Ellas al poder

  • José Abraham Rojas
Los partidos deben ser creativos para socializar derechos y libertades de las mujeres

La participación en condiciones de igualdad en términos aritméticos de las mujeres en la política es un imperativo jurídico que, pese a estar establecido en las leyes mexicanas, en la realidad representa un desafío tanto para las mujeres con interés en participar en la política, particularmente que buscan ser candidatas a algún cargo de elección popular, como para los instituciones políticos que cada proceso electoral enfrentan resistencias sociales y políticas.

En el estado de Puebla, como en todo el resto de la república, tenemos un grave problema con relación a estructuras institucionales y sociales, así como a conductas discriminatorias y, con no poca frecuencia, lamentablemente también violentas en contra de poblaciones que históricamente se han encontrado en una posición de subordinación e inferioridad frente a otras poblaciones dominantes. Pasa en el caso de las mujeres, de las personas indígenas, afromexicanas, identificadas como parte de la(s) comunidad(es) de diversidad, personas que con antecedentes penales –en este supuesto, por ejemplo, Pedro Carrizales “El Mijis”, probablemente no habría podido ser diputado local en San Luis Potosí–.

A pesar de que (i) en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte, reconoce en su artículo 25 que todas las personas con la calidad de ciudadanas pueden participar en las elecciones para cargos públicos en sus países; (ii) de que la Ley General de Partidos Políticos (2014) reconoce como un derecho político electoral de las ciudadanas mexicanas el propio derecho de votar y ser votada “para todos los cargos de elección popular” y, (iii) de que recientemente –en abril del 2020– fue adicionado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) el capítulo relativo a la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se define como “toda acción u omisión, incluida la tolerancia […] que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.

Como podemos observar, los derechos políticos cuentan con una protección jurídica amplia, que se logra con fundamento tanto en la legislación mexicana como en los tratados internacionales firmados y aprobados por México o, bien, a partir de la configuración de las disposiciones de las normas jurídicas mexicanas en conjunción con los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Pero, recordando al doctor Pedro Salazar, los derechos solamente adquieren un sentido y un valor plenos cuando pueden ser ejercidos.

¿Por dónde comenzar? Indiscutiblemente, las medidas adoptadas desde el ámbito legislativo para promover la participación de las mujeres en la política y, en particular, en las elecciones, han sido fundamentales para que, por ejemplo, en la actualidad prácticamente haya paridad en la Cámara de Diputados. El siguiente paso debe ser que los partidos políticos y los actores que en ellos participan, fomenten y muestren un compromiso genuino y firme a favor de la participación política de las mujeres.

Por ejemplo, para los partidos políticos nacionales es relativamente sencillo detectar en dónde se encuentran aquellos foco rojos en la geografía del país en los que prevalecen actitudes en extremo machistas que inhiben y que, pese a todo el andamiaje jurídico que se ha construido en México, incluso prohíben la participación de las mujeres en la vida política de sus comunidades. Sin lugar a dudas las medidas afirmativas aritméticas que se han diseñado para abrir espacios en la política para las mujeres son y durante algún tiempo seguirán siendo esenciales; no obstante es también relevante prestar atención a lo cualitativo, y es en este punto en donde el sistema político mexicano pero, en particular, los partidos políticos, deben ser creativos para socializar los derechos y las libertades políticas de las mujeres, así como la importancia de la participación de las mismas en los distintos niveles de la política: desde una junta de vecinos hasta una presidencia municipal.

Debemos aspirar a que cada vez haya más espacios agenciados por las mujeres, pero conseguidos a partir de la estructuración de redes sociales sólidas, es decir, de fuerza política más que de imposiciones normativas. Esta elección que se avecina será un pequeño paso más hacia la potencial consecución de ese objetivo.

 

Twitter: @JAbrahamRojas.

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José Abraham Rojas

De formación jurista, siempre con interés en los temas constitucionales, se ha especializado en temáticas de derechos humanos, con enfoque en los estudios de igualdad sustantiva, no discriminación y libertad de expresión.