En días recientes hay un temor generalizado entre los servidores públicos que integran la Administración Pública Federal.

El oficio de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha comenzado a circular.

La instrucción es clara: los servidores públicos “voluntariamente” deben donar un porcentaje de su salario.

Cual bandeja en el templo, han comenzado a solicitar el “diezmo” derivado del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020 en el que “amablemente” se ha pedido la comprensión y apoyo para que, los trabajadores federales se ajusten el cinturón y den una parte proporcional de su salario a la Administración.

 El Acuerdo y las solicitudes a los trabajadores parecen obviar 2 cosas fundamentales que protege nuestra carta magna:

Los sueldos de los trabajadores son intocables, porque son la prestación bajo la cual fueron contratados y la Constitución, Tratados Internacionales y Leyes (federales y locales) protegen el mismo, y 

La dualidad tributaria prevista en la Ley de Ingresos de la Federación impide que el Estado reciba “dinero” de fuentes que no han sido registradas por la Cámara de Diputados y cuyo destino es la TESOFE. Sobre este punto cabe resaltar que dichos ingresos no podrán ser recibidos, pues no se encuentran fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.

Así las cosas, los trabajadores están siendo “incentivados” so pretexto de “represalias” a contribuir con los gastos del gobierno.

 Un gobierno que ha ahuyentado la inversión, puesto en jaque a las  micro, medianas y grandes empresas, que ha obviado en esta pandemia dar algún tipo de apoyo económico y que parece hoy más que nunca rebasado por las circunstancias fácticas.

 Tal parece, que “los otros datos” ya no ayudan a tapar el sol.

¿Usted estimado lector que opina ?