Reflexiones sobre la pacificación de México

  • José Pascual Urbano Carreto
Se debería optar por la regulación por parte del estado para desarticular

Si el propósito es pacificar a nuestro país, considero prudente realizar un recuento de los componentes esenciales de tal problemática: en primer lugar debe tomarse en cuenta que lo que viene aconteciendo en México se vincula al fenómeno de la pobreza, la marginación y las trabas que se presentan para superar esa situación y los estados de ánimo que generan en los ciudadanos de la república; otro aspecto que acerca a los mexicanos a una predisposición a la violencia es lo relacionado con la situación de la educación, que no es una vía para la superación de los problemas de la mayoría de los mexicanos, del mismo modo se debe considerar que la situación del desarrollo económico genera altos índices de desocupación o de empleos marginales con remuneraciones muy bajas, que no alcanzan para solventar los gastos para sostener dignamente a una familia.

Todo ello, se puede catalogar como una situación que aproxima a los mexicanos de todas las edades a ser material utilizable por las bandas organizadas para delinquir. En el plano de los componentes de la problemática tenemos en México a las bandas del crimen organizado que se pueden catalogar como profesionales, que cuentan con poderosas características organizativas y a la delincuencia que podemos conceptualizar como ordinaria, menos poderosa pero también con cierta organización. Especialmente la primera categoría delincuencial y su presentación mixta, Ordinaria y Profesional, se desarrolló porque recibió un fuerte impulso y se les dejó fortalecerse y hasta se les fomentó durante los gobiernos partidarios de considerar al mercado como la guía de las acciones del estado.   

Lo que se debe dejar muy claro es que el triunfo de AMLO, la opción progresista de la política en México, por su contundencia y legitimidad indiscutible significa un cambio de las prioridades en la toma de decisiones por parte del estado y de su órgano ejecutivo, el Gobierno de la república, en esas circunstancias y a partir de ellas se inicia un nuevo sistema de prioridades, es a partir de ese triunfo que lo prioritario es el interés de la nación y enseguida de acuerdo con criterios de productividad y efectividad, ética y moral, los intereses de los distintos colectivos corporativos, de carácter social y políticos. Esto es lo que se debe considerar como un referente obligado  

 En el evento para recordar el 80 aniversario de la fundación de El Colegio de México –bajo los auspicios de Lázaro Cárdenas–, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la existencia de una institución importantísima”, destacando sus aportes a la revisión de la historia nacional, las políticas exterior y democrática y las ciencias sociales.

En este contexto sugirió revertir el rezago en el análisis de la corrupción, principal problema nacional: creo que es el tiempo de la moralización de México, necesitamos moralizar al país. A veces no gusta, porque se considera mística o religiosa, la expresión de purificar la vida pública.

En ese mismo evento Silvia Elena Giourguli, presidenta de El Colegio de México, señaló al Presidente que, para el desarrollo de la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento, las universidades y centros públicos de investigación requieren contar con financiamiento necesario y “herramientas para la planeación con una visión de largo plazo.

Somos una comunidad abierta al diálogo y al intercambio de ideas, señaló tras reafirmar el compromiso de participar desde nuestras especificidades y modos particulares de enseñanza a la transformación de este país.

 Para el caso de la educación en donde se tiene que hacer correcciones para no permitir actos ilícitos es fundamental lo que ha prometido el gobierno de la 4T: que los integrantes de los programas de investigación y las instituciones de educación pública no tendrán merma en los recursos que ya se tienen destinados para tal efecto, más bien la acción de corrección se orienta a evitar la continuación de los desvíos de recursos y a evitar se continúe con el sostenimiento de lo que se denomina los aviadores llamados también comisionados. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia Periódico La Jornada, viernes 9 de octubre de 2020, p. 5)

En relación a los problemas mencionados, respecto al combate a las actividades del Narcotráfico se tienen que resaltar elementos asociados a la problemática aludida así diremos que:

Es prudente mencionar que por la forma en que se abordó el problema, hoy tenemos muestras evidentes de que con el criterio de la máxima ganancia derivada de las indicaciones del mercado funcionarios de alto nivel en los sexenios del periodo neoliberal fueron cooptados por las redes de la delincuencia organizada, y que en este periodo dos funcionarios de alto nivel de los gobiernos presididos por el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto, están siendo juzgados en EU, por estar involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico, se trata de los casos de Genaro García Luna y del general  Salvador Cienfuegos.

En ambos casos se puede detectar que son funcionarios que por las competencias de sus cargos tienen una situación privilegiada para tener contacto con los líderes de las redes delincuenciales y, por supuesto, como la estrategia de combate al narcotráfico es prohibicionista, el contacto se establece en condiciones de discrecionalidad de manera oculta e ilegal, en  el espacio de ese mercado Ilegal, en éste las bandas de narcotraficantes abordan a los funcionarios y logran cooptarlos para que cooperen con ellos y cuando los funcionarios se dejan seducir por las altas ganancias (el mercado y sus indicadores) se integran y hasta puede que formen parte de la dirección de dichas bandas. Supongo que tal puede ser el caso de los personajes mencionados. 

