La imagen del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, como pieza decorativa en la forzada inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, parece simbolizar el fin de una etapa del máximo tribunal, que ya había mostrado la sumisión ante el Ejecutivo en octubre pasado, al aprobar la consulta -en realidad, una pieza demagógica- requerida por el presidente López Obrador para enjuiciar a cinco de sus antecesores. 

            Una era de transformaciones de la Corte comenzó en 1994, con la reforma impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo. Tomó al menos tres sexenios consolidar su independencia, reflejada en el nuevo rango constitucional dotado a los derechos humanos. Pero las señales de claudicación se generalizaron bajo el gobierno Peña Nieto, y ahora es poco lo que queda.

            Ningún protocolo requería que la simulación del inicio de operaciones en Santa Lucía incluyera la presencia de Zaldívar -que había desdeñado, una semana antes, la ceremonia por el aniversario de la Constitución. El proyecto del nuevo aeropuerto encaró impugnaciones dentro del propio Poder Judicial de la Federación (PJF), de donde pudo salir bien librado tras una historia de acoso contra jueces que impulsaron sentencias en contra.

            Al cierre del año pasado, el Congreso aprobó una amplia reforma (siete artículos constitucionales y cinco leyes secundarias) al PJF presentada por Zaldívar a espaldas de sus pares. Lo hizo en Palacio Nacional. Los expertos debieron acudir al Senado para matizar algunas de las aberraciones de la iniciativa, avalada por la firma presidencial. 

            El ministro presidente ofreció que la Corte cobraría mayor estatura. Pero reportes disponibles revelan que ese tribunal ha resuelto casi únicamente controversias estatales y locales (cerca del 80% del total durante 2020). En contraste, aprovechando su autoridad discrecional, tiene bloqueados una decena de grandes temas, entre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, como lo evidencia el reciente libro “Los pendientes de la Corte”, coordinado por María Amparo Casar y Saúl López Noriega.

            El pasado día 4, el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside Zaldívar, lanzó una apresurada convocatoria para cubrir cerca de 130 plazas de magistrados. Algunas están vacantes desde hace tiempo, otras se derivarán de la reforma arriba mencionada, que hasta donde se conoce no ha sido avalada por los estados ni ha generado la consecuente legislación secundaria.

El propósito expreso de la reforma fue combatir al nepotismo. Ahora todo indica que esas plazas serán asignadas a amigos y aliados de los ministros y los integrantes del Consejo. Así lo alertó el pasado día 6, un artículo en estas páginas, bajo la firma de Hugo Concha y Juan Jesús Garza. 

              Versiones extendidas indican que el manso ingreso del ministro Arturo Zaldívar al gabinete ampliado presidencial podría buscar paliar los indicios de que el poderoso consejero jurídico durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, podría ser enjuiciado tras denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con recursos de origen presuntamente ilícito. Compañero de tertulias, Castillejos fue uno de los cabilderos que un ajustado número de ministros hicieran presidente a Zaldívar en enero de 2019. 

            Apuntes: Pese a que la agenda de las “mañaneras” siguió siendo dictada desde la habitación en donde convalecía el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, debe sentirse satisfecha por haber llevado hasta ese espacio temas como los feminicidios, el aborto y la aprobación de la mariguana, antes eludidos. También desdeñó, en forma elegante, a los paleros a sueldo disfrazados de periodistas. Viento fresco, aunque fugaz. (rockroberto@gmail.com).

Artículo de María Amparo Casar y Saúl López Noriega

https://www.nexos.com.mx/?p=49085

Artículo de Concha sobre convocatoria

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hugo-concha-cantu/concurso-vip-para-magistrados