Para nadie es un secreto que, en las principales naciones del mundo, en las potencias o países desarrollados, el narcotráfico representa una “Razón de Estado”, e incluso, de “Seguridad Nacional”.

Algunos gobiernos se hacen de la “vista gorda” y dejan operar a las mafias (crimen organizado) porque saben bien que aportan demasiado capital -nada despreciable- a sus economías.

También porque tienen tal cantidad de adictos a las drogas que, si no se les proporciona la mortal sustancia, se les armaría una verdadera revolución, ya que el consumo se registra en todos los estratos sociales.

Una razón más, podríamos apuntar, es que esa jugosa ganancia también va directamente a las cuentas bancarias de los funcionarios públicos, legisladores, militares y demás “intermediarios” que dejan pasar, que dejan correr el trasiego de drogas.

Economías emergentes como la de México, Colombia, Bolivia o Perú, participan activamente como distribuidores de droga, como “industrias autorizadas” para producir y comercializar los productos, tanto naturales como sintéticos.

Grandes potencias como Estados Unidos, en coordinación con los gobiernos de los Estados-Nación, planean, coordinan, administran y deciden a quién dejar entrar a sus casas.

Serán uno, dos o tres cárteles de la droga, dependiendo de las sustancias y de las rutas trazadas, los que entrarán y participarán en el jugoso juego del libre mercado internacional.

Estos capos entran y salen, con todo y mercancía, como “Juan por su Casa”; tienen pistas de aterrizajes o espacios aduanales específicos por donde meten sus productos sin que nadie les haga nada. A fin de cuentas, es un juego político de libre mercado.

Así que la vieja leyenda de “policías y ladrones” debe pasar a la historia y quedar como anecdotario; puras pamplinas, dirían los viejos. Todos conocen los contubernios que existen entre crimen organizado y gobiernos. Lo demás es fantasía.

 

El lado escandaloso…

 

Lo escandaloso viene cuando los diferentes capos de la droga, empoderados a su máximo nivel, comienzan a desear “más mercado” y, por las buenas o por las malas, van a la conquista de rutas otorgadas a otros cárteles.

Comienzan a romperse los acuerdos, los pactos entre cárteles, los choques de “familias” (porque el crimen organizado es precisamente eso, “una gran familia”), donde hasta los apellidos y la sangre se mezclan. Es un asunto de alcurnia.

Y es cuando los “brazos armados” de los poderosos capos empiezan a hacer una limpia de indeseables, de codiciosos, de traidores y desleales; ahí las sociedades empiezan a sufrir el regadero de sangre y de cuerpos que van dejando los criminales a su paso.

Ante los escenarios de violencia que se gestan, los gobiernos tienen que tomar el control de inmediato, para no tener repercusiones políticas y electorales; saben quiénes se pelean, cómo se enfrentan y hasta dónde pueden llegar. Así de simple.

El juego político-electoral-financiero no puede verse dañado por las ambiciones de un grupúsculo de criminales que no sacian sus ansias de poder. Quieren más.

Es ahí cuando entran al juego, a la negociación, al cabildeo, los súper secretarios de Seguridad Pública que, en primera instancia, entran a dialogar. Si no son escuchados, llegan a aplacar a las cucarachas.

Políticamente, nada debe salirse de control; cada gobierno (panista, priista, morenista, perredista) arma su propia estrategia de combate para poner freno a los ambiciosos criminales.

Nada se hace sin el consentimiento y la experiencia de las Fuerzas Armadas, de los Consejos de Seguridad, de los Órganos de Inteligencia; por supuesto, nada se mueve si no se toma en consideración la última palabra de los aparatos antidrogas de Estados Unidos (DEA, FBI, CIA).

 

¿Un narcoestado?

 

Decir que México es un “narcoestado” por el simple hecho de que un ex secretario de Seguridad haya tenido contacto con los grupos criminales, aparte de ser una gran mentira, es una auténtica estupidez.

Es querer engañar a los bobos que se dejan, con el simple objetivo de perseguir políticamente a los adversarios políticos, sobre todo en tiempos electorales; también es querer cobrar venganza a lo tonto.

Pretender señalar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa como el responsable de tener un Estado maniatado por el crimen organizado, por el narcotráfico, es una aberración jurídica.

Hasta el abogado más inexperto sabe que nada ni nadie podrá tocar, legal o judicialmente al ex mandatario panista por “contubernio con el narco” (a través de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública).

Mucho menos podrán tocar a Enrique Peña Nieto o Luis Videgaray Caso, del PRI, por las acusaciones de corrupción y contubernio que hizo Emilio Lozoya en su contra, por el Caso Odebrecht.

Cuando en México llegue al poder hegemónico un Presidente de la República emanado, no de un partido político, sino de un poderoso cartel de la droga, ese día se podrá decir que hay un “narcoestado”. Mientras tanto, no.

Un Presidente, por ejemplo, que acepte pagar las deudas interna y externa con recurso generados por la industria criminal; que reconozca públicamente la existencia de los cárteles y que les permita comercializar sus productos con toda libertad. Eso sería un “narcoestado”.

Pero eso no se da ni en sueños; ni un organismo internacional (ONU, FMI, BID) lo permitiría; eso únicamente sucede en la loca imaginación de políticos que no saben decir más que tonterías.

Políticos que se hacen tontos y que quieren ver la cara de tontos a los ciudadanos, a los electores. México no está para comedias políticas. Los gobernantes deben dejar de insultar a México con sus “narcofantasías” y ponerse a trabajar.

 

@elmerando