Si la estrategia de combate a las actividades ilícitas de los Narcos siguiera en la línea prohibicionista, lo que se puede seguir obteniendo como resultado algo similar a lo que ilustro enseguida:   

En sólo nueve meses, el grupo aumenta su control en al menos seis alcaldías; desmantelamiento de otros cárteles le abrió el paso, aseguran expertos

La expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México fue exponencial, pues en sólo nueve meses, de noviembre 2019 (cuando se identificaron dos células en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc) a julio de este año, el grupo tiene ya una presencia importante en por lo menos seis demarcaciones, según corporaciones locales.

El análisis que realizó en noviembre de 2019 la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad (PGJ-CDMX) y la Policía de Investigación (PDI), en el que se identificaron las principales zonas de operación de grupos delictivos, se destaca que, por ejemplo, La Unión Tepito tenía fuerte presencia en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde se dedicaba al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, la invasión de predios y la trata.

Cuando La U o La UVA, célula ligada directamente a Roberto Mollado Esparza “El Betito”, se instaló en la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, la Anti-Unión o La Rosa Nueva, de Sergio Flores Concha “El Tortas”, tenía presencia sólo en la Cuauhtémoc, mientras que Los Rodolfos tomaban fuerza en Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco.

 A su vez, el Cártel de Tláhuac veía mermada sus actividades en Tláhuac, Milpa Alta y algunas zonas de Iztapalapa.

En 2019 se identificaron células del CJNG en Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en cambio, luego de la desarticulación de otros grupos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detenciones que aumentaron una vez que Omar García Harfuch tomó el mando de la policía, subió la presencia del cártel.

El reporte expone que las células se han identificado en la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa e Iztapalapa, y que reforzó su presencia en la Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

“El problema es el mismo en todo el país: de manera voluntaria o involuntaria, las mismas policías le abren paso al grupo preponderante, que en este caso son los de Jalisco.

En la estrategia para combatir la violencia relacionada con la producción distribución y el consumo de las drogas, se tiene que plantear el propósito de convertir esas actividades en objeto de negocios ordinarios y, para ello, se deberá evitar fomentar la creación y funcionamiento del mercado negro de esas substancias, en pocas palabras se debería optar por la regulación por parte del estado para evitar el funcionamiento del mercado negro (en manos de Particulares, la iniciativa privada delincuencial) en donde se dan las espectaculares ganancias y de las luchas sangrientas por el control de los territorios que son claves para el funcionamiento de esas actividades, se debe convertir la producción distribución de las drogas en   un negocio como el de la producción de las bebidas alcohólicas o el tabaco.( que también son drogas) 

En la actividad relacionada con la producción, distribución y consumo de Alcohol y Tabaco no hay guerras para controlar el mercado y si existe un control institucional de dichas actividades.

Como el asunto es de carácter internacional sería bueno que se realizara en el seno de una instancia internacional un encuentro para discutir las formas de su regulación Mundial y las formas que ello adquiriría en cada uno de los países que aceptara participar, para qué, insisto, el negocio de esas actividades sean reguladas y así evitar que se traduzcan en hechos de violencia creciente por existir en ellos ganancias abundantes, fantásticas, aunque llenas de violencia y derramamiento de sangre, para los miembros de las bandas de delincuentes pero también de gente inocente. 

Se trata de evitar esta problemática, pero al mismo tiempo reconocer que no se puede borrar que existen necesidades de los ciudadanos que se deben satisfacer en las mejores condiciones de calidad y de accesibilidad. Por ello, lejos de optar por la vía prohibitiva, se debería optar por la regulación de la citada actividad en su aspecto de producción, distribución y el consumo.

 Bajo esa situación se tendría que trabajar en el desmantelamiento de las redes delincuenciales relacionadas con las drogas. Allí sí se tendría que operar sin tolerancia ante las bandas profesionales que se dedican al tráfico de drogas. Para desde allí fortalecer al sistema de producción legal de las drogas para uso medicinal y para uso lúdico. 

Con la estrategia que tiene como propósito lo expresado anteriormente y, con la consecuente creación de una instancia de control de las actividades relacionadas con las drogas, se aseguraría que al desmantelar los carteles de la droga y substituirlos por empresas controladas legalmente se evitaría que alguno de los carteles se fortaleciera como consecuencia del combate a los más fuertes de los existentes, lo que se fortalecería con el combate al narcotráfico sería el control del estado sobre la citada actividad y seguro que se tendería a disminuir significativamente los hechos de violencia en nuestro país.

 En lo que corresponde a las actividades delincuenciales como el secuestro, la extorsión, asaltos, robo a casa habitación y otros se debería actuar coordinando a las diversas instancias de las fuerzas de seguridad, y recurrir a la organización ciudadana apoyada en las fuerzas de seguridad y coordinada con las organizaciones de la sociedad civil. Dejando claro que el derecho ciudadano a la seguridad solo es viable si se asume por los ciudadanos la obligación de cooperar para terminar con las actividades delictivas de las bandas de la delincuencia organizada.  

