El Instituto Promotor del Bien Común (IPBC) de la UPAEP acaba de publicar el Informe de Desempeño Legislativo, correspondiente al segundo año de la actual LX Legislatura del Congreso del Estado. Con ello hace un aporte importante nuestra vida política e institucional.

Es claro que cuando alguien sabe que está siendo observado y evaluado cambia algunas conductas. No es lo mismo actuar en lo oscurito que a la luz pública. Este es el cuarto informe de la UPAEP sobre el desempeño del congreso local, que continúa un esfuerzo iniciado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Sin duda en algo han cambiado estos informes la actitud de los diputados. Es claro en los datos sobre asistencia a las sesiones y participación en las mismas: son razonablemente buenos, o muy buenos.

La actividad de una organización particular como el IPBC recuerda al concepto de gobernanza, o más precisamente, al sentido que adquirió a fines del siglo pasado.

Sobre todo en Europa, ante los problemas públicos que se presentaban, surgió la pregunta de si los gobiernos tenían la capacidad para enfrentarlos. “¿Pueden los gobiernos gobernar?” fue la pregunta que planteó entre nosotros Luis F. Aguilar Villanueva.

La respuesta es clara: no, si gobiernan solos. Requieren del apoyo de la sociedad.

En la transparencia y en la rendición de cuentas, que es el caso que nos ocupa. No siempre son los propios gobiernos los que dan lugar a esos bienes públicos. A veces la división de poderes no es suficiente para que estos rindan cuentas. Se requiere de la participación de la sociedad organizada.

Una sociedad organizada que reúne datos, que los estructura y analiza, que hace públicos sus análisis, es indispensable en las sociedades modernas para que el gobierno funcione, para que el interés público tenga alguna vigencia.

Por supuesto que el Informe que nos presentó la UPAEP el pasado 17 de noviembre es discutible, como todo asunto público. La cuestión no es esa, la cuestión es que este tipo de actividades elevan el nivel de la discusión.

Quizá el siguiente paso sería, sin dejar lo cuantitativo, profundizar en lo cualitativo. Recuperar la estructura del análisis del CEEY, que consideraba tres funciones del poder legislativo: la elaboración de leyes, el control del poder ejecutivo y la representación de demandas sociales concretas.

Si todos los organismos públicos y gubernamentales tuvieran este tipo de análisis, sin duda otro sería el carácter de nuestra vida pública.