Siempre me ha parecido indigno y hasta repugnante el papel de sicofantes que juegan la mayoría de columnistas, reporteros y analistas de la prensa nacional, especialmente la poblana, por órdenes del gobernante en turno, ocultando actos de gobierno que atentan contra la paz, desarrollo y bienestar de la nación y, en casos extremos, embelleciéndolos o exagerándolos según sea el caso, para cumplir con más eficacia su papel de embaucadores o delatores profesionales, prostituyendo así el honroso papel de informadores de la verdad. 

Sin el mínimo decoro, no reparan en suscribir las más horrendas calumnias, usar datos falsos para sustentar sus mentiras, inventarle historias truculentas al desprestigiado en turno, y dar la mayor amplitud posible a la falsedad para convertir lo blanco en negro o viceversa. No entra dentro de sus principios éticos, ni por asomo, la escrupulosidad necesaria para imponerse la idea de la honradez en el desempeño de su función; no les preocupa el papel que en los hechos juegan como “criminales de la pluma” por su falta de objetividad y honradez contra individuos, organizaciones e instituciones. No hay interés profesional para investigar a profundidad cualquier suceso, y se toma la cómoda actitud de aceptar como cierto lo que afirman otros periodistas que padecen igual enfermedad, y a repetir lo que les ordenan decir, previa paga. El único remedio a todo lo anterior, es que la dignidad, la honradez y objetividad, campeen en los terrenos del periodismo. 

No creo estar equivocado en mi exigencia, si comparamos dos hechos que son del conocimiento público y que, como noticias, reflejan el papel tan grave que juega el periodismo de a tanto la línea.

Primera. Es escandaloso el truculento manejo que sobre el “congelamiento de las cuentas bancarias de algunos líderes antorchistas ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera”. Se les acusa de manejar cientos de millones de pesos sin que la Unidad, ni el Gobernador, ni nadie, hayan presentado una mínima prueba de su dicho. No ha habido ningún periodista que haya investigado a fondo las acusaciones tan graves que contra el Movimiento Antorchista se manejan. 

Entonces, ¿por qué se da como cierta una mentira?, ¿por qué no se exigen pruebas a los acusadores?, ¿por qué se acepta que Santiago Nieto y Miguel Barbosa se arroguen el papel de policías, de agentes del Ministerio y de Jueces, funciones que la prensa convalida al aceptar como ciertas las calumnias que lanzan? La prensa, con esa actitud, se torna aliada de los que intentan apoderarse del país por la vía de liquidar a sus adversarios.

Segunda.- La prensa oculta a la ciudadanía poblana hechos tan graves, como el que altos funcionarios del gobierno barbosista desempeñen cargos públicos, a pesar de tener antecedentes penales. Esto, que parece intrascendente, no lo es, pues algunos de los últimos hechos vividos por la ciudadanía, tienen su origen en las oficinas de esos funcionarios. 

La invasión a la Casa de la Cultura de Balcones del Sur en la capital poblana, ordenada por Barbosa, la implementó diligentemente Raciel López Salazar, ex-Fiscal General del Estado de Chiapas durante más de 10 años, cargo que abandonó “en medio de señalamientos de corrupción, persecución y presuntas ligas de protección con la mafia de trata de personas”. De ahí surgió la idea de enviar al ejército a terminar la tarea que la policía de Raciel no pudo completar. 

Yasir Vázquez Hernández, “ex-presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, acusado de desvío de recursos”, ocupa la Subsecretaría de Transporte, desde donde se implementa, por órdenes de Barbosa, la política represiva contra taxistas, grúas, mototaxis y otros, a pesar de tener órdenes de aprehensión según la causa penal l53/2015. 

Florencio Madariaga Granados, “ministro sin cartera, despacha en el edificio ejecutivo del CIS, donde se ubica el bunker de Florencio y Raciel, el poderoso dueto chiapaneco”. “Florencio estuvo preso en Madrid un año y siete meses; estuvo preso en Chiapas dos años”, y hoy Barbosa le ha dado el encargo de “armar e integrar las carpetas de investigación contra Fernando Manzanilla, Jorge Benito Cruz Bermudez, Juan Celis y Soraya Córdova, y es quien ordena al fiscal del estado, Gilberto Higuera, lo que debe hacer”. 

Son dos noticias: la primera tratada ampliamente como verdadera, a pesar de ser absolutamente falsa, misma que ha sido refutada con pruebas al canto, amplia y oportunamente, por la oficina de prensa antorchista. La segunda, que es total y absolutamente cierta, no es ni siquiera mencionada por los medios, a pesar de que los funcionarios aludidos, tanto por el ambiente caciquil y de propiedad que se vive en Chiapas sobre los individuos, como por sus antecedentes delictivos, ponen en grave riesgo, al lado de Barbosa, la paz y la libertad de los poblanos.      

A la par con la conducta de la prensa está la actitud de la clase política poblana. Me parece denigrante el silencio que guarda, ante los graves acontecimientos que está viviendo nuestro estado, tales como: la reforma política, la reforma educativa, la invasión policiaca y militar a un bastión antorchista, la amenaza que pesa sobre la libertad de dirigentes antorchistas, los cuatro mil muertos por Covid-19 en el estado, y el desplazamiento que han sufrido a manos del clan chiapaneco. 

Aceptar resignadamente que bailen sobre nosotros un jarabe tapatío, sin chistar; aceptar que nos gobiernen personas que no han demostrado ninguna superioridad moral, política y social es una actitud indigna. Es postrarse ante el poderoso, es demostrar cobardía, es dejar hacer, dejar pasar, sólo para salvaguardar el interés personal, sacrificando el interés social. La clase política debe entender que una vida así no vale la pena vivirla. Podrá perderse todo, pero nunca debemos permitirnos perder el derecho a ser hombres y mujeres dignos.