Juan Luis Hernández*

En el Leviatán roto, el avance del estado fallido en México, podemos encontrar lo siguiente: “cuando el poder y el dinero se convierten en la única razón de ser de la política, ésta se deslegitima, pues no nació para sustentar la ambición y la codicia, sino precisamente para evitar que la ambición y la codicia generalizadas nos lleven a la guerra civil permanente”.

El dinero en efectivo circulando en millones en la política mexicana se ha convertido en una imagen que probablemente sea la síntesis del régimen del que venimos: la cleptocracia, el gobierno de los ladrones y la corrupción generalizada. En estos días vemos en el video que empezó a circular en redes sociales y terminó en la mañanera de López Obrador, fajos de billetes de 200, 500 y mil pesos haciendo una suma entre un millón y un millón y medio de pesos en una operación aparentemente regular, a juzgar por las caras de los protagonistas, para supuestamente sobornar a legisladores panistas para apoyar entusiastamente la reforma energética, en el marco del Pacto por México en el que Peña Nieto endulzó el oído de los partidos supuestamente de oposición, PAN y PRD.

Ambos partidos se alzaron en su momento, contra el autoritarismo y la corrupción del priato. Significaron para millones de mexicanos la esperanza de un cambio de régimen, ilusionaron con la alternancia, y cuando llegaron al poder, priizaron sus prácticas políticas de corrupción y autoritarismo y se sumaron a consolidar el régimen de los ladrones de dinero público. Pero también profundizaron el modelo del primer presidente civil, no militar, después de la revolución, Miguel Alemán Valdés, quien mostró que el gobierno podía ser el mejor lugar para hacer negocios, pero no cualquier negocio, sino sólo aquéllos que la ambición y la avaricia pudieran imaginar.

El dinero en efectivo en la política parece ser muy útil para fines diversos, sea para comprar votos, sostener estructuras partidistas de operación política, pagar encuestas y estudios de opinión, comprar legisladores de oposición para ciertas votaciones, subordinar líderes sociales, entre otras muchas acciones tendientes a sostener el poder y garantizar réditos mayores, de tal forma que el dinero en efectivo termine siendo realmente una mera inversión, para ganancias multimillonarias.

¿De dónde viene el dinero en efectivo? A juzgar por lo que hemos podido observar en los últimos años, los políticos y los partidos lo obtienen de las propias partidas de presupuesto público, dinero que los mexicanos otorgamos en impuestos, y que termina en una empresa fantasma para financiar operaciones políticas de cañería; otra fuente son las empresas, sobre todo las trasnacionales, quienes en su modelo de inversión tienen considerado el porcentaje destinado para sobornos a los políticos de turno; pero sobre todo, en las últimas dos décadas, el dinero en efectivo viene del crimen organizado, en muchas zonas del país, del huachicol, en una suerte de asociación políticos/narcos/huachicoleros, en donde se ordeñan recursos de la nación, se deja operar el negocio del secuestro o extorsión a ciudadanos de donde se obtienen más recursos y todo ello en una sofisticada ingeniería de procesos en las que se sostienen grupos políticos, camarillas y todo tipo de ambiciones lucrativas.

Este modelo de hacer política recibió una sanción electoral. No toda la vida pública está corrompida y crece afortunadamente una corriente de presión social para que existan mínimos éticos en la gestión pública. La circulación del video referido, al que seguramente se le sumarán otros de la misma especie, deberá suponer dos procesos en marcha para los próximos años. En primer lugar, tanto el PRI como el PAN deberán sostener entre la convicción y la conveniencia un mea culpa del régimen kakistocrático que sostuvieron. Varios de sus liderazgos emblemáticos aparecerán exhibidos y no serán una oposición alternativa a la 4T mientras sigan callados o complacientes viendo en qué momento les toca comparece en el tribunal mediático del escarnio. Es evidente que desde Palacio Nacional se han dividido los videos de la vergüenza, unos, como el que circula en estos días, para fines político electorales, otros, en manos de la Fiscalía General, para procesos jurídicos.

Pero un segundo proceso deberá ser que el Poder Judicial conozca, valore y sancione ejemplarmente la corrupción emblemática que se anuncia mediáticamente. Eso supondrá que la Fiscalía y el gobierno federal tendrán que armar, como nunca antes, casos profesionalmente documentados. Ello tendría que derivar en que los participantes en cadenas de corrupción no sólo reparen el daño al estado y a la sociedad, aplicando severamente la extinción de dominio y la incautación de cuentas bancarias, sino que debería saberse con total transparencia el origen del dinero en efectivo y deshacer la relación con empresarios corruptos y crimen organizado.

La 4T está en el papel disciplinante de los sexenios anteriores, pero mal haría si no castiga la corrupción propia y pone los suficientes límites para que no se convierta en la nueva versión kakistocrática. Hasta donde se intuye, López Obrador no es ni quiere ser el nuevo líder de los ladrones, pero eso no basta, deberá ser el artífice para que el castigo institucional e institucionalizado a la corrupción les salga tan caro y tan severo a los corruptos, que podamos hablar de que la cleptocracia podría ser un hecho del pasado. Esta coyuntura nos dirá si nos quedamos en la simulación del castigo o avanzamos para dejar de ser el país de la corrupción naturalizada.

• Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.