Hace algunas semanas, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención con sus declaraciones acerca de la organización Artículo 19, donde aseguró que “pertenece al movimiento conservador que está contra nosotros”. 

     Las declaraciones estigmatizantes hacia esta organización se dieron bajo el contexto de la publicación de su reporte anual, Distorsión: El discurso contra realidad, el cual expone cómo se encuentra el país en materia de libertad de expresión. Sin embargo, los resultados de este informe pasaron a segundo plano después de las declaraciones del presidente.

     Dentro de este documento, se reporta que se documentaron 692 ataques a la prensa, lo que representa un aumento del 13.92% con respecto al 2019. De esta forma, reportándose una agresión contra la prensa cada 13 horas. Además de ello, se identificó que un 49.5% de estas agresiones fueron perpetradas por funcionarios públicos. 

     Aunado a lo anterior, la organización Reporteros Sin Fronteras en 2020 posicionó a México en el lugar 144 de 180 del ranking mundial de situación de libertad de prensa y calificó la situación del país como “difícil”.

     Durante sexenios pasados la situación con respecto a la libertad de expresión también había sido complicada, sin embargo, durante los últimos dos años, han aumentado los actores sociales que pueden violentar la labor periodística. Una de las causas de las agresiones es el discurso gubernamental federal y local, que estigmatiza a la prensa así desviando la atención de la información que los medios cuestionan. 

     Artículo 19 también refirió que: “AMLO centralizó en su figura la comunicación de la administración que encabeza. Desde la tribuna de las “mañaneras” el presidente pontifica, juzga, moraliza, estigmatiza, informa y… desinforma.”

     Junto a esto, la organización Verificado reportó que, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, se analizaron mil 499 frases de las cuales, 264 resultaron engañosas y 262 engañosas; es decir casi 4 de cada 10 frases no fueron verdaderas.

     Un discurso con datos falsos y expresiones estigmatizantes de parte del personaje con más influencia en el país, agrede directamente la labor periodística y propicia un escenario para que más actores repliquen estas acciones. 

      Artículo 19 refiere que: “esta estrategia ya no es exclusiva del presidente, sino que diversas personas servidoras públicas y particulares la usan ya como una herramienta para amenazar y silenciar las voces disidentes. Ello también se ha convertido en una manera de desviar la atención del mensaje crítico y centrar la discusión en la persona o medio que funge como mensajero”

     Este hecho que refiere la organización es aún más tangible en el estado de Puebla, que, para el primer semestre del año pasado, de acuerdo con los datos de Artículo 19, se encontraba en el segundo lugar de agresiones contra la prensa, con 49 registradas. Además, según datos de Ladobe 25 fueron vinculadas al gobierno de Miguel Barbosa. 

     Además, es importante destacar que otra forma de agredir a la prensa son los ataques digitales, Artículo 19 reportó que, de los 692 ataques en 2020, el 27.6% fue digital, como ataques informáticos a distintos portales de medios que son críticos tanto con el gobierno federal como con gobiernos locales. 

     La situación de la libertad de expresión en el país al mismo tiempo que afecta la labor y los derechos que tienen las personas que se dedican a informar, afecta el derecho que tiene toda la ciudadanía a ser informada. Y, una sociedad desinformada no tiene las herramientas para decidir de forma crítica y exigir sus derechos.

     Es necesario comprender que si la prensa, uno de los contrapesos de la sociedad, es agredida, las afectaciones incluyen a todas las personas, ya que sus derechos también están siendo violentados, en primera instancia, el de conocer qué es lo que ocurre realmente en su entorno. 

     La labor periodística es fundamental para la democracia, sin contrapesos que sean críticos ante la gestión de un gobierno, no podría existir un sistema democrático donde se respeten los derechos de todas y todos. Por lo que, en el contexto actual, es imperativo reconocer la labor periodística y contribuir a su protección.