Este lunes se hablará de manera insistente, en el regreso a clases de miles de niños en el país y seguramente, en las estrategias que se estarán implementando para que se abran las escuelas, sin embargo, es importante reflexionar en la vida de muchas niñas y niños que no podrán asistir o regresar a la escuela, porque su realidad está inmersa en situaciones que se dejan de lado y que es necesario visibilizar.

Para muchos de nosotros, el observar a niños migrantes de diversos orígenes se funde con  el entorno cotidiano, como los que venden solos o con sus familias diversas artesanías, aquellos que están con algún adulto pidiendo aportación en algún crucero en las ciudades, aquellos que transitan nuestro territorio para llegar a la frontera o aquellos que viven en entornos de violencia familiar o colectiva.

Cada uno de esas niñas y niños tienen una historia de vida, muchas veces marcada por la discriminación, la pobreza y la deshumanización, en una realidad compleja donde muchas veces, sus derechos son vulnerados. Ahora es imposible negar que existe una situación mundial en la que se asoman formas de vida con condiciones de alta vulnerabilidad a la que se enfrentan muchos niñas y niños, donde, además, se suma a la propia violencia en la que viven por la imagen torva que ha proliferado, por ejemplo, con los migrantes.

A todos debiera de importarnos la parte trágica de la vida de las infancias migrantes en México, hace poco  Miguel Ángel Rodríguez publicó  un excelente  artículo, disponible en este espacio digital  https://www.e-consulta.com/opinion/2021-03-26/tsotsiles-en-puebla-infancias-indigenas-migrantes-y-trabajadoras en donde denuncia la circunstancia ominosa que viven las infancias indígenas migrantes y trabajadoras de nuestro país, y, en particular, la de  las familias migrantes tzotziles que viajan como sombras de Mitontic, Chiapas, a la Ciudad de Puebla.

En ese artículo se desvela como la aplicación normativa del estado, no toma en cuenta los múltiples sentidos que el trabajo infantil migrante adquiere como constructo comunitario sociohistórico entre los pueblos indígenas, porque los enfrentan a graves sufrimientos familiares por las generalizaciones descriptivas y normativas que estereotipan, estigmatizan y criminalizan las estrategias de supervivencia de las familias tzotziles.

 Estas indígenas y sus familias son por tradición  tejedores maravillosos, elaboran  blusas, rebozos, fundas para celulares, vestidos, cachuchas, carpetas etc. donde las niñas,  niños y adolescentes colaboran tanto en la confección como en la comercialización de sus productos, por lo que es necesario que antes de aprobar un proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil en el estado de Puebla, se deben de  tomar en cuenta sus derechos, dialogar y escuchar las voces y significados de los propios niños y niñas tzotziles y, por supuesto,  los argumentos y narrativas de sus padres para encontrar el sentido verdadero para poder actuar, porque muchas veces  los separan de sus familias sin explorar las consecuencias psicológicas, familiares, culturales y sociales  que conllevan y  en donde se   muestra un proceso de aplicación de leyes  tortuoso en el que, en lugar de protegerlos, se violan sus derechos.

Tres cuestionamientos vienen a mi mente: ¿Cuáles son los derechos de estos niños y niñas? ¿Cómo se está actuando para preservar sus derechos? ¿Cuántos niños están en procesos inciertos de aislamiento, sufrimiento, sin comunicación porque no hablan español o bien, si los ubicamos en el contexto de los migrantes en Estados Unidos, no hablan inglés? 

Porque también las sombras crecen en las ciudades fronterizas y en los Estados Unidos, aun cuando ha disminuido la retórica amenazante del discurso Trumpista que provocó el desmantelamiento del sistema. Hoy, aún con el nuevo discurso y los proyectos planteados siguen amenazando a los migrantes, especialmente a los miles de migrantes menores de edad no acompañados (la mitad  de ellos mexicanos) que pretenden cruzar la frontera  norte de nuestro país, expuestos al crimen organizado, a la violencia y discriminación, al  hambre y frio, sin acceso a los servicios fundamentales y que son detenidos por  ingresar a un país o a un territorio distinto del que nacieron que los criminaliza,  porque sus padres o tutores no realizaron un trámite administrativo.

La retención y el encierro genera graves consecuencias no solo físicas, especialmente psicológicas. Si bien Biden ha decidido acabar con la crueldad de la separación de las familias, en marzo existían 3200 niñas y niños en instalaciones migratorias en los Estados Unidos, en donde hace poco se les enjaulaba y se les deportaba al ser interceptados al cruzar la frontera.

El desafío que ahora enfrentan es lograr que todos los menores de edad no acompañados no puedan estar más de 72 horas en los centros detención de la patrulla fronteriza y ser canalizados a albergues administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para después, de que sus casos sean procesados, puedan unirse con familiares o con anfitriones verificados en los Estados Unidos.

Está aprobado un proyecto que comprende la revisión de los programas de inmigración legal y se ha conformado un grupo para apoyar esas acciones, esto llevara tiempo y aunque exista buena voluntad, las dificultades son enormes para llevarlo a la práctica, especialmente cuando se toman otra vez como bandera política para impulsar el temor, el odio en contra de migrantes fomentando la xenofobia.

Ambos casos, los de las niñas y niños migrantes tzotziles y los menores migrantes no acompañados, enfrentan muchas veces, procesos legales que atentan en contra de sus derechos y cuentan con acceso limitado o la carencia de servicios sociales y educativos.

En ese contexto sombrío, hay que valorar y visibilizar aquellos proyectos cooperativos y educativos que existen en nuestro país, como el de Yo´on Ixim (Corazón de Maíz A.C.) en Puebla, que se centra en el cuidado del ser de los niños, niñas y adolescentes, tzotziles migrantes. Ellas y ellos como muchas otras asociaciones civiles, articulan actividades conjuntas tanto en los contextos como lo que ocurre en las escuelas, que refuerzan las redes de apoyo y permiten la difusión los derechos humanos.

De la misma forma, muchas organizaciones civiles lo hacen en la lucha contra la violencia de los migrantes menores de edad no documentados, tanto centroamericanos como mexicanos, para lograr que se garanticen sus derechos.

Este domingo, se publicó una noticia también relacionada con la infancia: “Treinta y un niños de seis a 11 años se integraron ayer a la policía rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en Ayahualtenpa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero para defenderse de los grupos criminales que azotan la región (la Jornada 11/04/2021)” y entonces me pregunto ¿Cómo se hacen valer los derechos de todos estos niños?

Estos casos que describo no son únicos, hay muchos, muchos más, por eso insisto en la necesidad de insertar tanto en el proceso escolarizado el conocimiento del contexto que rodea a cada institución escolar como lo que sucede a nivel social, ante la necesidad de fundirnos con los otros en el entorno, reconociendo sus necesidades individuales y colectivas, acercándonos a las experiencias de vida en cada realidad social.

No basta informar y hablar sobre los derechos de los niños y niñas, es necesario andar el camino, reconocer las historias e intentar desde nuestros espacios, construir en los hechos un futuro mucho más justo para nuestra infancia, tomando en cuenta el constructo comunitario sociohistórico en el que se han formado para entonces sí, contribuir en hacer valer sus derechos.