Del 13 al 15 de abril, el INAI y el Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México llevamos a cabo la Tercera Cumbre Nacional en la materia que giró alrededor de la emergencia sanitaria por COVID-19, de la cual resulta pertinente recapitular diversas reflexiones que ahí se registraron.

Y es que fue justo ese tema, la pandemia, el centro de los trabajos y de la discusión en la que destacó en especial la pluralidad de voces de la sociedad civil, misma que desde hace una década ha sido pieza clave en la materialización de las teorías de Gobierno Abierto en forma de planes nacionales de acción, como el que actualmente sigue en construcción.

Precisamente en ese proceso se ha puesto de relieve la importancia de la transparencia, así como la necesidad de una rendición de cuentas efectiva y de la participación ciudadana en la actual situación en la que se busca mitigar los efectos de la emergencia sanitaria.

Desde el INAI hemos constatado que la sociedad ha hecho patente su interés en conocer las acciones gubernamentales emprendidas en la gestión de la crisis de salud pública, así como para la recuperación social y económica.

Están también en el ojo público los acuerdos internacionales, la adquisición y disponibilidad de insumos médicos, la ocupación hospitalaria, el programa de vacunación y el impacto de la pandemia para distintos sectores de la población, a lo que se suman los efectos de las dos pandemias que enfrentan las mujeres en nuestro país.

Respecto a este último tema, a nombre de la sociedad civil que se reunió en la Cumbre, Fátima Gamboa Estrella, codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, enfatizó que las mexicanas no sólo padecen y perecen por COVID-19, sino también sufren la otra pandemia, la de la violencia que sigue costando vidas.

Citando a la Organización Panamericana de la Salud, dijo que “las violencias en contra de las mujeres son un problema de salud pública preocupante en el mundo, que no únicamente repercute en la salud, sino también en las oportunidades económicas, derechos y el bienestar de las mujeres, cuyos efectos trascienden a sus familias y a sus comunidades”.

Además, remarcó que observan “con preocupación que nos estamos enfrentando a un contexto de achicamiento del Estado bajo una lógica de austeridad, que los espacios cívicos de participación cada vez son más limitados y (que hay) una tendencia a criminalizar a organizaciones que defienden derechos humanos como la libertad de expresión, la tierra y el territorio y la vida libre de violencia de las mujeres”, y de paso hizo un llamado a los Poderes Judiciales del país, “para transitar de un modelo de Gobierno Abierto a uno de Estado Abierto”.

Otra de las voces que habló en representación de la sociedad civil, fue la de Manuel Guadarrama, integrante del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien refirió que “no basta con tener los derechos en la Constitución, es necesario garantizarlos, ejercerlos y frecuentemente defenderlos. El derecho a la salud no es la excepción”.

“No puede haber Gobierno Abierto sin información pública. Brindar información es empoderar a las personas para exigir sus derechos, en este caso, el derecho a la salud. En esto radica el valor social de la información pública: en la incidencia que tiene la información en la vida cotidiana de las personas: ¿en qué hospitales se puede uno atender?, ¿qué vacunas ha comprado el gobierno?, ¿cuál es el plan de vacunación?, ¿cuánto y de dónde se están pagando las vacunas?, ¿cómo compra el gobierno?, ¿por qué es información confidencial y no es pública? El valor social de la información pública radica en que se puede gestionar las demandas sociales y los procesos de una manera más organizada, se avanza en controlar de mejor forma la corrupción, (se generan) estándares más altos de transparencia y (hay) un crecimiento de la gobernanza y el Estado de Derecho”.

Por otra parte, es oportuno recordar que desde septiembre de 2011, nuestro país es parte del grupo de los ocho impulsores mundiales de la Alianza para el Gobierno Abierto; a decir de Joe Powell, Director Ejecutivo Adjunto de la Alianza por el Gobierno Abierto, México ha sido ejemplo e inspiración para otros países en la implementación de los mecanismos de Gobierno Abierto, que en diversas latitudes enfrentan el reto de mejorar el acceso a los servicios de salud para la población y la transparencia de los mismos.

En nuestro país, el impulso del Gobierno Abierto forma parte de los mandatos que deben atender los organismos garantes. Por ello, atendiendo esta responsabilidad, las y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, que incorpora, entre otras instituciones, a los 32 organismos garantes del país, hemos venido trabajando de manera permanente en esta dirección.

Los objetivos de la Alianza, en nuestra convicción, se mantienen vigentes, y hoy como nunca se ha puesto de manifiesto que las mejores soluciones a los problemas públicos serán siempre aquellas que resulten de la coordinación y colaboración entre gobiernos transparentes, accesibles y receptivos, por un lado, y una activa y participativa sociedad informada, por el otro.

Desde el INAI consideramos que la apertura institucional es fundamental en el día a día y, más aún, para el manejo de momentos complejos, como es el caso de la atención de la emergencia sanitaria por la que atravesamos.

En estos escenarios de gran incertidumbre y momentos complejos, una sociedad más informada y participativa, es capaz de tomar mejores decisiones, y sumarse al despliegue de las acciones preventivas y de mitigación.

La clave está en la calidad y sentido de oportunidad de la información que se brinda a la sociedad. Asimismo, el involucramiento activo de la ciudadanía en los asuntos públicos, la vigilancia social del desempeño de las autoridades y el análisis de información útil y de calidad, deriva en relaciones virtuosas que pueden hacer más eficiente el diseño de las políticas públicas, y potenciar su impacto, así como el ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud.

Desde el INAI reconocemos a los organismos garantes por sus esfuerzos permanentes en la agenda de Gobierno Abierto, a la Secretaría de la Función Pública, así como, a las diversas instituciones gubernamentales que participan en la elaboración y posterior aplicación del próximo Plan de Acción de Gobierno Abierto. En especial, es de reconocerse el destacado papel de las organizaciones de la sociedad civil por su férrea voluntad, involucramiento y trabajo incansable para hacer crecer la agenda del Gobierno Abierto. Es imposible pensar en el avance de ésta y en los logros alcanzados, sin la participación de la sociedad.

El momento histórico que nos toca atestiguar está marcado por el cambio y la evolución constante, pero también por actos de entrega, de compromiso y de fraternidad. Estas lecciones, sin duda, serán determinantes para encarar los desafíos del futuro, con la certeza de que para superar los más complejos, no basta con el trabajo individual de las instituciones, sino que se requiere de la suma de voces, ideas y esfuerzos. Este es el espíritu del Gobierno Abierto, que fue guía del diálogo de la reciente Cumbre. Para conocer los detalles, les invito revisar los videos y a acercarse a los conceptos básicos del Gobierno Abierto.