Es prudente definir primero el objetivo esencial de la estrategia de esa transformación, se pretende lograr que la nueva sociedad mexicana resuelva sus necesidades de crecimiento económico en su ritmo y, además, en la forma en que se distribuye el logro del crecimiento de la economía, una situación de mayor equidad; se pretende al mismo tiempo conseguir que la situación de la seguridad pública garantice la tranquilidad de los ciudadanos mexicanos y de sus familias, se quiere conseguir que los grupos de la delincuencia organizada sean minimizados y que sus acciones sean severamente castigadas para conseguir cero impunidad de las acciones delictivas, se quiere conseguir construir un aparato de gobierno honesto eficiente y eficaz en la solución de los grandes retos de la actividad de gobierno, se pretende conseguir una organización de nuestro país de acuerdo al sistema republicano federal y profundamente democrático. Ahora se pretende lograr lo mencionado en un panorama enmarcado por la impactante situación de la pandemia que apenas se está logrando controlar.

En grandes líneas esos son los elementos de la gran transformación que representa la línea de propósitos de la cuarta transformación, el gran objetivo del gobierno progresista del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia consiste en definir las medidas, las políticas que hagan corresponder los recursos con que cuenta el gobierno y sociedad de México para hacer viable la transformación de México y su consolidación como país que consigue una senda para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Lo mencionado se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 en los términos siguientes:

- Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país.

- Recuperar el estado de derecho. Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población

- Separar el poder político del poder económico. Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia entre equipos de gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa.

- Cambio de paradigma en seguridad. El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. Con la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos:

1- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

2- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

3- Pleno respeto a los derechos humanos

4- Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad

5- Reformular el combate a las drogas.

6- Emprender la construcción de la paz.

7- Recuperación y dignificación de las cárceles

8- Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz

9- Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional.

10- Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia.

11- Actualizar el catálogo y clasificación de Instalaciones Estratégicas.

12- Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior    de México.

13- Promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado por el gobierno para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.

14- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia.

15- Construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.

16- Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas.

17- Establecer la Guardia Nacional

18-  Coordinaciones nacionales, estatales y regionales.

Al inicio del gobierno de la 4T se definieron las grandes líneas de la estrategia de desarrollo,   pero es bueno resaltar que lo definido por el senado por iniciativa del gobierno progresista no tomaba en cuenta, lo que por alguna razón se tuvo que aceptar en la transición de no realizar un proceso de entrega recepción del gobierno riguroso, supongo que la entrega recepción se dio como un proceso muy laxo para evitar resistencias indeseables, aun no se tenía el poder para enfrentarlas, y lo que más adelante fue confirmando que lo que se entregaba como realidad del país distaba mucho de lo que el discurso oficial del gobierno, de los gobiernos  Neoliberales, para conocerlo fue necesario realizar un análisis más profundo de la realidad mexicana, para lograrlo era necesario contar con las facultades para acceder a la información y contar con el equipo de análisis necesario. Había que desmantelar las redes de carácter legal e institucional que las cubrían y que aún hoy sigue intentando disimular. Se debe también considerar que, para consolidar la estrategia de desarrollo de México, la aplicación de medidas correctivas ha generado nuevos elementos y que la consolidación de la estrategia requiere de afinarse. Además, se debe considerar que en el 2019 se presentó algo inesperado: el desarrollo de la epidemia de Cobid-19 que se convirtió en una pandemia que ha puesto en entredicho la posibilidad de mantener las características del desarrollo mundial anterior, estamos enfrentando una situación de crisis mundial y por supuesto nacional.

 Ante lo anterior, es pertinente comprender la necesidad de haber realizado muchos ajustes a lo planteado de modo original. Se tuvo que asimilar lo que los gobiernos neoliberales heredaron al gobierno Progresista del Presidente Andrés Manuel López Obrador las consecuencias de haber allanado la privatización de la industria energética del País, principalmente se atacó a PEMEX y la CFE, en el primer caso al realizar operaciones que se traducen en canalizar recursos hacia empresas privadas, tal es la operación ejecutada con la empresa Brasileña ODEBRECH con el convenio que genera la creación de Etileno 21, a cambio de ello los miembros de las redes delincuenciales que se asentaron en el gobierno de los sexenios neoliberales obtuvieron propinas muy significativas en donde se apunta los 10 millones de dólares entregados a Emilio Lozoya para financiar parte de la campaña del entonces candidato a la presidencia de la república EPN, agregado a ello se acordó con el gobierno del Presidente Felipe Calderón la fundación de etileno 21, bajo circunstancias que permitieron generar recursos para apoyar al candidato del PRI a la presidencia para conseguir impunidad y, al mismo tiempo, quedar como beneficiario del contrato leonino que se aceptó en favor de la citada empresa, el descuento de treinta por ciento para etileno 21 oculta la presencia de participaciones de funcionarios importantes de ese gobierno como socios de la empresa en cuestión.