Respecto a los demás problemas del crecimiento económico, ―de la marginación de la desocupación y de la pobreza― que en el periodo de la pandemia se ha agudizado, parece que ya tenemos señales que anuncian la superación de los problemas generados por la pandemia: mejores sistemas de tratamiento de la enfermedad, fortalecimiento del sistema de salud mexicano y del casi inminente logro del diseño y producción de una vacuna.

 En esa circunstancia es que se ha comenzado a aplicar un proceso de establecimiento de condiciones para lograr lo que se ha llamado como nueva normalidad. Con ello se ha iniciado la reactivación económica acompañada de un acelerado reactivamiento de los niveles de producción industrial de servicios y por tanto el aumento significativo de los niveles de empleo; aún estamos lejos de lograr un crecimiento acelerado, pero todo indica que se puede conseguir al menos recuperar los niveles de actividad anteriores y que con los programas del gobierno progresista se podrá enfrentar los más agudos problemas generados por la pandemia que trajo consigo el distanciamiento social y la paralización de las actividades consideradas temporalmente no esenciales.

 En el tema de la educación se puede destacar el razonamiento expresado por la presidenta del Colmex.

En pocas palabras en mi humilde opinión es viable que, aún en circunstancias difíciles, hemos logrado mantener la posibilidad de una recuperación razonablemente rápida. En relación al control de lo que son los componentes más importantes de lo que genera violencia es pertinente resaltar que se ha avanzado, aunque aún es insuficiente, se requiere moralizar a los órganos autónomos e independientes y lograr que el sistema judicial acepte la necesidad de orientarse por una decidida limpia de las acciones ilícitas para favorecer a los que detentan el poder económico o político, se requiere conseguir mejorar las condiciones en que operan nuestros equipos de seguridad y lograr que los aparatos policiacos de todos los órdenes de gobierno se encuentren saneados y se logre un mejor nivel de retribución, así como se dotó de equipamiento necesario para poder neutralizar a los grupos de la delincuencia organizada, se debe procurar que entre las fuerzas del orden se establezca una coordinación para cumplir con los propósitos que les dan razón de ser. Para lograr mayor efectividad de sus actuaciones en el combate de los actos delictivos sería prudente estudiar la posibilidad de las competencias circunstanciales, es decir que independientemente del tipo de delito que se esté cometiendo si hay fuerzas del orden en la cercanía puedan actuar y solo se obligarían a que en cuanto se presente la fuerza del orden competente se haga entrega de la responsabilidad a esas autoridades policiacas o militares, así los delincuentes no tendrán ventaja frente a las fuerzas del orden.

 También es fundamental lograr erradicar la presencia de la impunidad como lo fundamental que puede permitir erradicar parte de la violencia, se debe castigar a los autores materiales de los ilícitos, pero es prudente perseguir a los que pueden constituirse en los autores intelectuales de los ilícitos, por eso es bueno investigar a quienes venden protección a las bandas criminales; trátese de exfuncionarios de alto rango, exsecretarios de estado y porque no, hasta de expresidentes. Siempre y cuando hubiese indicios de que han participado en algún tipo de ilícitos. Por ello me parece atinado que se consulte a la ciudadanía sobre si es pertinente investigar o no a los expresidentes.

 Para asegurar que personas con tanto poder, al dejar el cargo no lo utilicen para operar en favor de acciones ilícitas que comprometen el futuro de nuestra nación, se debe accionar la estrategia que se ha repetido hasta el cansancio que no pretende apagar el fuego con violencia, más bien se intenta conseguir un compromiso de cambio de conducta de los que han sido favorecidos por el poder económico y político para encauzarlos en el rumbo del compromiso, con las acciones que permitan superar los problemas de pobreza y marginación y tender así a posibilitar una notoria disminución del ambiente que genera situaciones de violencia intensa. 

Esperemos que la prudencia de los desplazados del poder entiendan que, para poder volver a mandar tendrán que demostrar respeto a la voluntad de los mexicanos expresado en las urnas y que, en consecuencia, se comporten como una oposición constructiva que rompe con las malas prácticas voraces y se suma al cambio dejando claro que aspiran a ser nuevamente una opción de gobierno confiable, es decir deberán reconquistar la confianza de los mexicanos para que sus proyectos y propuestas se admitan como viables para superar los problemas de México.

Opinion para Interiores: 

Anteriores

José Pascual Urbano Carreto

Licenciado en Economía (BUAP) con estudios de Maestría y Doctorado en Economía (UNAM). Diplomado en Comercio Exterior (UDLAP). Docente en la BUAP. Secretario de Relaciones Exteriores del STAUAP y secretario General del SUNTUAP. Coordinador Administrativo del HU (BUAP). Miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.