Enmarcado en el proceso electoral del seis de junio, los grupos radicales de izquierda y los “progres” han desatado una serie de presiones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que exhiben el desgaste en su tercer año en funciones.

Dentro del proceso electoral, la renovación de la Cámara de Diputados es el punto neurálgico pues se ahí se dibujará el futuro del país. De ahí se podría desprender un auténtico equilibrio de poderes; una reactivación ciudadana y de la oposición y un reacomodo de fuerzas rumbo a la sucesión presidencial del 2024.

Ante ese escenario, algunas corrientes compañeras de viaje de López Obrador en 2018 para alcanzar el poder y que hoy ven lejos sus aspiraciones ideológicas impulsan todo tipo de presiones.

Algunos de esos frente son los amparos para frenar la construcción del Tren Maya; los intentos por legalizar la marihuana; la radicalización de las feministas y el impulso de leyes a nivel federal y en varios estados para legalizar el aborto, las uniones entre personas del mismo sexo, o simplemente cumplir la agenda del movimiento lésbico gay.

En el primero de los casos se trata de organizaciones ligadas al EZLN o a grupos internacionales opositores abiertos a López Obrador a quien consideran un eslabón más del viejo régimen y defensor de esos intereses.

En el caso de los feministas, hasta ahora siguen al nivel de presiones, no rompen con López Obrador ni con su gobierno, radicalizan posturas, movilizan grupos violentos, radicalizan el discurso de odio y ganan presencia pública.

Aquí es donde se enmarcan diversas acciones de los últimos meses desde algunos congresos locales y el federal.

 

Las radicales y su madrina.

Abiertamente promotora del aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas desde que fue electa senadora en 2018 (cargo al que pidió licencia para asumir la secretaría de Gobernación), Olga Sánchez Cordero se ha convertido en la principal promotora de esos grupos.

Ha llevado a las portadores del pañuelo verde (insignia del abortismo internacional) a tomarse fotos grupales con el Presidente; ha promovido la firma con agencias de la ONU promotoras del aborto y del choque cultural entre hombres y mujeres.

Alineados principalmente en Morena y en Movimiento Ciudadano, esos grupos han sido los impulsores de iniciativas de ley para legalizar el aborto en el Congreso federal y en los congresos locales como Puebla, Quintana Roo y Michoacán.

Ante la ausencia de respaldo social han utilizado a grupos de mujeres entrenadas para la violencia que protestan, pintarrajean y toman las sedes de los congresos locales para presionar a favor de esas iniciativas.

A nivel federal son aquellas que el último día del año pasado promovieron posicionamiento para comprometerse a legalizar el aborto, como respuesta a una declaración del Presidente López Obrador quien dijo que era un asunto que debían resolver las mujeres.

En las últimas semanas promovieron acciones y dos iniciativas para ser votadas en el pleno con un alto contenido ideológico.

Firmaron un acuerdo (memorando de entendimiento) con ONU Mujeres y otras seis agencias internacionales para construir una “agenda legislativa vinculante”, tras lo cual surgieron iniciativas enfocadas a legalizar el aborto y a amordazar a líderes religiosos que con sus opiniones “discriminaran” al lobby gay.

La primera fue una iniciativa de “igualdad sustantiva” que busca modificar 19 artículos de la Constitución y la otra que busca modificar la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público enfocada expresamente a amordazar a los religiosos que critiquen al movimiento lésbico gay.

Las dos están pendientes de ser votadas en el pleno de San Lázaro.

Y en ese contexto se encuentra el enfrentamiento de esos grupos en contra de la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero acusado de violación.

Diversos grupos radicales de Morena, promotores de los grupos violentos de mujeres, han presionado al Presidente y a la dirigencia de su partido para exigir su destitución como candidato.

Así, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se presenta como el escenario culmen de confrontación entre los radicales contra el gobierno y el partido oficial, Morena.

Sabedores de que este periodo de sesiones en el Congreso federal (febrero-abril) es su última oportunidad para imponer sus proyectos ideológicos, los radicales de Morena aliados con Olga Sánchez Cordero podrían subir el nivel de presiones.

Para ellos no hay mañana, ven diluidas sus expectativas en las próximas elecciones.

Para López Obrador y el partido oficial, Morena, insertar estos temas en la agenda pública les representa un claro riesgo para potenciar la inconformidad ciudadana y perder las elecciones del próximo seis de junio.

Al tiempo.

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