Se fomentó la participación subsidiada de empresas privadas en la generación y venta de energía eléctrica, se alentó y toleró a que los integrantes de la delincuencia organizada, vinculados también a poderosos funcionarios integrantes de las redes delincuenciales, se consolidaran como negociantes del robo de hidrocarburos de las instalaciones de la petrolera mexicana, sobra citar cuántos funcionarios federales de esos gobiernos se involucraron en el negocio del robo de los ductos de PEMEX. También hubo notorias acciones de gobiernos de los estados que se vieron envueltos en hechos que los vinculan a la tolerancia al robo a la petrolera nacional y hasta actos de asociación con las bandas que se asentaron en ese negocio.

Con los casos más recientes de Genaro García y del General Salvador Cien Fuegos, ―el primero preso en EU, el segundo sujeto a investigación en México, ambos acusados de participación en operaciones de tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero―, queda claro el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los más altos niveles de los gobiernos Neoliberales.

En un país con los problemas de mala distribución de los ingresos de la riqueza y con bajo nivel para impartir justicia el gobierno progresista tiene que aplicar su esencialmente correcta estrategia de pacificación y de solución a los grandes problemas del país, por si fuera poco, a lo complejo de la situación se vino a sumar la implacable pandemia con sus consecuencias en la salud de los mexicanos y en los efectos negativos para sus ya de por si insuficientes niveles de vida. Por la presencia de la epidemia del Corona virus, convertida en pandemia universal Covid -19 el gobierno de la 4t decidió integrar un equipo de científicos para enfrentar el problema de la pandemia, y es así que en la secretaría de salud del gobierno federal se comisionó al frente del equipo de científicos al Doctor López Gatell. El gobierno ha enfrentado ese mal con las medidas diseñadas por ellos y con una muy intensa información sobre los problemas y los resultados que se han obtenido, es de hacer notar que a la complejidad del combate a dicho problema de salud se sumaron las resistencias a cooperar de algunos integrantes del sector salud que tenían y tienen compromisos con el sistema de salud dominado por los intereses de los negociantes de la salud del pueblo mexicano, los que mantenían al sistema de salud mexicano en condiciones bastante comprometidas. A pesar de lo mencionado se ha logrado contener el avance que parecía implacable de la epidemia, cierto que aún resta buen trecho por recorrer, pero se ha podido contener su acelerado avance.   

Así, en la situación perfilada por los elementos esenciales planteados es que se debe valorar la aplicación de la estrategia del gobierno de la 4T y ponderar los resultados hasta ahora obtenidos.

Es pertinente tomar en cuenta cómo se está viviendo un proceso intenso del combate a la corrupción transparentando los ilícitos y deteniendo su comisión y avanzando en el logro de cancelar la impunidad, entonces además de denunciar y pedir a la autoridad competente se juzgue a los que han cometido ilícitos desde la administración pública o vinculado con ella, se ha iniciado el proceso de acercarlos a la justicia, y esos sectores han respondido con resistencia hasta generando violencia. Aunque algunos han optado por cooperar con el gobierno para generar una nueva dinámica de saneamiento moral ético y político, por estar presentándose ese proceso es normal que por momentos parezca que la estrategia ha generado un mayor intensidad en los actos de resistencia violenta pero ha venido sucediendo que los actores más activos en la violencia han optado por buscar métodos para realizar sus actividades delictivas, más dentro de los hechos clandestinos, siguen delinquiendo pero ya procuran hacerlo con menos roces.

 En lo que respecta  a superar la pandemia el sector salud ha mejorado los tratamientos de los padecimientos generados por la epidemia y ya se anuncia la posibilidad de una vacuna, respecto a la reactivación económica tendrá mayor posibilidad si se logra tener una situación estable en los problemas de salud de todos los mexicanos, se normalizaran las actividades productivas, se reactivaran las dinámicas relacionadas con la educación, la cultura y en general todas las actividades de la vida de la sociedad mexicana, claro se debe entender que la normalidad recuperada será una nueva normalidad producto de todo lo que hemos tenido que padecer, pero aun así México tendrá que seguir consolidando su transformación progresista, promovida por la 4T, que ya tiene considerables buenos resultados.