El uso correcto de los recursos públicos es una obligación para las autoridades, sobre todo en tiempos donde las necesidades de los ciudadanos cambian conforme las emergencias, urgencias y contingencias de los problemas que los afectan directamente o al entorno en el que viven. Realizar estrategias que resulten favorables y eficientes, es un trabajo que implica la voluntad, visión y el conocimiento de los gobernantes, reflejado en la correcta planeación y ejecución del presupuesto.

Para optimizar el uso de los recursos públicos es necesario cumplir con los 6 pasos del ciclo presupuestario que son: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación, los cuales marca el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados Federal; es decir, no se trata solo de asignarlo por corazonadas de quienes dirigen una administración.

Sin embargo, existen autoridades sobre todo las municipales que invierten los recursos, principalmente del ramo 33, sin considerar estos pasos; incluso no contemplan información necesaria como pudiera ser el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, que la Secretaría del Bienestar emite de forma anual, con la intención de que el presupuesto sea ejercido de manera óptima donde más hace falta.

Con la intención de dejar al menos una obra emblemática, todo gobierno se propone la inversión en acciones que en ocasiones no son necesarias pero a su parecer dejan el sello de su administración, por ejemplo, en el caso del Gobierno Federal la construcción del “Tren maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía” han sido catalogadas como obras faraónicas, por no ser la prioridad del pueblo mexicano en estos momentos y aún así se les sigue invirtiendo recursos que hacen falta en temas realmente urgentes como la estabilidad económica.

En ese mismo contexto la Alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco se atrevió a lanzar el mes pasado su “Plan 500” que consiste en la inversión de 500 millones de pesos para la reactivación económica y social; el cual contempla inversión en obra pública, turismo, bienestar social, apoyo a comercios y servicios, incentivos fiscales y mejora regulatoria, fomento industrial, vinculación laboral y seguridad pública.

Un plan que después de dos años de mal gobierno de la Alcaldesa solo se perfila que será utilizado con fines electorales. Pues ante la evidente falta de consenso con su propio cabildo, incluidos integrantes de su misma fuerza política que es MORENA respecto a la asignación de recursos para los rubros a invertir, se consideró que el presupuesto no está siendo asignado a acciones prioritarias.

El mayor problema se ha suscitado en la inversión de 135 millones de pesos en la “recuperación del Centro Histórico”, más de una cuarta parte del total del “Plan 500”, el cual busca rehabilitar cinco parques, recuperar fachadas de cuatro barrios antiguos y una ciclovía de 4 kilómetros de la longitud, así como restituir cinco calles principales de la Zona de Monumentos, entre ellas la 5 de Mayo.

Así es como la Alcaldesa de la capital poblana, pretende iniciar el proceso para su reelección, entregando obras de relumbrón o como declaró el propio Presidente del Congreso poblano, Gabriel Biestro también emanado del partido político MORENA: son obras que no van acorde a los principios de la Cuarta Transformación, por ser de gasto millonario sin que sea de carácter prioritario.

Sumado a ello, la Iniciativa Privada poblana, encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Juan Ayala, han rechazado las obras pues se verán afectados cerca de 1500 establecimientos comerciales establecidos, además de que consideran que dichas acciones no contemplan las repercusiones que tendrán de manera económica y que de ser necesario tomarían medidas legales para que no se lleve a cabo dicha recuperación.

Si bien es cierto que las decisiones que toma la Presidenta Claudia Rivera ya no sorprenden pues su desempeño ha sido nulo o marcado por la corrupción, es necesario y urgente que los representantes de las distintas fuerzas políticas se muestren empáticos y solidarios en la construcción de consensos para la correcta orientación y ejecución del presupuesto público, pues se necesitan atender las prioridades que ha dejado la pandemia, haciendo partícipes a la mayoría de los actores en la solución de los problemas que aquejan.

Debe quedar claro que para ejercer de manera socialmente responsable el presupuesto se debe utilizar la información necesaria para delimitar acciones y zonas prioritarias a atender, sumar la participación ciudadana es un factor imprescindible para generar consensos y legitimidad en la ejecución de los recursos públicos; teniendo como resultado que la mayoría de las acciones por sí solas sean emblemáticas para los ciudadanos.

Twitter: @IrvinGarciaRami