Acaso la frase que sintetice buena parte de los esfuerzos del Gobierno de la 4T en relación a las indagatorias sobre lo acontecido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa sea la que expresó Alejandro Encinas: “La única verdad sobre Ayotzinapa es que no hay verdad histórica”. La enunció en el evento realizado en el Palacio Nacional el pasado sábado 26 de septiembre en el evento conmemorativo del sexto aniversario de la infamia ocurrida en Iguala.

En efecto, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene dos grandes retos para poder cumplir con uno de los cien compromisos que expresó aquel 1 de diciembre de 2018 en su memorable discurso de la victoria en el zócalo de la ciudad de México. Como lo expresó Francisco Cox, vocero del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los dos grandes desafíos del gobierno mexicano son desmontar  el velo de falsedades que tejió el gobierno anterior a través de romper “los pactos de silencio” y por otra parte encontrar el paradero de los estudiantes desaparecidos. Cox destacó que la red criminal involucrada en la desaparición de los normalistas incluía a autoridades federales y valoró el cambio sustancial en la manera en que ahora se investiga el caso. Sobre todo en lo que se refiere al desmantelamiento del relato que construyó el Ejecutivo y la extinta Procuraduría General de la República  a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y tergiversación de la verdad.

En la misma línea de razonamiento Alejandro Gertz Manero,  Fiscal General de la Republica,  denunció en su discurso lo acontecido en el sexenio anterior. Gertz expresó que el gobierno de Peña Nieto se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado en una actuación que involucró “desde la cúspide del poder  hasta los operadores más elementales”. Todos ellos encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias para lograr impunidad para los verdaderos involucrados en el crimen.  Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, fue parte de esta conspiración de encubrimiento al orquestar un engaño mediático masivo y patrocinar procesos judiciales cuyo propósito era hacerlos fracasar. Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (ahora prófugo de la justicia) también articuló ese encubrimiento al fraguar junto a la agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla, la “verdad histórica” de que los 43 muchachos habrían sido llevados al basurero del municipio de Cocula, asesinados e incinerados y luego sus restos triturados, metidos en bolsas y arrojados al río que corre por el lugar. Según la FGR, Zerón habría recibido por ese trabajo sucio la astronómica cantidad de mil millones de pesos.

El gobierno de López Obrador ha actuado de manera diametralmente distinta. Está empeñado en que no haya impunidad, no busca construir a modo una “verdad histórica” sino llegar hasta el fondo de lo acontecido por más doloroso que sea lo que se descubra. La Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA) ha puesto a disposición de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y del Ministerio Público a todos los elementos del Batallón 27 y 35 de infantería señalados como involucrados en los hechos. En un hecho inédito, la SEDENA ha brindado toda la información que se le ha requerido, ha permitido que los padres y las madres de los muchachos entren a las instalaciones del Batallón 27 para realizar una inspección, se han girado 70 órdenes de aprehensión a partir de pruebas valoradas por jueces contra policías municipales, policías federales, militares, funcionarios y ex funcionarios de la extinta PGR, integrantes de la delincuencia organizada, en suma contra los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los jóvenes. En su discurso  del 26 de septiembre en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que la justicia haría pagar a todos los que se les probara participación alguna en la infamia ocurrida en Iguala.

No obstante queda pendiente la tarea fundamental: encontrar a los muchachos desaparecidos. No hay prueba alguna de que ellos sigan con vida, pero tampoco hay pruebas de que estén muertos.  De la gran cantidad de restos óseos encontrados en todos los lugares excavados para saber lo sucedido,  solamente en dos casos las pruebas de ADN han arrojado resultados concluyentes. El discurso en el Palacio Nacional  de las madres de uno de los desaparecidos, designada para ser  la voz de los familiares, reconoció en Andrés Manuel a alguien  “más ser humano que los anteriores (presidentes)”. Pero con franqueza le expresó que esperaban llegar al sexto aniversario con algo más. Ese algo más es encontrarlos con vida o al menos saber cuál fue su destino.