Desde la jefatura del Gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López instrumentó la política represiva de ignorar nuestras peticiones y protestas por la desatención a nuestros reclamos, buscando por esa vía desanimar a nuestros grupos y liquidar al Movimiento Antorchista de entre los grupos marginados de la capital del país.

Como presidente de la República amplió su política liquidacionista, al pregonar por todo el país la idea de que dejaría de atender a las organizaciones que se hayan “enriquecido” manejando los programas sociales de gobiernos anteriores en forma inescrupulosa, “que se quedaban con moches”. Entre las organizaciones que mencionaba en primer término, está “la antorcha mundial”, para desprestigiar de esa manera a nuestro auténtico, legítimo y honrado trabajo organizativo, y tratando de ridiculizar el nombre del Movimiento Antorchista Nacional.

Como por esa vía consiguió resultados muy contrarios a sus propósitos, manifiestos en las cada vez más numerosas protestas públicas donde nos atacaba, ordenó a su cancerbero de la UIF, Santiago Nieto Castillo (previa campaña de desprestigio fundada en acusaciones no probadas, tales como “enriquecimiento ilícito” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”) que procediera al congelamiento de las cuentas bancarias que amparan las operaciones de gasolineras propiedad de la organización. Para hacer creer a la opinión pública de que se encontraba ante un acto de aplicación de verdadera justicia, se atrevió a afirmar, sin presentar los movimientos bancarios que demostraran sus dichos, que en las cuentas había “depósitos de más de 800 millones de pesos” y “transferencias de recursos a la república Checa”. Estamos esperando que nos demuestre sus afirmaciones y la consignación de esta acusación, para demostrar ante autoridad competente, de manera precisa y con pruebas irrefutables, nuestra inocencia; y, al mismo tiempo, dejar clara la razón que nos asiste cuando afirmamos que el manejo que de la ley hace Santiago Nieto Castillo es un garrote político para reprimir a la disidencia.

Con el claro propósito de conculcar nuestro derecho a la legítima defensa, de manera coordinada se han implementado por parte de gobiernos estatales, denuncias penales para recluir en  los ceresos estatales a dirigentes antorchistas. Tal es caso de la detención de Ignacio Cruz Tobón en Coahuila y de órdenes de aprehensión en contra de Rosario Sánchez en Puebla. Vivimos una real y auténtica represión política.

Dos sucesos graves, vienen a demostrar hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno morenista, en sus propósitos represivos y liquidacionistas en contra del Movimiento Antorchista Nacional.

Primero. En Santo Domingo Yosoñama, del estado de Oaxaca, fueron emboscados cuatro compañeros antorchistas, resultando del ataque tres muertos y un herido que se debate entre la vida y la muerte. A pesar del aviso oportuno que se hizo al gobierno del estado, de los rumores que corrían entre la población sobre el posible atentado, y de haber solicitado la instalación de una base de la Guardia Nacional en prevención de posibles hechos delictivos, nuestras peticiones cayeron en oídos sordos, con las consecuencias conocidas por todos. Es necesario aclarar que, aunque el gobierno de Oaxaca formalmente no es morenista, en los hechos coincide con los propósitos y objetivos del gobierno morenista, y se une de muy buena gana a la política represiva en contra de Antorcha, por su indiferencia ante denuncias tan graves hechas oportunamente y por su tozuda negativa a atender y resolver las demandas sentidas de la gente. A río revuelto, ganancia de pescadores, refrán que encuentra su aplicación más exacta en la actitud del gobierno oaxaqueño.

Segundo. En el estado de Veracruz fueron secuestrados cuatro compañeros antorchistas: el Lic. Juan Martínez Santos, el contador Lázaro Jiménez Rojas, el profesor Antonio González Covarrubias y el compañero Leonel Ángel de la Cruz. Este hecho fue precedido de centenares de llamadas telefónicas efectuadas a distintos integrantes de los grupos antorchistas, en las cuales se les amenazaba con acciones violentas contra dirigentes y miembros del antorchismo veracruzano si continuaban protestando y exigiendo solución a peticiones planteadas con anterioridad. El clima enrarecido que precedió al secuestro, no deja lugar a dudas de que los únicos interesados en que sus amenazas se materializaran, eran quienes habían realizado las llamadas, que no es otro que el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez. Por si hicieran faltas pruebas para fundamentar mi aseveración, las declaraciones del Secretario de Gobierno y de la Fiscal del Estado, acusando de traficantes de cigarrillos a los compañeros, demuestra la prisa que para quitarse toda culpa, tenía el gobierno del estado. En dos días descubrieron la red, encontraron a los culpables y los secuestraron para impartir justicia. ¿Qué pruebas aportaron de sus dichos? ¡Ninguna! Acusar sin probar es la pandemia que azota al gobierno Morenista, que amenaza con acabar la vida democrática del país.

En su revista “Desde la Fe”, la Iglesia católica, afirma: “La polarización social fácilmente activada desde ámbitos públicos y alimentada por la carencia de diálogo, y la descalificación del otro, son fórmula para más situaciones de violencia y encono”. Ésa es la política de Morena y hacia allá nos conduce. Detenerla con nuestro voto es nuestro deber si queremos preservar un México en paz y progresando.