Como era inminente, este pasado martes nueve de marzo, a través de su Gaceta Parlamentaria No. 5735-II, la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó el decreto que expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978. Si consideramos la fecha de la ley que abroga, de inmediato se nota la pertinencia de actualización, sin embargo, con un análisis de aproximación, se puede notar, que la nueva ley, viene a sistematizar e integrar en un cuerpo de texto, lo que en la práctica ya existía, en buena parte.

Más allá de los múltiples aspectos en los que podríamos detenernos, al revisar los setenta y siete artículos que la integran, más sus veintiuna disposiciones transitorias, quisiera señalar dos que me parecen particularmente de interés: a) la mirada que proyecta sobre las Instituciones de Educación Superior de financiamiento privado, por una parte, prácticamente invisibles, y por otra, como entidades a las que hay que controlar y supervisar, más que como posibles aliados en la construcción de una educación mejor; y, b) el proceso que le corresponderá vivir a la sociedad poblana, en la tarea de hacer lo propio, tanto entidad federativa.

En cuanto al trato y significado que en esta ley tienen las Instituciones de Educación Superior de Financiamiento Privado, basta con una revisión ligera de los artículos del 68 al 77, correspondientes al título séptimo, denominado: “De los particulares que impartan educación superior”, para darse cuenta de que aparece con énfasis la dimensión de las obligaciones, señalando la necesidad de control y supervisión, y cuando se habla o se sospecha que se habla de derechos, se refieren a los ámbitos de lo operativo y que se remiten a los que cualquier organización social e incluso mercantil, tiene. En ningún momento, se reconocen los aportes que realizan en beneficio social, ni mucho menos los que podrían hacer si se les concibiera con la posibilidad de colaboración en la construcción de mejores rutas para la educación superior en nuestro país.

Ahora bien, en el quinto transitorio del texto, se menciona: “Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el Decreto. Dicho proceso se llevará a cabo en un marco en el que se considere la participación de instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa”. De este texto, se pueden señalar como significativos, tres elementos: a) El primero se refiere al periodo del que se dispone en Puebla, para hacer la tarea, ciento ochenta días, no podemos permitir que nuevamente, el tiempo se nos venga encima y se utilice como limitante para mostrar apertura a la democracia participativa; y, b) justamente la tarea de armonizar la legislatura estatal a la federal, otro aspecto delicado y que habrá que cuidar en la construcción del texto, pero también, que estén de acuerdo a las condiciones reales de una entidad con el perfil que nos caracteriza, debido al atractivo regional que representamos para quienes buscan alternativas educativas de calidad; y c) el tercero, consiste en el señalamiento de la necesidad de participación abierta de instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa, ya que con esto, se exige una apertura al diálogo y construcción ciudadana, que no se encuentra fácilmente en esta administración.

Sin duda, estamos de frente a un momento importante para la educación superior de nuestra entidad, y debemos no solo estar dispuestos, informados y atentos, sino adoptar una postura de exigencia en la búsqueda de hacer efectivo nuestro derecho a decidir lo que, en materia educativa, especialmente la superior, se ha de realizar.

Bueno, yo nada más digo…