Cartas a Gracia  

El ciclo escolar 2021 tendría para muchos una similitud con el viacrucis y podría terminar como tal: con más de un crucificado. Nadie más adecuado que quienes detentan la responsabilidad para que fluya la información entre las autoridades educativas federales y locales, personal directivo y docente, madres y padres de familia, niñas, niños y adolescentes, que quienes laboran como titulares de las supervisiones escolares.  

No es para menos. Directivos y docentes culpan a las y los supervisores, de todos los desaguisados que se presentan en cualquier rubro; les atribuyen el exceso de tareas que las y los maestros de grupo dejan un día sí y otro también, a las y los menores, y lo mismo por el envío de evidencias que toda la cadena de mando acumula, pero que nadie regresa revisadas. Ellas y ellos, para no quedarse atrás, culpan a Melitón y a su cadena de mando llamando “ocurrencias” a las instrucciones para que docentes de bachilleratos de escuelas públicas y privadas, se agreguen a multitudinarios grupos de trabajo formados en WhatsApp; elaboren “escaletas” que pasarán a “producción” para realizar videos y material didáctico con cargo al tiempo y al bolsillo de las y los docentes de escuelas públicas y privadas, docentes que deberán presentarse a un estudio de grabación llevando, adicionalmente, su maquillaje. Enfatizan: la SEP requiere ayuda voluntaria, pero cuando algún docente de alguna escuela privada se excusa, le señalan la obligatoriedad de la actividad y, so pretexto de estar premiando su destacada labor, los saturan con tareas adicionales a su contrato de trabajo bajo el pretexto de “ser pioneros en lo que están haciendo”, pero que lamentablemente la dependencia no tiene recursos para solventar sus honorarios. 

Las y los candidatos a ser crucificados ignoran las quejas que el personal docente externa y tampoco consideran que muchos de las y los “elegidos” por sus designios, están contratados por hora clase, ya que disponen de los tiempos ajenos y los citan a la hora que les viene en gana, incluso a deshoras de la noche y, con el garlito de ser los mejores y darles crédito en los programas de televisión que las y los docentes elaboren, estos representantes del Gran Patrón, violan sus derechos humanos y laborales. Todo sea por caravanear con sombrero ajeno, quedar bien con los directores de nivel y éstos con sus superiores o alguno de los múltiples asesores, y de ahí para arriba hasta llegar al secretario local, quien debe rendirle cuentas a su homólogo federal.  

Y aunque las y los supervisores son las autoridades extraescolares de mayor proximidad y los intermediarios entre madres, padres de familia, personal docente y directivos escolares, mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación Pública, no siempre tendrían que cargar con culpas ajenas y ser crucificados por las comunidades escolares de las instituciones a su cargo. No son pocas las ocasiones en las que deben arrastrar la desorganización administrativa propia de la burocracia dorada, misma que se comporta como si fuese la dueña de la institución; y, enfrentar las órdenes contradictorias que provienen de subsecretarios, directores generales, directores técnicos, jefes de oficina y jefes de sector, empeñados en defender sus cotos de poder y aplicar la política del sapito.  

Expertos en corregir entuertos, deben “brindar” acompañamiento a las y los directivos y docentes de las instituciones que les encomiendan para que en un tris, unos y otros “se vuelvan expertos para impartir clases en línea”; sin considerar que las y los supervisores “están en las mismas condiciones que el personal docente; sin saber a ciencia cierta qué hacer y cómo aplicar el aprendizaje situado en la nueva realidad que estamos viviendo”. Y, a pesar de la “nueva realidad”, el monto destinado a los procesos de actualización y capacitación docente previstos en el “S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente” del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, continúa con una tendencia decreciente, ignorando que el objetivo del programa citado plantea que: “se avanzará en la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, garantizando su formación integral para fortalecer el perfil para el desempeño de sus funciones”, destinando a este rubro del Ramo 11, la cantidad de 240 481 215 mdp; cifra que dividida entre un total (aproximado) de 1 200 000 docentes de educación básica, arrojaría un total de 200 pesos anuales por maestra y maestro, la menor desde que se estableció el programa.  

A pesar de los acompañamientos, las y los supervisores deben proseguir con el trabajo administrativo; llenar y solicitar una cantidad innumerable de formatos sin importar las promesas de descarga administrativa formuladas por los dos últimos encargados del despacho educativo federal y de no contar -muchas de ellas- con ATPs que les auxilien, aunque en el nivel de educación superior se excedan. Formatos que muestran la inutilidad de los sistemas informativos con los que cuenta la SEP; ya que, cumpliendo instrucciones, deben exigir a las escuelas información sobre cualquier tontería que justifique el trabajo de “los de arriba”. Las Cordes -figura administrativa que multiplica la estructura burocrática-,les solicita a los supervisores y ellos a su vez las escuelas y a pesar de la contingencia y ausencia de madres y padres de familia, cumplan con la tercera sesión del REPASE, cuyo informe “vaya con la firma del director y supervisor, o sea, el director imprime, firma, sella, escanea, lo manda a supervisión, para que los supervisores hagan lo propio (imprimir, sellar, firmar, escanear) y enviar a CORDE”.   

 Aunque el regreso a clases se sujete al semáforo verde y no funcionen las tiendas escolares, las y los supervisores deben cumplir con los protocolos y como lo mencionan: “exponiendo nuestra salud porque debemos entregar los formatos en físico […] y las instituciones se encuentren cerradas”. La burocracia obliga a las escuelas, sin importar su tipo de financiamiento, al rendimiento de cuentas sobre rubros que no aplican como el manejo de las aportaciones voluntarias que obligatoriamente realizan madres y padres de familia de escuelas públicas y, a pesar de la sapiencia de las autoridades superiores, no importa, hay que seguir atentando en contra del desarrollo sustentable y éstas son tan solo unas cuantas flores del ramillete; pero, “aún hay más”. Pobres supervisores, tan lejos del secretario y tan cerca de ser crucificados por las comunidades escolares.