La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que llevó a cabo el Senado antier es el último de los muchos golpes que el presidente López Obrador le ha dado a la inversión en nuestro país. Y como se sabe, de la inversión depende la generación de empleo, el pago de salarios, el bienestar económico y, sobre todo, la reducción de la pobreza. No es posible reducir la pobreza si no hay crecimiento económico, por más programas sociales y más dinero que se les de a los casi 70 millones de mexicanos en condición de pobreza. Esta afirmación no es ideológica, es empírica.

Al aprobarse la reforma eléctrica, además de las consecuencias graves de contaminación y cambio climático ya documentados (https://signosvitalesmexico.org.mx/rb/wp-content/uploads/2020/10/Pandemia-en-Me%CC%81xico-SC-1.pdf), el presidente está condenando al aparato productivo a enfrentar costos más altos de energía. Además, al producir la electricidad con combustibles fósiles (incluído el combustóleo), las empresas que usen esa electricidad tendrá que pagar impuestos ambientales que ya están en camino, sobre todo por la política ambiental de Biden y Trudeau y por lo establecido en el T-MEC. Al ser más cara la energía y además tener que pagar impuestos ambientales, la competitividad de nuestro sector productivo se reduce en comparación con nuestros socios comerciales que disfrutan de energía más barata y de mejor calidad. Ello representa un duro golpe a los incentivos a la inversión y la hace más costosa. Por tanto, los inversionistas nacionales y extranjeros preferirán establecer sus plantas productivas en otro país, ahí donde tengan un costo de la energía más barata.

Todo empezó desde fines de octubre de 2018, cuando López Obrador decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ese fue el primer golpe a la credibilidad en nuestro estado de derecho pues no había ninguna razón para hacerlo, más que la voluntad presidencial (incluso por encima de la opinión de los vecinos de Texcoco) lo que determinó cancelar esa obra que sería un gran detonador de la inversión en el país. Fue un “knock out” a los incentivos a la inversión por los altos costos de conectividad.

Otro golpe fue la cancelación de la planta cervecera Constellation Brands en Baja California, a pesar de que ya habían invertido el 70% del capital y la empresa contaba con todos los permisos acordes con la regulación vigente. La decisión “se fundamentó” en una encuesta “patito”, es decir, en la voluntad extrajurídica del presidente.

Equiparar la evasión fiscal con crimen organizado, a la par de la posibilidad de expropiar bienes sin sentencia de por medio a través de la ley de extinción de dominio, es dejar en la indefensión a las personas. No en balde ha habido tal cobro de impuestos de empresas que estaban en litigio administrativo con el SAT, al grado de llevar a la Barra Americana de Abogados a enviar una carta al presidente López Obrador de que le permitiera a las empresas defenderse jurídicamente. Sentirse en la indefensión ante cualquier problema fiscal (que no implica defraudar al fisco), con tan graves consecuencias, no es precisamente un estímulo a la inversión.

Además, con la reforma eléctrica del martes, la estabilidad de nuestro estado de derecho y el respeto a los tratados internacionales quedó nuevamente en entredicho. Primero se le trató de dar la vuelta a la ley mediante decretos o regulaciones internas del Cenace (el “decreto Nahle”), y cuando la Suprema Corte lo echó para atrás, el Ejecutivo mandó como iniciativa preferente esta reforma, que también tiene visos de inconstitucionalidad. No sólo eso, sino le pidió al Congreso “no cambiarle ni una coma”, lo cual ocurrió tal cual sin importar el proceso de “parlamento abierto” que presentó las objeciones de especialistas y el rechazo de numerosas organizaciones ambientalistas y centros de investigación.

Como se ha dicho, esta ley generará cientos de litigios para el gobierno mexicano y seguramente acciones de inconstitucionalidad que quizás la echen para atrás en unos meses. Pero mientras eso ocurre, y ojalá así suceda, el mensaje a los inversionistas nuevamente queda muy claro. La voluntad del presidente está por encima de los intereses del país y del respeto a los acuerdos a los que haya llegado en el pasado. Lo único que nos queda, como salvaguarda de nuestro orden constitucional, es la Suprema Corte de Justicia, la cual todavía nos debe un buen número de determinaciones que justamente significan si las leyes están o no por encima de la voluntad presidencial.

No debe extrañarnos entonces que la inversión se haya desplomado desde fines de 2018. López Obrador la está matando a palos. Con estas decisiones, no habrá de llamarnos la atención la lentitud con que se recuperará la economía, la pérdida permanente de empleos y masa salarial, y el empobrecimiento de la población. Y seremos cómplices de López Obrador si no logramos contener ese poder absoluto en las urnas el próximo 6 de junio.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Signos Vitales

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ECardenasPuebla