El jueves 19 de noviembre fui invitado por el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala (INAP) a dar la conferencia titulada “Los retos  actuales de  la administración pública, una perspectiva desde la política y la sociología”. Tenía conocimiento de que un día antes, en una sesión acelerada y de madrugada, la mayoría oficialista en el Congreso de dicho país había aprobado al vapor un presupuesto público verdaderamente ultrajante. Esto,  por las concesiones a la corrupción y al despilfarro que mostró. El resultado de ello fue una explosión de ira popular que se observó dos días después  de la actividad a la que fui invitado. El presupuesto de egresos 2021 aprobado por el poder legislativo guatemalteco es una muestra de la descomposición del poder público.

En un país con 50% de niños con desnutrición crónica, los diputados guatemaltecos eliminaron  200 millones de quetzales (1 dólar=7.79 quetzales)  destinados a combatir el hambre  y destinaron la misma cantidad de dinero a la construcción de un nuevo edificio para el poder legislativo. Se recetaron un aumento de 500 mil quetzales para  sus alimentos (¡!!) y 4 millones más para comprarse autos. Destinaron el 10% del presupuesto de 99,700 millones de quetzales al corrupto Ministerio de Construcción, Infraestructura y Vivienda cuando es sabido que buena parte de las constructoras que contrata están relacionadas con los diputados venales. Aumentó el monto de dinero al seguro escolar privado y al Centro de Gobierno, instancia dirigida por el alegado compañero sentimental del presidente Giammattei. Redujo en plena pandemia  750 millones de quetzales el presupuesto para hospitales y centros de salud y disminuyó el monto destinado al Poder Judicial, Universidad y a la Procuraduría de Derechos Humanos.

El caso guatemalteco ilustra los retos de la gestión pública en muchos países latinoamericanos en un momento en que enfrenta tres flagelos: la voracidad empresarial desatada por el neoliberalismo, la corrupción en los sectores público y privado, y el crimen organizado. Así las cosas, el esfuerzo inicial y fundamental es la separación del poder político con respecto al poder económico. Se necesita en palabras de Gramsci, un Estado con espíritu estatal y no con espíritu económico-corporativo. Un segundo desafío es la corrupción expresada en la delincuencia de cuello blanco o delito económico organizado. Un tercer reto es el combate a la penetración del crimen organizado en el Estado. Un cuarto elemento es el combate al despilfarro que generan los privilegios de la alta burocracia estatal (austeridad republicana). Un quinto combate es por una administración municipal sana en tanto que el poder local es un escenario privilegiado del crimen organizado. Una sexta tarea es la eficiencia y agilidad administrativa lograda al desterrar la farragosa tramitología, la corrupción como acelerador de diligencias. Finalmente y como consecuencia de todo lo anterior, la séptima empresa será la eficiencia en la recaudación y el combate a la evasión fiscal. La recaudación eficiente de impuestos y el combate a su evasión  será más posible si la ciudadanía advierte que está regida por un gobierno honesto y transparente.

Resulta alentador que en diversos países se esté expresando la rebelión ciudadana  contra el uso patrimonial, corrupto y delincuencial del Estado. Lo sucedido recientemente en Perú y en Guatemala como lo sucedido en México en 2018, revela que cada vez más la ciudadanía esta diciendo no.