Después de las elecciones pasadas donde millones de ciudadanos salieron a expresar sus preferencias políticas en el proceso más grande que se haya realizado en el país para elegir a más de 3.500 cargos de elección popular, se viene otro proceso que nos llevará nuevamente a decidir sobre la vida pública del país.

Como recordaremos, asociaciones civiles comenzaron a reunir firmas para realizar una consulta ciudadana y con ello definir si se llevaban a juicio a los expresidentes, pero fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien envió esta iniciativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló realizar la consulta.

Incluso se hablaba de que en esta jornada electoral se realizaría; sin embargo, será el próximo 1 de agosto cuando los ciudadanos salgamos nuevamente a una consulta ciudadana y decidir si habrá o no juicio a los expresidentes.

La pregunta será: ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?

Esta polémica acción claramente no tiene el respaldo de toda la clase política, sobre todo de los partidos de los que emanaron los expresidentes, ya que su imagen podría verse afectada para las próximas elecciones que serán en el 2024 y que incluso aseguran ya se están preparando.

Otro actor que no quiere realizar el proceso es el Instituto Nacional Electoral (INE), quien será es responsable de la logística y conteo de la consulta.

Ya había solicitado más recursos para llevar a cabo las elecciones y la consulta ciudadana, alegando un recorte presupuestal de 870 millones de pesos y tras estimar que con su aprobación y expedición el Congreso de la Unión violó su autonomía constitucional y presupuestaria.

Sin embargo, el INE con todo y los recortes está obligado a realizar la consulta ciudadana a nivel nacional.

Recordemos que Morena y aliados retuvieron la mayoría absoluta (la mitad más uno), pero para hacer cambios constitucionales u otros acuerdos de gobernabilidad para el país necesita de acuerdos con las fuerzas políticas minoritarias en especial con el PAN y el PRI y esta consulta ciudadana se convertiría en la carta de negociación que el presidente necesita. El tiempo y las circunstancias lo demostrarán.