Los avisos llegan por todos lados, pero nadie los ve, o si los ven, no hacen caso. Vienen del más alto nivel del gobierno federal, y ni así reacciona la clase política que ahora controla el estado.

Hace cuando menos dos semanas que Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior de Puebla, comenzó a dar una serie de entrevistas a medios locales. Apenas se enteraron a nivel federal de sus movimientos mediáticos, vinieron dos publicaciones durísimas que ni él ni sus impulsores debieran minimizar.

Una de ellas, de las publicaciones, apareció en El Sol de México (22/07/20): “(…) en la Auditoría Superior de Puebla, a cargo de Francisco Romero Serrano, están muy movidos tratando de que los entes obligados contraten a auditores externos palomeados por esa institución para que revisen sus finanzas; esto a pesar de que la Ley permite a los sujetos elegir cualquier despacho de una lista previamente avalada por la ASE para realizar sus auditorías correspondientes. Dicen quienes ya recibieron la ‘recomendación’ que la promesa de la auditoría local consiste en que, de escoger a ciertos auditores afines a Romero Serrano, se puede garantizar que no tendrán problema alguno en los resultados de los ejercicios fiscales.”

La otra fue publicada en el periódico El Financiero (24/07/20): “En el estado de Puebla, por ejemplo, diversos sujetos obligados han denunciado que en la auditoría local sugieren la contratación de ciertos despachos externos bajo la promesa de que los resultados de las revisiones serán, invariablemente, favorables. Se precisa que, entre los auditores externos más recomendados por la Auditoría Superior del Estado, que lleva Francisco Romero Serrano, se encuentra Magaña Muñoz Contadores Públicos, despacho fundado hace nueve años por el contador público Mario Magaña Muñoz. También se promueven los servicios de Bibiana González Pérez, exauditora externa del municipio de Tehuacán, Puebla, ni más ni menos que la tierra del gobernador Luis Miguel Barbosa.”

Entre ambas publicaciones median dos días. Aunque el tiempo en este caso es lo de menos. Lo central es que ambos columnistas tienen la misma información: el auditor local, parafraseamos, sugiere ciertos despachos a los entes obligados, a pesar de que el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, rechaza la contratación de despachos externos.

En el gobierno federal, nos cuentan, tienen bastantes expedientes y quejas sobre prácticas nada transparentes en las que están cayendo funcionarios de los tres poderes del estado en Puebla, y del municipio también. Se trataba, dicen, de desterrar, no de normalizar la corrupción y el conflicto de interés.

Lo de la auditoría es sólo un caso, pero es también el más preocupante: resulta intolerable que caiga en tráfico de influencias quien debe garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Además, preocupa en el círculo de confianza del presidente la serie de irregularidades en las que ha caído más de una licitación que empresarios consideran amañada, a pesar de que algunas se hayan repetido.

Decíamos que los avisos vienen en cascada. Así que espere más del caso Emilio Lozoya, porque ya viene periodo electoral y al gobierno federal no piensa perder ni el Congreso ni las alcaldías de Puebla. Así que está dispuesto a que caigan dos o tres funcionarios locales de alto nivel que, por lo demás, se han puesto de pechito.

Ya le iremos contando de la purga que viene.

Al margen

En menudo lío se encuentra la alcaldesa priista de Hueytlalpan, Anayeli González Córdoba: a un año y nueve meses de que iniciara la administración municipal no le ha tomado protesta al regidor indígena Alberto Santos García y a quien por lo mismo no le han pagado el salario que le corresponde y que acumulado asciende ya a 154 mil pesos.

El martes 21 de julio el Tribunal Electoral del Estado de Puebla le dio plazo de tres días hábiles al cabildo para que convocara a sesión para revocar el nombramiento de Sergio Ramos Vázquez como regidor y se le de posesión a Santos García. Y fue a más: le pidió a la Contraloría y la Fiscalía General del Estado que investigue falsificación de firmas en actas de cabildo.

Ese plazo se venció el viernes 24 de julio. Y ¡ay!, las casualidades: ese día, justo ese día que vencía el plazo, en las redes sociales del ayuntamiento Anayeli González Córdoba informó que “como presidenta municipal es mi responsabilidad mantener informada a la población sobre cualquier acontecimiento que pudiera poner en riesgo a la población en general, por lo que hoy y de manera responsable, les doy a conocer que he dado positivo a la prueba de COVID-19.”

Tips: @IsraelV_mx e israelvelazquez@gmail.com