Prohibiciones Electoreras sin Políticas Educativas ni Económicas

  • Alberto Jiménez Merino

Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico

Nacional Consultivo de la CNC

 

Como una cortina de humo para esconder los más de 52 mil muertos por COVID, la inseguridad pública creciente y el desplome de la economía, es como se ha visto la aprobación del Congreso de Oaxaca para prohibir la venta de bebidas azucaradas a los menores de 18 años.

El negocio de las bebidas azucaradas en México supera los 150 mil millones de pesos (mmdp) anuales, muy por encima de la recaudación de servicios de agua potable que nunca ha rebasado 20 mmdp.

Y, con la misma inercia, un senador del partido de la piel oscura, se apresta a presentar una iniciativa para prohibir la venta de alimentos chatarra a los menores. Es cierto que entre los mejores negocios del mundo está la venta de agua y azucares.

En estas propuestas no se habla de invitar a los fabricantes de estos alimentos a que modifiquen sus recetas e ingredientes para reducir posibles daños en la alimentación de la población; no se habla de impulsar políticas públicas para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los mexicanos.

No se habla de políticas que incorporen la educación alimentaria y las necesidades de las familias más pobres a los contenidos educativos, o el apoyo al fomento productivo en las comunidades a través de programas para el campo y el medio ambiente.

Se habla de la prohibición que, en el menor de los casos, provocará un mayor consumo de estos productos porque al quedar prohibidos serán más atractivos para la curiosidad.

No es prohibiendo como se concientiza y educa a la población. Se requiere mucho más y se requiere que el problema tenga una estrategia de atención que hoy no se ve, ni siquiera, la voluntad de atenderlo.

Muchos mexicanos tienen sobrepeso y obesidad: 7 de cada 10 de los mayores de 15 años y 4 de cada 10 de los menores de 15. Esto ha provocado diabetes y enfermedades como la hipertensión impactando severamente en el gasto público de salud que ya no se da abasto para atender la creciente cantidad de enfermos.

Nadie nos ha orientado sobre qué comer, cómo y cuánto comer. Aún podemos ver el uso de grandes cantidades de aceites y grasas en la elaboración de los alimentos o, combinaciones de harinas y una reducida cultura por el consumo de verduras y frutas, independientemente de la capacidad adquisitiva o disponibilidad.

Enseñar a comer, alimentarse y nutrirse es una tarea pendiente de la escuela como también lo es la enseñanza de cómo producir alimentos en pequeños espacios tales como el huerto y la granja familiar o escolar, la parcela escolar que dé las bases para impulsar huertos y granjas familiares como pilar de la formación de personas con mejores herramientas para asegurar su autoconsumo y producción comercial. El que no puede lo menos no puede lo más.

Y no solo no se incluyen estas opciones en la currícula educativa sino hasta se han visto con cierto menosprecio dentro del sector educativo y en los programas públicos de apoyo y fomento.

No hay en México una política de seguridad alimentaria.

Podríamos estar de acuerdo con las prohibiciones si estas fueran parte de una verdadera política y estrategia nacional para fortalecer la seguridad alimentaria mediante la educación formal y no formal, la prevención de la salud, el apoyo real a la producción y consumo de alimentos saludables, o el apoyo a los sectores agroalimentarios.

Muy lejos están estas propuestas prohibitivas de tener el objetivo de proteger la salud y alimentación de los mexicanos. Muy lejos de planteamientos de fondo que resuelvan el origen y las causas de los problemas.

Es la educación y la capacitación lo único que transforma a las personas, es la escuela el espejo de cada comunidad. Por ello es necesario trabajar con las más de 240 mil escuelas de nuestro país y sus cerca de 25 millones de estudiantes.

El COVID está dejando grandes pérdidas humanas y una gran afectación a la salud y a la economía.

Se tendrán impactos de carácter generacional.

Se requieren políticas públicas integrales, se necesita voluntad y conocimiento del Poder Legislativo y Ejecutivo. Y, en las circunstancias actuales, no se ve el conocimiento y menos la voluntad. Prevalece el no hay, no hay.

Estas propuestas legislativas parecen estar más encaminadas a ser cortinas de humo que oculten los grandes problemas del país y a cumplir propósitos electoreros el próximo año.

Al menos es lo que parece.

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Alberto Jiménez Merino

Ingeniero Agrónomo. Exrector de la Universidad Chapingo. Trabajó como secretario en 3 administraciones estatales. Consultor FAO. Tiene 3 Doctorados Honoris Causa y 15 libros escritos. Candidato del PRI a la gubernatura 2019.