INE institucional

  • Víctor Reynoso

Contra algunos indicios y pronósticos, el nombramiento de los cuatro nuevos consejeros de INE fue institucional, es decir, siguió la letra y el espíritu de la ley. Es un procedimiento complejo, normado por el artículo 41 de la Constitución y sus leyes secundarias. Esa complejidad responde a la importancia del INE, que junto con otros organismos abrió una nueva etapa política para el país.

A fines del siglo pasado se dieron dos cambios paralelos pero distinguibles, que dieron fin al régimen mexicano del siglo XX. Uno fue económico, el otro político. Este último consistió en desconcentrar una serie de facultades que estaban en manos del presidente de la República.

Los presidentes mexicanos concentraron notable poder formal e informal. La transición mexicana consistió en irle poniendo a la institución presidencial balances y contrapesos legales. Alguien, haciendo alarde de agudeza, ha dicho que siempre ha habido esos contrapesos y los sigue habiendo: el contexto internacional, los empresarios, los poderes fácticos. Le faltó añadir la ley de la gravedad. Pero cuando hablamos del tema en política nos referimos a contrapesos legales, diseñados por el legislador y contenidos en las leyes.

1982 fue la apoteosis del presidencialismo mexicano. Sus excesos lo llevaron a su fin. Los dos sexenios siguientes estuvieron marcados por conflictos electorales. El primer INE, el de 1989, fue una solución parcial, pues seguía dirigido por el secretario de gobernación. El cambio definitivo se dio en 1996, cuando la dirección de la institución queda en manos de ciudadanos. Es desde entonces una institución autónoma.

El IFE-INE no llegó solo. Fue acompañado por otras instituciones que iban en el mismo sentido: restarle facultades a la presidencia, generar un sistema de balances y contrapesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autonomía real del Banco de México, y otras que llegarían con el siglo XXI van en el mismo sentido.

Teóricos de la política han considerado, con razón, que un poder dividido, un poder con balances y contrapesos, puede ser menos eficiente. La mayor eficiencia estaría en el poder total. En cierto sentido y en ciertos casos. Una guerra, por ejemplo. Pero en tiempo de paz los contrapesos pueden apoyar la eficacia y eficiencia del gobierno.

Los poderes ejecutivos en nuestro país no tienen que preocuparse actualmente por organizar elecciones. “Delegan” esa actividad en el INE. Delegan también el cuidado de los derechos humanos, la competencia económica, el acceso a la información, la generación de datos, la impartición de justicia. Lo que les quita poder, en cierto sentido, pero les permite concentrarse en otras cosas para ser más eficientes.

Ante la nostalgia de algunos por el sistema político anterior, hay que felicitar a todas las instancias responsables, destacadamente la cámara de diputados, por haber seguido un proceso institucional en el nombramiento de los nuevos consejeros del INE.

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Víctor Reynoso

El profesor universitario en la Universidad de las Américas - Puebla. Es licenciado en sociología por la UNAM y doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México.