Desde que nació el Movimiento de Regeneración Nacional, el manejo discursivo sobre la forma en que observaban la problemática nacional y sus supuestas alternativas de solución, para muchos (incluyéndome), estaban provistas de un fuerte contenido populista y una tendencia total a centralizar el poder, en aras de un ejercicio gubernamental totalmente controlador.

Sin embargo, bajo la promesa de velar por los intereses de los más necesitados y comprometiéndose a realizar como primeras medidas de un gobierno denominado cuarta transformación, bajar los precios de la gasolina, gas, diésel y luz, obtuvieron la confianza del grueso del electorado, para establecerse en la mayoría de los puestos de representación popular, incluyendo el de la Presidencia de la República.

Pues bien, después de casi tres años en el ejercicio del poder y de un sinfín de muestras del nulo compromiso con el cumplimiento a sus promesas, (véase el actual precio de los combustibles básicos), así como del compromiso adquirido con la ciudadanía que le otorgó su confianza, hoy la cuarta transformación nos da una muestra más que el cambio prometido, nuevamente es una falacia política.

La madrugada del miércoles en el Senado mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concretó su "golpe de timón" en el sector energético de México. Con su nuevo capricho denominado: Ley de la Industria Eléctrica, el cual le aprobaron sin ninguna objeción.

El paradigmático cambio que plantea su reforma, evidencia un serio conflicto ambiental, que tanto oposición, como expertos, detallaron durante el debate parlamentario, asimismo, asesta un golpe a las fuentes limpias, por ejemplo, la energía eólica. Aun cuando éste sigue siendo uno de los principales problemas de la CFE, dado que muchas de sus centrales térmicas observan una total obsolescencia. El criterio deja así de ser la eficiencia a cambio de una concentración del mercado y a eso se añade que con la reforma ya no serán obligatorias las subastas para la compra y suministro de energía eléctrica.

De igual forma, las consecuencias, son preocupantes para el medio ambiente, lo que choca con el discurso de lucha contra el cambio climático defendido por el mandatario, y para la economía.

Por otra parte, desde que se conoció la iniciativa de ley, la inconformidad de las empresas afectadas se hizo palpable, dentro y fuera de México.

La Cámara de Comercio de EE.UU. advirtió el mes pasado que la reforma representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Ese tratado de libre comercio, prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas estatales, situación que justifica el gobierno federal con el fundamento de atacar la corrupción de los particulares que hoy brindan el servicio mediante subasta que, como apuntamos, anteriormente dejaran de existir y ahora será mediante elección directa del gobierno, situación que también contradice lo planteado desde campaña al prometer terminar con las asignaciones directas.

La reforma aprobada por el Senado y su aplicación, traerán como consecuencia la inconformidad de las empresas y del gobierno de Estados Unidos que le apuestan a las energías limpias y a que prevalezca la libre competencia en esta y otras materias estratégicas para la economía de ambas naciones.

Es de llamar la atención que en la última videoconferencia entre los Presidentes Biden y López Obrador se hablara de que existen coincidencias en materia de protección al medio ambiente, cuando el Gobierno mexicano en forma abierta está violentando el T-MEC con dicha reforma, lo que hace previsible una serie de demandas en contra de nuestro país, por el incumplimiento a lo pactado en el tratado. ¿Cuánto nos costará a los mexicanos, este capricho del Presidente?

En fin, como podemos observar la ley en comento, es una nueva manifestación de evidenciar quien ostenta el poder y quienes serán los únicos en ejercerlo, sin importar los daños colaterales o directos que la misma ocasione en el sector industrial, comercial, económico y ecológico de nuestro país.