Distintas leyes orgánicas de los poderes legislativos estatales, coinciden en 4 funciones esenciales que un Diputado debe realizar, las cuales son control y contrapeso para vigilar los otros dos poderes (ejecutivo y judicial), legislativa que considera presentar, modificar y aprobar leyes, político – administrativa que consiste en ratificar nombramientos dentro de la administración pública estatal, y por último y en caso de requerirse, cuentan con la facultad de iniciar juicios políticos a representantes de los otros dos poderes.

Los Diputados además de tener la obligación de modificar, actualizar o hacer nuevas leyes para regular la vida pública de nuestro Estado y País según sea su representatividad, adicionalmente, durante los recesos del congreso deben visitar su distrito para gestionar y promover actividades en beneficio de sus habitantes.

Desafortunadamente, no todos los Legisladores realizan las actividades antes mencionadas, en especial quienes llegaron a su curul de manera sorpresiva en las pasadas elecciones, donde se dio  el fenómeno del voto “6 de 6”.

El problema de ello, es lo que señala el Informe Legislativo 2020 del IMCO, respecto al presupuesto de los Congresos Locales, en el que señala que nuestro Congreso Poblano forma parte de los 22 Congresos Estatales que aumentaron su presupuesto para el presente año (tal como se muestra en la tabla adjunta elaborada por el propio centro de investigación IMCO), sin embargo su productividad no ha atendido las necesidades urgentes de los ciudadanos, pues hay 768 iniciativas pendientes para ser aprobadas o rechazadas, así como las propuestas de campaña del bloque Juntos Haremos Historia, incluso en sus distritos hay habitantes que a la fecha no saben ni tienen a quien acudir para alguna gestión.

Por lo anterior, queda claro que los integrantes del bloque Juntos Haremos Historia, no solo no cumplen con sus actividades si no tampoco con sus promesas reiterativas de campaña respecto a ser autoridades austeras, cercanas al pueblo y que defiendan los intereses de la gente.

Por todo esto, se debieran impulsar métodos de asignación de recursos en función de sus resultados para quienes ocupan éstos espacios de representación popular, pues su primer acto de honestidad es tener claro cuáles son sus obligaciones y cómo las van a cumplir, de tal forma que sepan que el presupuesto que les será asignado estará en función del trabajo que puedan realizar en beneficio siempre de los ciudadanos; las necesidades actuales exigen funcionarios de más acciones y menos palabras.

Twitter: @IrvinGarciaRami