdo a la ley federal de competencia en consonancia con:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Fracción reformada DOF 07-02-2014

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley…

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

Para garantizar la información que revise la conducta de los medios de comunicación para que se garantice el derecho a la información objetiva y con versiones en los medios que cuide su conducta para que sea plural e incluyente.

Lamentablemente los integrantes de los órganos de dirección de los órganos autónomos en comento son ahora parte muy importante de la oposición al régimen progresista de AMLO.

En esa trinchera tenemos a los la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación que pretenden, incumpliendo sus obligaciones de informar verazmente sobre lo que está sucediendo, evitar que se tenga una información plural e incluyente, con el afán de proteger intereses de los grandes negociantes, que pretenden crear una realidad ficticia que corresponda con la defensa de sus intereses y así ocultar las pillerías cometidas por sus socios neoliberales con el propósito implícito de permitir que sus actos ilícitos queden en la impunidad.  Obviamente sus intereses son  distintos a los que corresponden con el interés de mexicanos; en tal tesitura se encuentra el hecho de que no se analice lo que los jueces de los juzgados de lo administrativo, -que ignorando lo que la Constitución establece respecto al papel del Estado en su artículo 28-, otorguen amparos en contra de las normas que el Congreso de la Unión emitió para rescatar los sectores estratégicos que nuestro país tiene en el sector de los energético, tal es el caso de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, con el argumento pueril de que se está atentando en contra de la libre competencia, ignorando que los que se quejan de tener desventaja en la competencia, son monopolios nacionales y extranjeros que  tuvieron de su lado a los neoliberales radicales que capturaron al Estado para que se establecieran normas reglamentarias atentatorias al interés nacional y contratos leoninos, todos en detrimento de las arcas nacionales y, por tanto, contrarias al espíritu y a la letra de la constitución.

Qué bueno que ya un Tribunal Colegiado de la Comisión de Competencia declaró nulo el amparo concedido a algunas empresas monopólicas que pretenden evitar la aplicación de la ley eléctrica y se espera que lo mismo suceda con los amparos concedidos a empresas privadas también monopólicas, en contra de la aplicación de la Ley Federal de Hidrocarburos.

En caso de que no suceda así, es bueno pensar en la propuesta del presidente progresista de México en el sentido de entregar una iniciativa de reforma constitucional que evite que los saqueadores continúen intentando restablecer el panorama que les permitió su predominio.