Llegó 2021 y llegó intenso, apenas habían pasado 7 días de este año nuevo cuando el Presidente López Obrador ocupó los reflectores de la mañanera para declarle la guerra a sus nuevos “adversarios”, nada menos y nada más que a los órganos reguladores autónomos, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aseguró que presentaría una reforma administrativa para que pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía, argumentando que salen muy caros y que su gobierno es austero. Sí su gobierno el que destina inversiones millonarias mediante adjudicaciones directas a estadios de beisbol en pleno pico de pandemia.

Pero bueno, regresando al tema, ¿se trata de una locura más? ¿De una ocurrencia más? Me atrevo a asegurar que no, que esta vez la cosa va seria porque practicamente en todas sus conferencias matutinas ha asegurado que no habrá marcha atrás para concentrar las funciones de los órganos autónomos en dependencias como la Secretaria de la Función Pública o incluso la Cámara de Diputados, pasandose por el arco del triunfo la división de poderes y designando unilaterlmente una nueva función al poder legislativo.

Pero más allá de las aseveraciones incendiarias y fuera de lógica, se encuentra lo que realmente debería preocuparnos a todos. ¿Qué pasaría si llegará a desaparecer el INAI? Los organos autónomos cumplen una función como contrapesos del poder frente a posibles arbitrariedades de las instituciones y los servidores públicos. ¿Cómo tendríamos pruebas de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, Odebrecht y la Casa Blanca si no hubiera habido respuesta a las solicitudes de información pública realizadas ante el INAI?.

Pero además como acertada y valientemente aseguró la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, no se trata solo de defender a la institución, sino a los derechos que éste tutela, los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información, razones suficientes para  emprender una defensa para garantizar su existencia y autonomía. La defensa a favor del INAI es una defensa a favor de los derechos humanos también.

Lo cierto es que no se trata de un tema menor, el Presidente habló de delegar las funciones del INAI a la Secretaria de la Función Pública, lo cual representaría un retroceso para la democracia y las conquistas ciudadanas, y no lo digo solo porque esta Secretaria esté encabezada por una incondicional del actual régimen, por Irma Eréndira Sandoval, quien en su haber, también carga escándalos de corrupción y una manipulación de su patrimonio que hasta hoy sigue siendo inexplicable, sino  porque también eliminar organismos autónomos y depositar sus funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Centralizada significa hacerlos jueces y parte, permitir que concentren y ejerzan el poder de forma arbitraria y en beneficio de su superior jerárquico, obstaculicen ejercicios de transparencia, acceso a la información pública y más grave aún, tengan en sus manos la protección de datos personales.

Dice el Presidente que esta reforma es justificada en aras de la supuesta austeridad de su gobierno, lo cierto es que justo durante este gobierno, las practicas de opacidad han continuado, 2019 fue el año en el que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la oficina de la Presidencia de la República con un total de 513. Las solicitudes incrementaron un 817% comparadas con el año inmediato anterior. De igual forma incrementaron las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos. Además la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para responder las solicitudes de información en 389 ocasiones. Entonces ese cuento de que los órganos salen muy caros, más bien parece un recurso bastante conveniente para ocultar información, evadir trasparentar gastos y evitar dar explicaciones sobre las opaces decisiones que el gobierno de la 4T ha tomado.

¿La Secretaría de la Función Pública facilitaría la información sobre los más de 189 mil millones de pesos de dinero público entregados a particulares mediante adjudicaciones directas sin pasar por licitaciones? ¿O transparentaria el dinero invertido en estadios de beisbol que benefician a Pío López Obrador, hermano del Presidente? Por supuesto que no.

Por eso es imporante hacer un llamado a las y los ciudadanos, a que por el bien de la democracia, salgamos en defensa del INAI. Si se trata de reducir gastos, revisemos los presupuestos, pero desaparecerlo es atentar contra nuestra democracia y contra nuestros derechos a la libre expresión y a la información.

Marisol Calva

@Marisol_Calva