Muchas familias poblanas están preocupadas porque no tienen para pagar las cuotas que les piden para inscribir a sus hijos a la escuela. Prácticamente en todos los niveles —preescolar, primaria, secundaria y bachillerato— les están solicitando el pago de una aportación, según esto voluntaria, definida por la asamblea de padres de familia.

En algunas escuelas esta cuota es de 300 pesos, pero hay casos en los que la aportación solicitada es de más de 2 mil pesos. Lo más grave, es que este pago es por niño, no por familia. Ello implica que, en el caso de tener dos o tres hijos, aunque vayan a la misma escuela, cada uno tiene que pagar esta cuota para poder inscribirse.

Si uno revisa los requisitos de inscripción de muchas escuelas públicas, encontrará que se pide la copia del comprobante bancario del pago de la aportación, supuestamente “voluntaria”, con nombre del alumno, grado y grupo. Y si, por alguna razón no se paga, hay cientos de testimonios de que se ejerce algún tipo de presión sobre las madres y padres de familia pidiéndoles un pago parcial y dándoles dizque facilidades para pagar el resto. Esto, en buen español, se llama “condicionar” la inscripción. 

La Constitución Mexicana establece con toda claridad, que la educación impartida por el Estado mexicano, además de obligatoria, será universal, inclusiva, publica, laica y gratuita. También, la Ley General de Educación señala que, al ser un servicio publico garantizado por el Estado, queda prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la educación que imparta el Estado; y que, para el mantenimiento y pago de servicios de las escuelas, dice la Ley, se contará con el apoyo de los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, de madres y padres de familia y demás integrantes de la comunidad.

Yo entiendo que generalmente, al inicio de cada ciclo escolar se soliciten aportaciones, donativos o cuotas para gastos extraordinarios. El problema es que casi siempre se olvida el carácter voluntario de estas ayudas. Además, ¿qué gastos extraordinarios se podrían justificar en medio de esta pandemia? Precisamente, pensando en esta problemática, desde fines de junio y principios de julio, los diputados federales que integramos la Comisión de Educación, aprobamos presentar un Punto de Acuerdo en la Cámara para exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las 32 dependencias estatales responsables de la educación, a que hicieran del conocimiento público:

Primero, que las aportaciones solicitadas al inicio del ciclo escolar son voluntarias, por lo que no se podrá condicionar la inscripción o el acceso de los educandos a los planteles, al pago de dichas cuotas. Segundo, que el uso de uniformes deberá ser optativo en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y tercero, que todas las escuelas deberán apegarse a la lista de útiles escolares dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública, evitando incluir en la lista de útiles artículos o materiales de marcas específicas.

La falta de recursos económicos nunca deberá impedir que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la escuela. Menos aún en momentos de emergencia nacional y crisis económica como los que estamos viviendo ahora. La autoridad educativa tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental de las y los mexicanos, a una educación gratuita y de calidad. 

Ahora bien; como sabemos, la Secretaría de Educación Pública acaba de anunciar que en este ciclo escolar que inicia, las clases serán impartidas a distancia y que mientras el semáforo epidemiológico no esté en verde, las y los alumnos de todos los grados, no regresarán a las aulas. La pregunta obvia es: ¿qué va a pasar con las cuotas que muchas familias ya pagaron? 

Lo más sensato sería tratar de aprovechar estos recursos para apoyar la economía de quienes se han visto más afectados por la pandemia. Por eso, el día de ayer, presenté un nuevo punto de acuerdo en la Cámara de Diputados exhortando a los 32 gobiernos de las entidades federativas a instrumentar algún mecanismo para garantizar la devolución íntegra de las cuotas o aportaciones voluntarias correspondientes al ciclo escolar 2020-2021, que hubieran realizado las madres y padres de familia a favor de los centros educativos públicos del país.

Considero que, como sociedad y como gobierno, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance no solo para que nadie en esta pandemia se vea obligado a pagar cuotas escolares, sino también para asegurarnos de que, si alguien ya lo hizo, tenga la opción de que se le reembolsen esos recursos y que puedan ser utilizados en el proceso de adaptación a la nueva modalidad de educación a distancia.