En este espacio hemos comentado lo difícil que está siendo esta pandemia para quienes han perdido su empleo, para quienes han tenido que salir a trabajar porque no les queda de otra, para los adultos mayores, así como para las mujeres y los menores que sufren violencia en casa. No obstante, en los recorridos que hago por las colonias de mi distrito he podido constatar que las personas que padecen alguna discapacidad son, lamentablemente, las más vulnerables entre los vulnerables.

Si de por sí, en situaciones normales, son las que más obstáculos tienen para todo —para acceder a servicios de salud y educación, para tener un buen empleo o para tener una vida social activa en su comunidad— ahora, con la crisis de salud, las personas con alguna discapacidad son sin duda, las que más han sido discriminadas y excluidas, sobre todo, en el ámbito laboral, donde han sido las primeras en perder su empleo y seguramente, serán las que más tardarán en recuperarlo.

En México, 7.8 millones de personas presentan alguna discapacidad. Estamos hablando del equivalente a la población total de Puebla y Nayarit, juntas. Se estima que en 2 de cada 10 hogares del país vive una persona con alguna discapacidad. En nuestro estado, cerca de 360 mil personas tienen alguna discapacidad, es decir el 5.6% de la población. Se trata del sector más vulnerable desde el punto de vista de salud y acceso a la educación. En 2018 la mitad de las personas con discapacidad vivía en situación de pobreza y presentaba algún rezago educativo. El 12% no tenía acceso a servicios de salud y 28% presentaba carencias por una inadecuada alimentación.

Creo que, como sociedad y como gobierno, tenemos la responsabilidad de poner a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos de respuesta y recuperación frente a la pandemia. Y la fórmula clave para lograrlo es la inclusión laboral. Actualmente la ley ya contempla un estímulo fiscal del 25% del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario efectivamente pagado al trabajador contratado con alguna discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje. Sin embargo, considero que es insuficiente.

Es por eso que presenté en la Cámara de Diputados, una iniciativa para reformar el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objetivo de incrementar los incentivos para la contratación y capacitación de personas con discapacidad. La propuesta es muy sencilla: que a mayor número de personas contratadas con alguna discapacidad, mayor sea el porcentaje de deducción del Impuesto Sobre la Renta.

Si, por ejemplo, el personal contratado que tiene esa condición se ubica entre 1 y 5%, la empresa podrá deducir hasta 25% del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario efectivamente pagado al trabajador; si se ubica entre el 5 y 10%, se podrá deducir hasta 30%; si está entre el 10 y 15%, podrá deducir hasta 35%; pero si supera el 15%, se podrá deducir hasta 38% del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario efectivamente pagado a cada trabajador. 

Además, estoy proponiendo que quienes contraten personas con alguna discapacidad puedan deducir el 100% de los costos de los cursos de actualización y capacitación para el trabajo, de los cuales sean beneficiarias las personas contratadas con alguna discapacidad. Lo anterior promoverá que los centros educativos desarrollen programas académicos enfocados a las necesidades especiales de este sector de la población y que las personas que viven con una discapacidad tengan la posibilidad de acceder a más y mejores herramientas para desempeñarse profesionalmente.

Hace algunas semanas, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a que, durante esta pandemia, redoblemos esfuerzos para proteger a quienes tienen alguna discapacidad. Pues bien, de aprobarse esta iniciativa de reforma, contribuiremos a transitar, poco a poco, hacia una sociedad más inclusiva. 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que, si en México incluyéramos a las personas con discapacidad a la vida productiva, podríamos aumentar el Producto Interno Bruto entre un 2% y 3%. Estoy convencido de que, en esta pandemia, el mejor camino para asegurar los derechos de las personas con discapacidad es construir opciones inclusivas y solidarias.