A partir de la iniciativa del presidente de la República para reglamentar la energía eléctrica es indispensable distinguir entre tres cosas: interés público, monopolios estatales y clase política. La iniciativa confunde las dos primeras e ignora la tercera.

La propuesta presidencial considera que, si la producción y comercialización de la energía eléctrica es un monopolio estatal, o se acerca a serlo, el interés público, o el interés nacional, saldrán favorecidos. Pero lo más probable es que suceda lo contrario.

La iniciativa del ejecutivo amenaza dos valores constitucionales, dos bienes de interés público: la competencia y el derecho a un medio ambiente limpio.

La competencia, la posibilidad de elegir entre distintos proveedores de un bien no es un dogma. Es un valor que deber ser puesto a prueba. Lo ha sido, y en muchos casos ha demostrado ser un bien público: genera productos y servicios de mayor calidad y menor precio. Nadie propone, abiertamente al menos, monopolios estatales en la producción y venta de automóviles, o en los restaurantes, para poner solo dos ejemplos. Sería absurdo.

Diversos datos publicados indican que la empresa del Estado, la CFE, produce energía muy cara y muy contaminante. Si se aprueba la propuesta presidencial, que castiga la producción privada de energía mucho más limpia y barata, es obvio que, o se aumentan las tarifas eléctricas, o se subsidian.

Quién sí gana con los monopolios estatales es la clase política. No sólo les da acceso a más puestos de trabajo, también a recursos financieros y otras fuentes de poder. Los monopolios estatales pueden dañar el interés público y beneficiar un interés particular: el de algunos integrantes de la clase política.

Los ejemplos abundan. Por ahora uno solo: Emilio Lozoya Austin, director de PEMEX en los primeros años del sexenio de Peña Nieto. Las acusaciones de corrupción en su contra son impactantes, aun para un gobierno para el que la corrupción fue “cultural”.

Los monopolios estatales no son sinónimo de interés público ni de interés nacional. Pueden serlo en algunos casos. En otros lo contradicen. Plantearlos como si fueran lo mismo es regresar al México de los años setenta. Quienes conocen esa época del país, por experiencia propia o por haberla estudiado, saben que fue desastrosa. Pero en más de un sentido el gobierno actual ha mostrado que quiere regresar a esos tiempos.

Energías limpias y de bajo costo son bienes públicos importantes. Mejorarán nuestra calidad de vida. Permitirán un país más competitivo. Liberarán recursos públicos, subsidios, para fines más urgentes. Prácticas monopólicas, aunque se revistan de ideología, dañarán todo esto.