En medio de la contienda electoral en marcha surgen innumerables interrogantes de fondo, así como episodios que en poco contribuyen a esclarecer los derroteros a seguir.

¿Conserva vigencia el sistema electoral que se entronizó a mediados de los años noventa tras la crisis electoral por la elección de la alcaldía de Huejotzingo?

¿Un órgano descentralizado es el medio viable para preservar la efectividad del sufragio, o por el contrario, lleva a un proceso de desinstitucionalización al privar al poder ejecutivo de la aplicación de una ley administrativa fundamental como dijera el administrativista español, Fernando Garrido Falla?

¿Es en realidad una ventaja judicializar los procesos electorales, o es restaurar el principio de la “competencia de origen” que llevó al país a una de sus mayores crisis institucionales en el cuarto final del siglo XIX?

¿Puede tipificarse como delito lo que por definición es una infracción de “policía y buen gobierno” sin que ello perturbe los mecanismos conducentes de procuración y administración de justicia?

La pérfida alianza del presidente Echeverría con el Partido Comunista para dar seguimiento a los movimientos subversivos y derrocar a los gobernadores de raigambre diazordacista, cristalizó en el control  de varias universidades públicas, control otorgado desde las más altas cúpulas del poder.

Momento por demás dramático que engendró al unísono de un bodrio en su momento denominado “universidad de masas”,  un “sociotipo” patético, ridículo, cursi y parasitario, que a lo largo de medio siglo pregona un origen de baja extracción social y ostenta con orgullo supuestos logros alcanzados, jamás obtenidos por cierto en el ejercicio lícito de las actividades comerciales o el ejercicio liberal de las profesiones.

Recomendado por personal cercano al director de Gobierno del estado, compadre del recientemente excarcelado Valentín Meneses, y ostentando cercanías al senador Ricardo Monreal -que mucho me agradaría cotejar con su suplente Alejandro Rojas-, Domingo Juárez Pedraza se apresta a coordinar acciones electorales en el Distrito XV federal con cabecera en Tehuacán.

En los días que corren en los que la plañidera invocación a los orígenes nada ponderan justifican o legitiman; la legislación sanciona severamente prácticas burdas que haciendo alarde de excesos de liquidez provenientes de inconfesables orígenes permitieron pulular por cerca de medio siglo a la peor escoria de la política nacional; escoria que al parecer, el sistema electoral vigente en poco o en nada habría ayudado a erradicar.

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